Silvia Suppo y su compañero Jorge Destéfani. Fueron militantes políticos y víctimas del terrorismo de Estado. Él murió de cáncer en 2009.

La investigación sobre el móvil del crimen de la militante rafaelina no presenta avances.

Pasaron 10 años de la mañana en que mataron a Silvia Suppo y la justicia Federal aún no dio con los autores intelectuales del crimen. La causa que investiga el móvil del asesinato, a cargo del juez Marcelo Bailaque, no avanza. Al momento de ser asesinada, Suppo era una activa denunciante y testigo en juicios por delitos de lesa humanidad cometidos en las ciudades de Rafaela y Santa Fe durante la última dictadura cívico-militar. Sus denuncias apuntaban, en especial, a policías y expolicías de la provincia.

“A diez años seguimos exigiendo que se investigue el móvil político y se condene a todos los responsables. Y seguimos recordándola como una mujer valiente que no se quedó callada”, dijo Marina Destéfani, hija de Suppo. “Espero que la Justicia esté a la altura y pueda alguna vez explicarle a los nietos de Silvia qué pasó con ella. Mientras tanto, seguimos en las calles.”

Junto a la familia, organizaciones sociales y de derechos humanos exigen justicia. Nora Cortiñas, referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, sostuvo: “Queremos saber la verdad, queremos que se castigue a los culpables. Los mismos servicios, el mismo aparato la venía persiguiendo. Y algo pasó ahí que no encuentran a los responsables. Pero no hay que bajar los brazos. Hay que seguir exigiendo verdad y justicia por Silvia Suppo. No hay que parar hasta encontrar a los verdaderos responsables. La familia no está sola, todo el pueblo quiere que termine la impunidad para estos graves delitos que pasaron en la Argentina.”

Cuatro años antes del asesinato de Suppo, en ciudad de La Plata, había desaparecido Julio López -también víctima y testigo del terrorismo de Estado-, tras haber dado testimonio en el juicio que condenó a prisión perpetua al expolicía Miguel Etchecolatz por delitos de lesa humanidad. Rubén López, hijo de Julio, cuestiona el accionar de jueces y fiscales en este tipo de casos. “A 10 años del asesinato de Silvia uno siempre piensa lo mismo. Pasa el tiempo y no hay una investigación seria”, dijo. “En estas cuestiones uno nunca entiende si es porque los jueces y fiscales no quieren investigar, porque no los dejan o porque en el fondo están encubriendo. Lamentablemente tengo que pensarlo y decirlo de esta manera, porque en el caso de mi viejo pienso lo mismo.”

Continuidades

Suppo fue asesinada a plena luz del día, la mañana del 29 de marzo de 2010 en su comercio de Rafaela. Cinco años después, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe condenó a Rodrigo Sosa y Rodolfo Cóceres, dos jóvenes que lavaban autos en el microcentro, a prisión perpetua por considerar que la habían matado tras robarle dinero y elementos del local. Sin embargo, tanto la familia de Suppo como la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, ambas querellantes en ese juicio, insistieron en que los jóvenes no habían actuado solos. Y denunciaron numerosas irregularidades cometidas durante las primeras horas posteriores al asesinato por parte de la policía y la Justicia local. Señalaron tanto a agentes de la Unidad Regional V de Policía, que en ese momento estaba conducida por Juan José Mondino, como al juez rafaelino Alejandro Mognaschi y la entonces fiscal Cristina Fortunato.

“Es un crimen que tuvo una organización compleja. Dentro de eso, hubo una destrucción de evidencias en el momento inicial de la investigación, lo cual fue un severo obstáculo”, dijo Guillermo Munné, abogado de la familia. “Que la causa no avance se relaciona con complicidades desde lugares de poder en ámbitos policiales, como hemos denunciado, y también con la pasividad y falta de acciones en el Poder Judicial”, afirmó.

Carlos del Frade, legislador provincial por el Frente Social y Popular, también advirtió sobre tramas de poder detrás del asesinato de Silvia Suppo. “Detrás de cada asesino y torturador hubo un titiritero, un delincuente de guante blanco vinculado a un poder económico que del ‘76 hasta acá, con distintas figuras, se mantiene”, afirmó. “Creo que en el caso de Silvia Suppo había intereses que se fueron reciclando tanto en Rafaela como en Santa Fe que hacían necesario que ella no esté presente, por eso la terminan matando. Y por eso termina siendo juzgada la ‘mano de obra’, los delincuentes ‘de mano sucia’, pero quedan impunes los delincuentes de guante blanco, volviendo a mostrar cómo nuestra justicia siempre es clasista y protege a los sectores que manejan todo esto”.

Del Frade también advirtió sobre el rol de la Policía. “Los sótanos de la democracia que mencionó el presidente Alberto Fernández en su discurso de asunción tienen su correlato en las provincias. Así como a nivel nacional fueron los servicios de inteligencia, en las provincias siempre fue la policía. Si no nos sacamos de encima esos nichos de corrupción que usan el arma pública y el manejo y la presencia en la calle al servicio de intereses privados, difícilmente tengamos una democracia completa y seguridad”.

El legado de Silvia

Silvia Suppo fue una de las impulsoras de la causa Hattemer o Megacusa Rafaela, por la que, en 2018, la Justicia Federal de Santa Fe condenó a cuatro ex policías por delitos de lesa humanidad cometidos contra cinco jóvenes rafaelinos entre 1977 y 1980. Una de las víctimas de esa causa era ella, a quien los represores habían detenido en forma ilegal, la torturaron, la violaron, la dejaron embarazada y la obligaron a abortar. El testimonio de Silvia contribuyó, en especial, a que se visibilizaran y condenaran los delitos cometidos con violencia de género como parte del plan sistemático del terrorismo de Estado.

En Rafaela, tras su asesinato, nació el Espacio Verdad y Justicia por Silvia Suppo. Desde sus comienzos han participado jóvenes de organizaciones sociales, partidos políticos y centros de estudiantes. Junto con otros grupos, generan acciones y actividades no sólo para pedir justicia por Silvia, sino para continuar su lucha por visibilizar los crímenes contra los derechos humanos cometidos en Rafaela en el pasado y en la actualidad.

En este sentido, Guillermo Munné destacó: “A diez años, continúa con toda la fuerza la inspiración de la tarea de Silvia, de su compromiso desde tan joven y a lo largo de su vida. Su trabajo por los otros y por una sociedad más justa, a favor de la justicia y contra la impunidad del atroz segundo genocidio de la Argentina”. Y agregó: “Frente al crimen que se hizo para acallarla, esa tarea de Silvia fue determinante para que pueda ser continuada, multiplicándose en el compromiso de tantas personas que mantienen viva su memoria y alimentan sus valores. Y especialmente, la tarea que llevan adelante sus hijos, representando la querella de Silvia en los procesos judiciales. Es intachable todo el aporte que vienen haciendo y lo que aprendimos de ellos”.

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