Organizaciones feministas de 15 países latinoamericanos reclaman a los gobiernos de la región que declaren al aborto como servicio esencial durante la pandemia de coronavirus.
La Campaña 28 de Septiembre por la Despenalización y Legalización del Aborto en Latinoamérica y el Caribe, insta a los gobiernos latinoamericanos a declarar como servicio esencial el acceso a prácticas de aborto seguro en el marco de la pandemia de Covid 19.
El propósito es que "se declare al aborto, la anticoncepción y todo servicio relativo a la salud sexual y reproductiva como esencial durante la pandemia de coronavirus, servicios que no pueden ser postergados ni restringidos; pues las vidas de las mujeres y personas con capacidad de gestar también importan".
El reclamo se hizo público a través de un comunicado que suma adhesiones de organizaciones feministas de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay.
En nuestro país sumaron sus adhesiones más de 40 organizaciones, entre las cuales destacan la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), el Conicet y la Universidad Nacional de Buenos Aires.
La Campaña 28 de Septiembre por la Despenalización y Legalización del Aborto en Latinoamérica y el Caribe es una articulación regional que brega por el pleno acceso a los derechos sexuales y reproductivos en los países de la región. Actualmente, la coordinación de esta Campaña, que lleva 30 años de existencia, está a cargo de Argentina.
Organizaciones Latinoamericanas y el Caribe exigimos a los gobiernos de la región: ¡declararen el aborto servicio esencial durante la pandemia! ✊🏾💚💜
Lee la declaración sumá tu adhesión 👉 https://t.co/O1wFH8GMAy
💚🔥#AbortoServicioEsencial #AbortoLegalYa@ippf @CLADEM @RSMLAC— 28S Aborto Legal LAC (@lac_28) April 25, 2020
En Argentina, el Ministerio de Salud de la Nación informó, a través de distintos medios de comunicación, que la interrupción legal del embarazo y la provisión de métodos anticonceptivos son servicios esenciales en el marco de la pandemia.
Asimismo, la provincia de Santa Fe elaboró una circular del Ministerio de Salud en la cual establece que las siguientes prácticas son esenciales: anticoncepción, controles de embarazo normal y de riesgo, interrupción legal de la gestación, acompañamiento de personas en situación de violencia sexual y/o violencia de género, prevención y tratamiento de infecciones de transmisión sexual (ITS), medicación y atención de consultas de urgencia en población trans y diagnóstico, tratamiento y consultas de urgencia de cáncer ginecológico. Es decir, que los equipos sanitarios deben garantizar la continuidad en la atención de estos servicios.
El comunicado completo de la Campaña 28 de Septiembre
"Frente a la emergencia sanitaria global a causa del COVID-19, se presentan serios desafíos para los sistemas de salud en una de las regiones del mundo más desigual -en razón de clase, de etnia, de género, edad- y con altos índices de violencia. Dentro de estos desafíos, es imperioso que se declare al aborto, la anticoncepción y todo servicio relativo a la salud sexual y reproductiva como esencial durante la pandemia de coronavirus, servicios que no pueden ser postergados ni restringidos; pues las vidas de las mujeres y personas con capacidad de gestar también importan.
"Si bien nuestra región se caracteriza por leyes restrictivas y políticas públicas deficientes para el reconocimiento y la garantía de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, esto se agudiza ante la actual situación de emergencia sanitaria, porque muchos gobiernos no los consideran servicios prioritarios.
"Las mujeres, las adolescentes y sobre todo las niñas, enfrentan mayores restricciones para acceder a los servicios esenciales de salud sexual y salud reproductiva, especialmente a la atención oportuna del aborto, atención postaborto y anticoncepción de emergencia. Lo cual afecta con mayor crudeza a aquellas que pertenecen a sectores marginados y excluidos, que viven con discapacidad, en condiciones precarias de acceso a la vivienda, la sanidad, la educación, el empleo; en zonas alejadas de las grandes urbes; migrantes, indocumentadas, desplazadas o que viven en zonas de conflicto armado; en riesgo o que son sobrevivientes de distintos tipos de violencia, así como las niñas que son forzadas a ser madres. Estas restricciones crean riesgos innecesarios de exposición al COVID-19 para mujeres, niñas y sus familias, así como para las personas proveedoras de atención médica.
"Nos preocupa seriamente la falta de medidas gubernamentales para garantizar el acceso seguro y oportuno a servicios, insumos e información esenciales, relativas a la salud sexual y reproductiva durante la pandemia. Mientras se trabaja desde los gobiernos para abordar esta emergencia, es imprescindible medidas que salvaguarden los Derechos Humanos, especialmente la integridad física-psico-social y la autonomía reproductiva de mujeres, niñas, adolescentes, y personas con capacidad de gestar.
La pandemia y sus impactos en la salud sexual y reproductiva
"La ausencia de medidas y las barreras persisten en la región, la atención del aborto ilegal o severamente restringida, ya sea por su prohibición sin excepciones o porque donde existen sistemas de causales o de plazos, no se cumplen o existen dificultades para el acceso. Como consecuencia, mujeres, niñas, adolescentes y otras identidades con capacidad de gestar deben obtener medicamentos para el aborto por cuenta propia y recurriendo al circuito clandestino y oneroso, donde son arrojadas a situaciones de extrema inseguridad, a peligro de ser estafadas o sometidas a prácticas inseguras que contra su salud o su vida.
"Los mayores obstáculos se encuentran en aquellos países en donde la práctica del aborto es penalizada gravemente (El Salvador, Honduras, Rep. Dominicana ) y en aquellos países donde el marco de legalidad por causales es obstaculizado por procesos burocráticos dilatorios, profesionales objetores de derechos o falta de medicamentos que evitan acceder a la práctica segura (resto de los países). Además, es preocupante la situación de mujeres encarceladas debido a la penalización absoluta del aborto, en medio de una emergencia sanitaria, la precarización de las cárceles las coloca en mayor vulnerabilidad, volviéndose la libertad inmediata.
"Gobiernos Latinoamericanos y Caribeños, están a tiempo de aportar a la reconstrucción de un mundo mejor. Esta crisis sanitaria y humanitaria puede ser una oportunidad para proteger y no violentar a las mujeres, niñas, adolescentes, y personas con capacidad de gestar y garantizar la integralidad de sus Derechos Humanos.
"Llamamos a todos los gobiernos a cumplir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y los mecanismos de tratados internacionales de Derechos Humanos, los cuales instan a adoptar las siguientes medidas durante la pandemia de COVID-19:
*Garantizar el acceso de las mujeres y personas con capacidad de gestar a anticoncepción de emergencia y a anticonceptivos de toma regular.
*Asegurar la práctica de aborto como atención médica esencial y urgente, garantizando el acceso sin dilaciones.
*Autorizar y poner a disposición en los plazos inmediatos, consultas virtuales para cualquier persona que busque atención o información sobre el aborto. Deben adoptarse medidas específicas para garantizar que las consultas virtuales sean gratuitas o de bajo costo y de fácil acceso, que incluya seguimientos de consultas.
*Garantizar el acceso oportuno al aborto temprano en cada jurisdicción y permitir a las personas profesionales de la salud recetar los medicamentos necesarios a través de consultas virtuales.
*Garantizar el acceso a los medicamentos necesarios para que se pueda realizar el aborto de manera ambulatoria
*Permitir que las personas tomen todos los medicamentos para el aborto de manera ambulatoria.
*Eliminar los períodos de espera obligatorios antes del aborto, los análisis y estudios que no son imprescindibles, así como los requisitos de asesoramiento obligatorios o asegurarse de que el asesoramiento se pueda realizar a través de consultas de telesalud.
*Autorizar a las personas profesionales de la salud de la atención primaria para que realicen un aborto médico temprano.
*Adoptar permisos y excepciones para transitar y dentro de los sistemas de salud, garantizar el acceso a la atención en casos donde el aborto médico temprano no es posible o está contraindicado, para personas que necesitan atención de aborto más adelante en el embarazo o atención posterior al aborto, o que pueden necesitar visitar un centro de salud por otras razones. Los viajes en tales casos deben considerarse esenciales y permitidos incluso cuando los gobiernos hayan restringido la libre circulación.
*Cuando se requiere la autorización de una persona profesional de la salud, esto debe limitarse a solo una.
*Eliminar los requisitos para la aprobación de un aborto por parte de múltiples profesionales de la salud.
*Garantizar el acceso oportuno a las pruebas prenatales y el apoyo psicosocial donde se solicite.
*Garantizar una cantidad adecuada de personas proveedoras dispuestas y capaces de proporcionar servicios de aborto en todo el país y difundir ampliamente información sobre cómo la personas que solicitan un aborto pueden identificar a los profesionales de la salud dispuestos y disponibles. Asegúrese urgentemente de que los rechazos de atención por parte de las personas profesionales de la salud no pongan en peligro el acceso a la atención del aborto en tiempos de crisis.
*Difundir ampliamente la información sobre los cambios en las políticas de salud y Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos (SDSR) y los servicios de atención médica que se realizan en el contexto de las respuestas de COVID-19.
*Garantizar el acceso a la anticoncepción moderna, incluida la anticoncepción de emergencia, cuya distribución debe ser gratuita en los centros de salud; incluso mediante la autorización de consultas de telesalud y la provisión de anticoncepción de emergencia en farmacias sin receta.
*Asegurar transportes fluviales con personal especializado para la atención de la salud sexual y reproductiva en comunidades originarias donde no hay centros de salud y las mujeres y personas con capacidad de gestar se encuentran en condición de mayor vulnerabilidad.
*Garantizar que las intervenciones y la promoción de salud sexual y reproductiva, se brinde con pertinencia cultural y generacional.
Finalmente, pedimos a todos las y los responsables políticos que rechacen las propuestas que pretenden restringir el acceso a la atención segura del aborto durante la pandemia de COVID-19. Estas propuestas falsas simplemente sirven para exacerbar la actual crisis de salud pública y tienen efectos negativos en la salud, la vida y el bienestar de las mujeres y las niñas".
