El 90% de la población trans no tiene trabajo registrado y la mitad intentó suicidarse. Los datos surgen de la primera Encuesta sobre Vulnerabilidad de la Población Trans en la provincia, que fue realizada por el Ipec y la Subsecretaría de Diversidad Sexual, realizada entre agosto y octubre de 2019.
En ese contexto, la Legislatura provincial sancionó a fines de octubre la ley de cupo laboral trans, por la cual se promueve la inserción y estabilidad laboral de personas travestis, transexuales y transgénero. La iniciativa asigna un cupo de puestos de trabajo, en los tres poderes del Estado, del 5% sobre el total de personas que hayan registrado el cambio de su identidad. Y alienta, además, la contratación de personas de ese colectivo en el sector privado a través de convenios para pasantías.
El proyecto del diputado Carlos Del Frade (Frente Social y Popular), que toma antecedentes de otros similares ingresados por Leandro Busatto (PJ) y Silvia Augsburger (Igualdad y Participación), fue aprobado el 31 de octubre por el Senado luego de algunas modificaciones: entre ellas, se bajó el cupo del 10% al 5%.
Según cálculos de los colectivos de la diversidad y de la Subsecretaría de Políticas de Diversidad Sexual de la provincia, hay entre 1000 y 1200 personas que ya accedieron al cambio de identidad en el Registro Civil. De allí se desprende que alrededor de 50 o 60 personas podrán acceder a un puesto laboral en la órbita estatal.
La situación de exclusión histórica que atraviesa el colectivo LGBTIQ motivó la ley. La mayor parte de ese colectivo de dedica a la prostitución, en un contexto de violencia y marginación que hace que la expectativa de vida de las personas trans no supere los 45 años. Con esos argumentos, activistas de la diversidad sexual lograron, luego de más de un año de militancia, que el Senado escuche sus demandas.
