El coronavirus es una pandemia que obliga a repensar el sistema de salud en forma integral. De allí, el debate sobre la necesidad de declarar de interés público los recursos sanitarios.
Por Lucía Demarchi (*)
Declarar de interés público todo recurso sanitario de Argentina para garantizar un tratamiento igualitario en la pandemia de coronavirus. Esa fue la idea que el miércoles 1º de abril manifestó el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, en una reunión virtual con la Cámara de Diputados. La posibilidad de que esa medida se concretara a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) hizo estallar a los empresarios de la salud y el gobierno nacional terminó por sacar de la agenda la idea: en su lugar activó una mesa de coordinación con representantes de prepagas y obras sociales. “La discusión tiene que ver con la infraestructura que hay y cómo se utiliza”, consideró el sociólogo e investigador de Conicet, Matías Ballesteros. “La ventaja que hoy tienen las personas que se atienden en el sector privado es que si las prepagas se quedaran sin recursos, en el sector público las aceptarían, y no al revés”, dijo a El Ciudadano en una entrevista acerca de las lógicas, no siempre justas, de reparto de recursos, frente a un virus de circulación global.
Las manifestaciones del ministro de Salud, que parecen haber quedado en una expresión de deseo, no hablaban de una política inédita en la pandemia. Otros países, como España e Irlanda, aplicaron medidas de este tipo. España tomando el control estatal de todo el sistema de Salud, e Irlanda disponiendo la estatización temporal de los hospitales privados hasta el final de la emergencia.
¿De quién es la salud?
“El sistema de salud de Argentina es complejo. Por un lado está el sistema público, que brinda una cobertura a todos los habitantes del país, pero atiende mayormente a quienes no tienen otra cobertura”, explicó Ballesteros, investigador del instituto Gino Germani, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
El sector privado, en tanto, está integrado por las prepagas –que la gente paga de su bolsillo o a las que hace derivaciones de obras sociales– que cubren “a entre el 10 y el 15% de la población”; y por las obras sociales (nacionales y provinciales), “que cubren al 55% de la población”.
“Las prepagas tienen una red de prestaciones más grande, pero las obras sociales tienen pocos prestadores propios y utilizan las clínicas y sanatorios de los privados. Es decir, la mayoría de la gente usa la obra social, pero la obra social le paga a un privado. Hay una red de relaciones bastante compleja, y si bien las prepagas no tienen un porcentaje tan importante en lo que es cobertura de la población, sí lo tiene en cuanto a la cantidad de prestadores”, graficó el sociólogo.
Pero además, Ballesteros plantea una complejidad extra: “No es que sólo hay tres sectores y que están coordinados. Al interior de cada uno de ellos hay una gran heterogeneidad. No es que las prepagas cubren al 15% de la población y coordinan entre sí para ver si sobran o faltan camas o respiradores y hacen circular los recursos solidariamente. Esa coordinación entre privados no existe, y ni hablar entre públicos y privados”.
Los ejemplos del mundo
La situación que hoy viven algunos países europeos sirve de ejemplo para pensar qué infraestructura hay en el país y la justicia que hay en la distribución y utilización de esos recursos.
“En Italia se vive hoy un contexto dramático, porque los recursos no alcanzan ni juntando los de todos los sectores. La lógica que está primando es terrible, pero es una lógica médica: se prioriza darle atención a los que tienen más chances de vivir, más posibilidades de salir airoso de la enfermedad”.
Italia no tomó las medidas que se aplicaron en Argentina al tomar conocimiento de los primeros casos –como el aislamiento social preventivo y obligatorio que rige en todo el país desde el pasado 20 de marzo–. Sin embargo, sigue sin saberse cómo evolucionarán a nivel local los contagios que en Italia suman más de 115 mil, 14 mil de los cuales derivaron en muertes (datos del 2 de abril). “Si se diera una situación similar, acá hoy sería peor, porque si no hay recursos no se va a priorizar al que tenga más chances sino al que tenga acceso en lugares donde haya un respirador. Si uno lo mira en términos de salud pública, no es esa la lógica que debería operar”, consideró Ballesteros.
Salud pública
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, sancionada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, fue elaborada por representantes de todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales como un ideal común para todos los pueblos y naciones. Es un documento que marca un hito en la historia: establece, por primera vez, los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero. Ha sido traducida a más de 500 idiomas. El acceso a la salud es un derecho humano. Otros pactos internacionales lo reconocen como un derecho inalienable e inherente a todo ser humano. En Argentina, desde la década del ’50, con Juan Domingo Perón como presidente, se empezó a pensar a la salud como un derecho que el Estado debía garantizar.
El sistema de salud público de Argentina depende en gran medida de los recursos de las provincias. La gran mayoría de los establecimientos tienen dependencia provincial y, en algunos casos, también municipal. “La situación de las distintas provincias es muy variada”, dice Ballesteros. Y esas diferencias se basan en las estrategias de salud que se dan los gobiernos y en cuántos recursos les destinan. “Es complejo, porque es un sistema de salud federal y no hay directrices respecto de qué prestaciones cubrir. Esto lleva a que, en la práctica, haya provincias que le destinan a la salud siete veces más recursos que otras”.
Ballesteros dedicó parte de su trabajo como investigador a la situación que atraviesa la salud en el Conurbano bonaerense. “Acá el sistema de salud está en un estado calamitoso. No se estaba pudiendo cubrir el segundo nivel de atención en cuestiones de salud básica”, graficó. Es decir: antes de que estallara la pandemia, ya estaba colapsado. “Hay que ver qué pasa con los recursos extra. Muchas de las medidas que se están tomando apuntan a fortalecerlo”.
El deterioro del que habla no es actual y aunque los cuatro años de gestión de Cambiemos con Mauricio Macri a la cabeza del Estado lo profundizaron, Ballesteros admite que se trata de un “deterioro histórico” del cual es, incluso, “difícil encontrar el origen”. Lo más complicado hoy, asegura, es la articulación entre los distintos sectores.
Debates pendientes
La pandemia de coronavirus, que ya suma más de un millón de contagios en todo el mundo, puso sobre la mesa una serie de debates postergados. “Nos hace poner la lupa sobre la importancia de un sistema de salud fuerte, nos obliga a mirarlo, a pensarlo, a reflexionar sobre cuáles son las mejores formas de organizarnos y protegernos contra una enfermedad”, analizó Ballesteros. “Tengo la ilusión de que en el futuro haya sistemas de salud más justos y más eficientes. El que tenemos hoy en Argentina es ineficiente, porque hay ineficiencia en la forma en la que se distribuyen y se utilizan los recursos. Con lo que Argentina dedica a la Salud, cerca del 10% del PBI, se podrían tener mejores resultados”, consideró el investigador, que cree que lo que dijo Ginés González García en la Cámara de Diputados sobre poner bajo la dirección del Ministerio de Salud todos los recursos públicos y privados del país, “hace un mes era impensado”.
“Lo mismo ocurre con las discusiones sobre las falencias de los sistemas de salud y con las grandes injusticias que no estaban visibilizadas. Espero que dentro de todo lo terrible que está pasando en esta pandemia, por los costos para la población y para la economía, el aspecto positivo sea que se pueda instalar el debate sobre si tenemos el mejor sistema de salud que podemos tener”.
(*) Fuente: El Ciudadano
