Con el coronavirus como argumento, los industriales lograron autorización del Estado para reducir los salarios hasta un 25%.
En las épocas de bonanza, que no son muchas pero las hubo, siempre ganan. Y en las crisis, se las ingenian para no perder o perder lo menos posible. Ahora, en plena pandemia del coronavirus, los capitanes de la industria lo hicieron de nuevo y consiguieron que el gobierno nacional los autorice a reducir hasta un 25% los salarios de sus empleados.
La concesión estatal a los industriales es paradójica. El propio gobierno nacional confirmó el lunes 4 de mayo que invertirá más de 27 mil millones de pesos para pagar parte de los salarios de 1,3 millones de trabajadores del sector privado, una medida anunciada dos semanas antes como paliativo ante la paralización casi absoluta de la economía.
El pago de hasta la mitad de los salarios privados por parte del Estado es una de las medidas incluidas entre los beneficios del Programa de Asistencia de Emergencia para el Trabajo y la Producción. Alcanza a todos los sectores de la economía nacional que fueron afectados por la pandemia, incluida la industria.
Según informó la Afip el primer día hábil de mayo, hay 1.310.000 trabajadores y trabajadoras (de más de 150 mil empresas) que pueden acceder al salario complementario, que demandará una inversión estatal de 27 mil millones de pesos durante este mes. El alcance final del programa es difícil de estimar porque todavía es prematuro proyectar cuándo se reactivará la economía.
En ese contexto, la Unión Industrial Argentina (UIA) logró un acuerdo –avalado por el gobierno– que les permitirá reducir hasta un 25% los salarios de sus trabajadores. Dicho de otro modo: están autorizados a pagarles, por los próximos dos meses, solo el 75% de lo que corresponde por convenio. Fue la concesión que lograron del gobierno luego de reclamar, en vano, que se levanten por completo las medidas de aislamiento obligatorio vigentes desde el 20 de marzo.
Si bien está vigente el decreto 329/20 que prohíbe los despidos y las suspensiones mientras dure la emergencia, los industriales apelaron al artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (una “rémora del neoliberalismo menemista”, según el abogado laboralista Jorge Elizondo) que permite que, en el caso de trabajadores que dejen de prestar servicios por causa de fuerza mayor o por falta de trabajo, se pueda arribar a acuerdos homologados que convierten en “no remunerativos” los sueldos percibidos.
El propio Elizondo lo explicó en un artículo publicado el 3 de mayo en El Cohete a la Luna: la “Reunión Tripartita para consensuar medidas que tiendan al sostenimiento del trabajo y la producción frente al Covid 19” del 27 de abril de 2020 culminó en un acuerdo suscripto por los representantes de la CGT, la UIA y los ministros de Trabajo y de Desarrollo Productivo. En el mismo se menciona “la necesidad de determinar los ingresos de los trabajadores alcanzados por las medidas de aislamiento y profundizar e incrementar el salario complementario”.
Ese acuerdo expresa que es necesario “el dictado de una norma que garantice previsibilidad del ingreso que deben recibir los trabajadores y aporte seguridad a las empresas para continuar con sus actividades”. La rebaja salarial de facto del 25% es retroactiva al 1° de abril de 2020 y tiene una duración de 60 días.
El monto que los empleadores deberán abonar como prestación no remunerativa o las asignaciones en dinero que se entreguen en compensación por suspensiones de la presentación laboral no podrá ser inferior al 75% del salario neto que le hubiere correspondido al empleado en caso de haber trabajado.
En el caso de que el Estado disponga el pago complementario establecido por decreto, el monto que la industria abone –que nunca deberá ser inferior al valor de un salario mínimo, vital y móvil– será considerado parte de la prestación hasta alcanzar el porcentaje del 75%.