¿Tiene fuerza el Estado para avanzar con un impuesto sobre los superricos? ¿Qué costo pagaría toda la política si no lo hiciera? Opiniones de primera mano de Carlos Heller y Hernán Arbizu. El Impuesto Patria, al desnudo.

Entrando en un nuevo ciclo de cuarentena, con el Estado ejecutando keynesianismo de guerra en soledad para aplanar no sólo la curva ascendente de las infecciones sino también la descendente de la crisis económica y social, un par de slogans quedan suspendidos como guirnaldas descoloridas de una fiesta que ya pasó: “De esta salimos todes juntes” y el capitalismo post pandemia “será más humano o nada, estatal y de reparto o desaparecerá”. El gobierno unifica y reparte y los ricos se desmarcan y concentran. Va otro slogan peleado con la realidad: “sin justicia tributaria no hay justicia social”… ¿será?

Carlos Heller es redactor y asesor de Máximo Kirchner en temas tributarios y bancarios y autor de de una frase memorable acerca de las “rupturas” y transformaciones entre fases de un capitalismo que ya dura casi cuatro siglos: “El estado neoliberal es la forma del capitalismo de recuperar la inversión o el gasto hechos durante el estado de bienestar, son parte de una misma secuencia con crisis más o menos profundas, pero perdurable en el tiempo”. La pronunció en la presentación del libro La recaída neoliberal de Claudio Scaletta y debería ser remera. Por estos días le confió a este escriba cuál es el equilibrio a cuidar con el diseño del impuesto a los milmillonarios del país y que es a la vez la principal dificultad para dar a conocer la letra definitiva del proyecto: “Buscamos gravar la menor cantidad de contribuyentes, obteniendo el máximo de recaudación y al menor costo de desgaste o confrontación social”. Esto vendría a ser entre 12 y 14 mil personas físicas y jurídicas con más de tres millones de dólares en su haber, con una alícuota de entre 2% y 3,5% y por única y excepcional vez, que reportarían entre 2500 y 3800 millones de dólares. Esto vendría a ser que el 1,1% de los que pagan bienes personales o el 0,08% de Población Económicamente Activa pagará por única y pandémica vez una alícuota irrisoria del patrimonio que tienen declarado, o sea en blanco.

Chequeado off the record con varios asesores de la City y on the record con Hernán Arbizu, los millonarios argentinos (aunque como diría Cooke los millonarios no son socialistas, peronistas, argentinos o africanos, son millonarios nomás) tienen declarado aproximadamente un 25% de sus patrimonios reales. O sea que estarían financiando a un Estado fundido por el gobierno que mayoritariamente votaron y sostuvieron para hacer negocios repletos de irregularidades, con un 3,5% máximo de un cuarto de sus patrimonios reales. Entonces, más allá de tranquilizar a la opinión pública (que respalda indudablemente al gobierno de Todes) y enfrentar la agresividad conque se defienden del impuesto los ricos y los medios que los expresan y de los que son dueños en muchos casos…¿qué estaríamos discutiendo? El mismísimo Claudio Lozano, director del Banco Nación, afirma que inclusive habría que recurrir a ese impuesto para financiar un salario universal por tres meses y equivalente a la canasta alimentaria y que éstas iniciativas deberían hacerse mientras se combaten la evasión y la fuga en simultáneo.

Fugan en moneda dura, subdeclaran patrimonio y rentabilidad empresaria, hacen imposible que la AFIP tenga una base actualizada y fiel de su capacidad contributiva, obligan a un complejo y también impreciso cruce de datos entre organismos del Estado para definir una muestra razonable de un universo desconocido y piden que no se los grave o que se considere el patrimonio neto contabilizando deudas para bajar aún más la cantidad de alcanzados y la alícuota a imponer (porque por eso se llaman impuestos y no contribuciones voluntarias, algo así como una de las diferencias entre justicia social y caridad).

Los equilibrios inversamente proporcionales que enunciaba Heller tampoco parecen alcanzar y es entonces cuando la decisión política del binomio presidencial se torna decisiva. Alberto hizo todos los números y consultó a varios economistas y tributaristas, al modo en que Néstor resolvía este tipo de cosas. Con eso y un poderoso sentido común, para descartar de plano la baja de salarios para funcionarios políticos promovida por la oposición y en la que entró Massa y apoyar un impuesto que resulta polémico y utópico sólo en países donde la política renuncia a ejercer la conducción de las naciones y se resigna a garantizar el enriquecimiento corporativo de sus millonarios. Hubo varias concesiones (no combina patrimonio y rentabilidad empresaria, no serán 20 mil sino casi la mitad, serán dos alícuotas y no una progresiva de un punto cada millón de dólares y no será una vez por año sino por única vez). Cualquier parecido a los impuestos patrióticos de San Martín como gobernador de Mendoza o Martín Miguel de Güemes en Salta para financiar las campañas libertadoras no es más que eso: una brisa de familia. Y sin embargo lo resisten.

El mismísimo Hernán Arbizu manejó durante muchos años carteras de empresas y personas físicas con un piso de 200 millones de dólares y conoce perfectamente el ADN de los 50 a 100 millonarios y asegura que si pudiese darles un consejo sería “juntarse y ofrecer voluntariamente al Estado un impuesto como éste, o bien ponerse a la orden y sacar chapa de solidarios y patriotas” pues el costo material es ridículo comparado con el beneficio simbólico y político que obtendrían. Especialistas en maximizar ganancias a costo bajo o cero, no son capaces de hacer esta cuenta sencillamente porque están acostumbrados a beneficiarse sin límite ni pudor de la impunidad económicas, tributarias y judiciales. O como dijese Michal Kalecki porque cualquier concesión ante un Estado intervencionista implica una derrota cultural y política que sienta precedentes indeseables y amenaza sus posiciones de privilegio. Si no dejan de ser millonarios, si la Patria es el Todes o si diez países capitalistas y liberales del primer mundo (Estados Unidos, España, Noruega, Alemania, Suiza y Bélgica, entre otros) tienen una mayor carga tributaria sobre el decil más rico que la Argentina no importa. No quieren pagar y para eso se valen además de los filtros (léase funcionarios macristas que el Frente de Todes no removió en tiempo y forma) que los representan en los poderes públicos del Estado, como el Procurador General Interino Eduardo Casal, que debió ser removido por Decreto aplicando el artículo 99, inciso 19 de la Constitución Nacional.

El gobierno se va anoticiando sobre la marcha de que la renegociación con los bonistas y el FMI, la gestión de la pandemia y otras prioridades por el estilo también dependen de la remoción del lastre que supervive por cientos en cargos jerárquicos claves del Estado; que no es una cosa primero y la otra después o “porque no somos como ellos y zurcir la grieta”. Pasó con Miguel Ángel Toma y los directores por el ANSeS en empresas privadas, pasa con Eduardo Casal y tantes otres cuyo anonimato irá desapareciendo a medida que entorpezcan políticas claves del gobierno.

Sale o sale, pero así las cosas habrá que sesionar con la ventana abierta a impugnaciones y aprietes de todo tipo y defender un proyecto justo, razonable y que tal vez deba sufrir algunos afeites para poder sumar las sanciones de las dos cámaras legislativas.

No hay peor ley que la que no se aplica

Muy lejos del ideal noeoliberal de mercado vivo y Estado bobo, estaríamos en condiciones de afirmar que este Estado keynesiano en guerra contra la pandemia es un Estado de gracia y contención pero también de una notable impotencia para disciplinar a ninguno de los factores de poder que nos prestan el país para vivir como argentinos. Y el que preside Alberto Fernández es claramente el gobierno de todes les argentines, por vocación, por convicción, por gestión concreta y expuesta (aunque algunos sectores queden momentáneamente fuera del manto protector por problemas logísticos o de recursos). Este es el gobierno de Todes menos de AEA, ADEBA, la Mesa de Enlace, la Cámara de Supermercados occidentales y orientales, la corporación clínico-sanatorial, la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo y el lobista masivo de todos ellos: las empresas multimediales que en muchos casos (Clarín, La Nación, América y A24) son parte de sus dispositivos de negocios integrados horizontal y verticalmente.

El botón de muestra de las últimas semanas, que opone la generosidad y valores humanos e ideológicos con los que se maneja el gobierno y los ricos corporativizados del país, es el del sostén crediticio para empresas pymes ante la imposibilidad de afrontar parcial o totalmente el pago de salarios en blanco (en un país donde el trabajo no registrado alcanza el 43% y si sumamos las modalidades de fraude laboral asciende al 63%):

El gobierno releva esta problemática de primera mano y dispone créditos a una tasa del 24% anual para empresas de menos de 100 trabajadores, con los que deberían afrontar pagos de salarios. A tal fin se emite la Comunicación A6964 del Banco Central que modifica la A6937, ambas de marzo y distantes una semana entre sí, es decir: correcciones rápidas y certeras y sustentadas en la Carta Orgánica del Central, que le confiere al Central facultades regulatorias y sancionatorias (artículo 4, incisos b y c).

El Estado que protege la vida de los argentinos y trata de minimizar los daños económicos de esta excepcionalidad (aplanar la curva hacia arriba de los contagios y hacia abajo de los quebrantos) emite pesos para canjear las posiciones en Leliqs que poseen los bancos privados y dotarlos de mayor liquidez para afrontar la medida.

La banca privada resiste la medida por idiosincrasia, afán de lucro pandémico y justificándose en una desatención inicial: muchas empresas no tienen avales suficientes para solicitar los montos que requieren. El Estado reacciona y el 1º de abril emite del Decreto 326/2020 haciéndose cargo de garantizar esos préstamos a través del Fondo de Garantía Argentino.

Con FOGAR y todo las empresas son casi exclusivamente financiadas por la Banca Estatal (Central, Nación, BIND, Hipotecario) y al 15 de abril representan el 80% del crédito otorgado por el sistema bancario, lo que motiva otra declaración certera del presidente:

«Necesitamos que los Bancos trabajen de Bancos y dejen de hacer negocios prestando plata al Banco Central. Si quieren financiar al Estado que lo hagan para obra pública, pero no con letras como las Leliq, por las que cobran una tasa exorbitante y después pagan 24% un plazo fijo (…) Hemos hecho todo para que los Bancos entiendan que este no es un momento para ganar, si no para apoyar, pero no entienden. Estoy indignado, pero con Martín (Guzmán) y (el presidente del Banco Central Miguel) Pesce vamos a poner las cosas en orden”.

Quedamos a la espera de que entonces se ejecuten las atribuciones sancionatorias que le confiere al Estado la Ley de Entidades Financieras (artículo 41 legado por la última dictadura militar) a través de la Carta Orgánica del Central. Pero la represalia es –a la vez– una nueva demostración de estatura del gobierno y una declaración explícita de impotencia. A través del Decreto 379/2020 se hace cargo de la mezquindad a prueba de hecatombes de la banca privada y crea un salario complementario para trabajadores dependientes y para todos,  sin importar si la empresa o comercio donde trabaja tiene más o menos 100 trabajadores. Aplausos y lamentos, todos los que se le pararon de manos al gobierno de todes gozan de la impunidad que les confiere no algún que otro vacío legal sino la renuencia a aplicar con todo rigor regulaciones vigentes que hasta la última dictadura militar deja servidas para los Estados fuertes y decididos.

Y entonces quedamos (así, en primera persona del plural) en esto: los invitamos a ser solidarios y ganar menos, luego los señalamos, los calificamos (miserables, mezquinos, crueles) y finalmente no les aplicamos la ley sentando un riesgoso precedente de desigualdad y confirmando la máxima de Magnetto: presidente, gobernador, intendente…cargos menores. Tener poder es otra cosa.

Es un juego riesgoso y que puede volverse en contra del gobierno con mejor imagen en la gestión de la pandemia, pues la gente va a empezar a leer con claridad esto de quedase corto en los hechos y muchos adeptos sueltos y agrupados pueden empezar a preguntarse si tiene sentido enfrentarse a poderes que el gobierno que votaron y defienden no está dispuesto a enfrentar.

Y aquí viene punto clave para el periodismo que se dedica al análisis político: para situar análisis y críticas, aportes generosos y egomanías. El Estado conducido por el Frente de Todes diagnostica bien (los elementos que faltan pueden ser aportados y tienen efectos claros en la corrección de errores y olvidos), señala y califica claramente a los sectores e individuos que se desmarcan para proteger negocios e intereses particulares, diseña herramientas apropiadas para los problemas que busca resolver y las implementa rápidamente. El problema no es el Estado, son los que conducen el mercado los que se burlan del refranero solidario de la pandemia y las estatuas parlantes del comercial de YPF. La era de la ingenuidad real o impostada va llegando a su fin, los pueblos saldrán emprobrecidos y sensibilizados, más solidarios, menos racistas tal vez, pero el capitalismo será humanista y de inclusión o será lo mismo de siempre, conviene saberlo porque ya está pasando, porque las profecías teleológicas son de papel y arena, aunque las mejores virtudes de la condición humana nos impidan aceptarlo rápida y nuevamente.

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