Cristina denuncia que la gestión macrista armó «grupos de tareas» en su contra

Esta mañana la Vicepresidenta de la Nación realizó una presentación judicial por la causa ante la AFIP. Advierte que fue blanco de persecución política por parte de la gestión de Cambiemos y de hostigamiento con motivo de género.

Cristina Fernández de Kirchner realizó hoy una presentación ante el Juez Federal de Río Gallegos como respuesta a la causa judicial «Fisco Nacional AFIP contra Fernández, Cristina Elisabet s/ Ejecución Fiscal». En ella, la vicepresidenta de la Nación es investigada por presunta evasión fiscal. La nota, publicada esta mañana, asegura que «Desde su llegada al poder en 2015, el gobierno de Cambiemos armó verdaderos grupos de tareas desde distintas agencias del Poder Ejecutivo Nacional (AFI, AFIP, UIF, OA, etc) que articularon una feroz e inédita persecución» en contra suya y de su familia. Otro escrito de similares características fue presentado ante la Administradora Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont.

En ese sentido, Cristina indicó que el proceso administrativo que tuvo como objeto investigar una posible situación de evasión fiscal está «viciado de errores» que limitaron su derecho a la defensa. Además, señala que “La magnitud del hostigamiento que vengo sufriendo desde hace años excede ya la cuestión exclusivamente política y permite encuadrarla como violencia perpetrada por el Estado contra una mujer que ha ejercido y ejerce actualmente las más altas magistraturas de este país»; amparándose en la Convención de Belem do Pará, que en nuestro país protege los derechos de las mujeres y tiene jerarquía constitucional. En este punto remitió por ejemplo a las indagatorias maratónicas organizadas por el Juez Bonadío.

Al finalizar la presentación, Cristina se reservó el derecho de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violación de los derechos consagrados en la mencionada convención.

“Para los que todavía no creen en la existencia del Lawfare, cuyo objetivo es la destrucción de opositores políticos mediante la utilización ilegal de procedimientos judiciales y administrativos por parte de funcionarios públicos y de sectores del poder judicial, en perfecta coordinación con los medios de comunicación hegemónicos”, apuntó la Vicepresidenta en sus redes sociales, al momento de hacer pública la presentación judicial.

La causa

Cristina Fernández de Kirchner fue acusada de evasión fiscal en 2017; a días de haber sido electa como Senadora Nacional por la provincia de Buenos Aires, por requerimiento de la Fiscalía Federal de Río Gallegos en el marco de la causa n° 9958 caratulada “Averiguación presunta infracción Ley 24.769”, y se tramitó bajo los Sumarios números S/431/018/2018 y S/431/021/2018 del registro de AFIP”. Por dicha causa, la Vicepresidenta está hoy intimada al pago total ocho millones de pesos, en concepto de capital, intereses y multas.

“Puntualmente se le ordenó al Organismo recaudador que inicie un procedimiento de verificación y determinación de oficio contra mi persona, lo cual viola expresamente las normas reglamentarias de AFIP que establecen los criterios de selección de contribuyentes a ser fiscalizados. Se trató de un evidente direccionamiento hacia esta contribuyente, con el inocultable objetivo de realizarle un ajuste impositivo bajo cualquier circunstancia”, argumentó la ex presidenta en el descargo presentado esta mañana.

“La Orden de Intervención librada en el caso jamás fue notificada a esta parte pese a que tiene la apariencia de una cédula de notificación, estando por tanto viciando de nulidad absoluta por incumplimiento de la ley el procedimiento administrativo que culminó con la emisión de las boletas de deuda que aquí se ejecutan, con grave afectación de los derechos y garantías de esta contribuyente”, señaló. Es decir: que la denunciada nunca fue debidamente notificada del proceso del que estaba siendo parte.

“Estas irregularidades se verifican a lo largo de todo el expediente administrativo y todas ellas evidencian un claro propósito: que esta parte nunca haya podido tomar conocimiento de la existencia del proceso determinativo de deuda, que no se haya podido defender, que no haya podido aportar pruebas y descargos y que no haya podido finalmente recurrir ante el Tribunal Fiscal de la Nación”, enfatizó.

«Lo que comenzó con la irregular orden de verificar y fiscalizar de manera secreta a esta parte por parte de la Fiscalía Federal, continuó con el incumplimiento por parte de los funcionarios de AFIP de notificar el inicio de la inspección y determinar deuda sin ninguna participación de esta contribuyente, y culminó con la falta de notificación de los actos administrativos de determinación de deuda y multas», relata la ex mandataria. «Actuaron así, como un verdadero grupo de tareas que trabajaba en la clandestinidad. Algo no sólo ilegal, sino inédito en cuanto a procedimientos de la AFIP», subrayó.

La declaración de bienes no fue tramitada ante la Regional Comodoro Rivadavia de la AFIP, como hubiera correspondido, sino que trasladaron a las autoridades y personal de la Regional Neuquén, a cargo de Norman Williams, funcionario que recibía órdenes del legendario Jaime Mecikovsky, denunciado por realizar espionaje dentro de la AFIP y traficar información para la Diputada de Cambiemos Elisa Carrió.

Gravedad institucional

Cristina Fernández hace hincapié en la vulneración del derecho a la defensa, del principio de igualdad ante la ley y de los atropellos que enmarca en situaciones de violencia por su condición de mujer. En este sentido, apunta expresamente a la gestión de Cambiemos y resalta la gravedad institucional que revisten estas irregularidades en un proceso iniciado contra una opositora política.

«La decisión, desde lo más alto del Estado Nacional, de llevar adelante desde los distintos órganos del Estado –en este caso la AFIP- de una persecución feroz y depredadora sin límite alguno, desemboca en situaciones como las anteriormente descriptas: a una persona con embargos multimillonarios, que no guardan ninguna proporción con nada y que sólo son funcionales a los titulares de los diarios, inhibida además en sus bienes y desapoderada de la administración de los mismos, ese mismo Estado le pide que pague sumas ilegalmente y clandestinamente determinadas. No sólo ridículo, sino sencillamente escandaloso», cuestionó Cristina Fernández en su presentación.

«En casi todas estas causas el Poder Ejecutivo de la Nación se constituyó como parte querellante a través de la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF). Asimismo, desde el Banco Central de la República Argentina (BCRA) se llevaron a cabo reuniones con distintas áreas técnicas para que estas acciones de hostigamiento también alcanzaran a mis familiares más directos», puntualizó.

«También es de destacar que desde el Ministerio de Seguridad se filtraron vistas fotográficas e imágenes de procedimientos judiciales que debían haber sido estrictamente reservados, siempre con el propósito de ocasionar perjuicios. En esa misma línea, se dieron a publicidad conversaciones telefónicas obtenidas ya sea de manera clandestina o en el marco de procesos judiciales en los que no tenía ni tengo relación alguna, siendo procesalmente irrelevante el tenor de las conversaciones que fueron ilícitamente registradas y luego divulgadas», recordó.

 

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