La secretaria de Estado de Igualdad y Género de la provincia realiza un balance de sus primeros seis meses de gestión.
Días antes de la asunción de Omar Perotti como gobernador de Santa Fe ya se había anunciado públicamente la creación de una Secretaría de Estado de Igualdad y Género. El nuevo organismo tendría rango ministerial y reemplazaría a la Subsecretaría de Políticas de Género y a la Subsecretaría de Políticas de Diversidad Sexual, ambas dependientes de la Secretaría de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social.
Al frente de la Secretaría asumió Celia Arena, ex diputada nacional por Santa Fe (2009-2013) y funcionaria del gobierno de la provincia entre 2000 y 2003. Durante la gestión de Carlos Reutemann ocupó diversos cargos en la Secretaría de Promoción Comunitaria, entre otras como Directora Provincial del Menor, la Mujer y la Familia. A seis meses de haber asumido como secretaria de Estado de Igualdad y Género, dialogó con Pausa sobre lo que se ha hecho hasta el momento y cuáles son los lineamientos con los que se está trabajando.
—¿Qué balance hace de sus primeros seis meses de gestión en la Secretaría de Estado de Igualdad y Género?
—En estos seis meses tuvimos que afrontar cuestiones vinculadas a la reestructuración. Por un lado, la readecuación en términos administrativos, que implicó un trabajo arduo y complejo porque hasta el 31 de diciembre teníamos una dependencia de Desarrollo Social en toda la cuestión administrativa. Esto representó reconducir y replantearnos todos los programas en ejecución, con esta idea de trabajar sobre lo construido pero con un criterio que tenía que ver con la creación de la Secretaría con rango ministerial, que implica ver cómo se articulan diferentes políticas entre los ministerios con una mirada de género y de diversidad, además de atender la responsabilidad que tenemos por ley, que es todo el sistema de protección integral contra las violencias. Desde el principio de la gestión nos interesaba generar los indicadores para poder medir. Otra línea que tenemos muy fuerte es la de territorialización de la política pública. También trabajamos desde un inicio fue la implementación de la Ley Micaela.
—¿Qué implicó la jerarquización y la conversión a Secretaría de Estado?
—Plantear esta jerarquización tiene que ver con efectivizar que las políticas de género tienen que ser transversales a todos los ministerios. La forma de instrumentarlo es ponerlo al mismo nivel que los otros ministerios para poder trazar estas líneas de acción conjunta y en un mismo nivel de decisión. Es jerarquizar la cuestión de género y de diversidad a la hora de la definición de la política. En estos seis meses, uno de los lineamientos que habíamos definido para trabajar era presupuesto con perspectiva de género. Lo estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda, de igual a igual. Estamos en camino de definir determinados indicadores para poder tener el presupuesto del año que viene con algunos criterios que nos permitan medir las políticas en términos de varones y mujeres, para después avanzar en un presupuesto sensible al género. Nuestro horizonte es que en cuatro años la provincia de Santa Fe pueda tener esto claramente definido. Tener un relación directa con los ministros y ministras, con el gobernador y formar parte del gabinete, implica que las medidas y las acciones son mucho más claras y sin intermediaciones.
—¿Cómo se está trabajando el aspecto de los indicadores?
—En toda política pública es fundamental establecer indicadores para medir su impacto en las mujeres y la población LGBTI, no solamente desde lo que sale de la Secretaría sino -en esta cuestión de la transversalización- las políticas de otras áreas y ministerios. En eso avanzamos mucho: una de las primeras cuestiones que hicimos fue coordinar con la Secretaría de Tecnologías para la Gestión, para tener un sistema informático propio que nos permita unificar las modalidades de registro, porque en la Subsecretaría de Políticas de Género había formas de registro muy manuales, inclusive diferentes formas, lo cual dificulta la implementación clara de la política y el seguimiento. Así que eso fuimos coordinándolo y trabajando con Tecnologías de la Gestión y todos los equipos y ya estamos en la etapa de empezar a instrumentarlo.
—¿Qué significa la idea de “territorialización de la política pública”?
—Esto tiene que ver con el trabajo con las organizaciones: para eso se conformó una mesa de articulación público comunitaria, con organizaciones de mujeres y de diversidad, que viene trabajando virtualmente hasta ahora, coordinando algunas líneas de acción. Por otro lado, incluye la articulación con los municipios y comunas. Tenemos una idea de trabajar con los municipios y comunas, en este concepto de que es el primer nivel de atención*, pero queremos avanzar más allá de esto y no trabajar solamente el tema de violencia, sino también todas las otras cuestiones: el proyecto de vida de las personas que están atravesadas por esas situaciones, trabajar la prevención, entendiendo la prevención como abordar las desigualdades estructurales entre varones, mujeres y diversidad. En ese camino de trabajar con los municipios y comunas, tuvimos una reunión con los equipos. Durante la pandemia hicimos un aporte extraordinario para que se puedan atender todas las situaciones de violencia que se podían dar. También estamos contactándonos con los municipios y comunas para saber si tienen o no adhesión a la Ley Micaela, y si no la tienen, apoyarlos en la gestión para que lo hagan. Nuestra voluntad es hacer convenios con los municipios y comunas para apoyarlos en la instrumentación de esta ley.
—¿Qué acciones concretas se tomaron en relación a la economía del cuidado?
—Durante la entrega de la tarjeta Alimentar, la Secretaría de Estado de Igualdad y Género en conjunto con la Assal, y con otras áreas del Ministerio de la Producción trabajamos en un taller donde poníamos el foco en el tema del cuidado. La experiencia fue increíble, porque las mujeres participaron un montón. Pusimos el foco en qué es el trabajo y que no hay tareas para hombres y para mujeres. La idea era trabajar territorialmente todo ese tema más allá de la tarjeta Alimentar, cosa que no pudimos hacer. Nuestro proyecto también es mapear en el territorio cómo están los servicios de cuidado que hay en nuestra provincia: jardines, salitas, si son públicas, si son privadas, si son de cooperativas. En el marco de la pandemia trabajamos comunicacionalmente difundiendo al máximo posible la necesidad de compartir las tareas. Hicimos una propuesta al Ministerio de Economía, al IPEC, para hacer un mapeo de cómo impactó en las mujeres este tema de la sobrecarga durante este tiempo. También estamos charlando con el Ministerio de Educación sobre qué pasó en este sentido con las docentes y los docentes. Hay un montón de cuestiones que estamos abordando en conjunto para poder tener la información y definir las líneas de trabajo.
—¿Qué otras acciones se realizaron en el contexto de la pandemia?
—Con la situación del Covid tuvimos la responsabilidad de garantizar la atención y reforzar el sistema de protección integral contra las violencias. Replanteamos los programas que veníamos trabajando, en función de atender a los espacios que visualizábamos como potencial a trabajar. Por ejemplo, todas las cuestiones que tienen que ver con la economía del cuidado. Probablemente en la sociedad no estaba tan visibilizado, pero la pandemia puso la mirada de todo el mundo en esta situación y nos permitió a nosotros tomarlo como política pública.
Ley Micaela
En marzo, la provincia de Santa Fe reglamentó la Ley Micaela. El inicio de las capacitaciones estaba previsto para ese mes, pero no pudieron comenzar debido a la pandemia. Esta semana, empezó la formación para las y los agentes de los tres poderes del Estado.
—¿Cómo se vienen instrumentando las capacitaciones en este contexto?
—No sabemos hasta cuándo vamos a estar con la normativa de distanciamiento y de aislamiento, por lo que definimos hacerlas en forma virtual. Es a través del campus virtual de la provincia, con cuatro módulos. El último tiene que ver con la transversalización de las políticas de género. A medida que esto se vaya modificando,contemplamos hacer encuentros presenciales para toda la administración pública. Nuestra decisión es que al menos cuatro horas sean presenciales, con un taller. Porque eso es lo que nos da la posibilidad de un intercambio más directo. Una opción es hacerlo por ministerios, por localidad. En esto vamos a tener que trabajar en distintos niveles y en distintas propuestas.
—La Ley Micaela indica que el programa de la capacitación debe estar regido por la normativa vigente en relación a la temática de género. ¿Cuáles son los temas que se abordarán en la capacitación para las y los agentes del Estado santafesino?
—Los contenidos tienen que ver con el plexo normativo de respaldo a estas situaciones, con ampliar miradas sobre diversidad y trabajar sobre casos concretos. En los distintos módulos siempre hay un trabajo práctico, vamos a trabajar con un foro y con tutores porque queremos hacer un seguimiento muy claro de los conocimientos. Esta es una primera etapa. El desafío también es que tenemos una diversidad muy grande en cuanto al conocimiento que se tiene sobre estos temas. Los contenidos tienen que ver con una perspectiva de derechos humanos, de visibilizar las desigualdades estructurales que afectan a varones y a mujeres y de ampliar miradas sobre el colectivo de la diversidad e ir problematizando desde el área concreta de cada uno. También vamos a incorporar el trabajo con masculinidades. Hay un recursero con bibliografía obligatoria y mucha bibliografía y videos de consulta. La idea es que sea un trabajo interactivo. Queremos hacer formación de formadores y tener un equipo propio de la provincia trabajando estos temas.
—¿Cómo se va a trabajar la capacitación de la Ley Micaela en perspectiva de género, específicamente con los Servicios de Ginecología del hospital Cullen e Iturraspe que son objetores de conciencia y con la policía?
—Respecto a los hospitales estamos articulando específicamente con la Dirección de Programas de Salud Sexual y Reproductiva y Diversidad del Ministerio de Salud. Hay cuestiones específicas que lo vamos a trabajar con cada ministro o ministra porque hay especificidades. También el Ministerio de Seguridad tiene cuestiones específicas. Cada uno de los ministerios tiene cuestiones en las que tenemos que profundizar y trabajar más puntualmente. Nuestra propuesta es hacerlo articuladamente con cada uno. Con el Ministerio de Educación también hay cuestiones muy específicas, por eso esta es una primera parte muy general, de conocimiento, de acceso y sensibilización en perspectiva de género y en la parte de transversalización tomaremos las cuestiones puntuales de cada área, para profundizar con cada ministerio sobre esos temas.
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Trabajo, salud, educación
—¿Qué avances hay actualmente en cuanto a la reglamentación del cupo laboral trans?
—El Ministerio de Trabajo es la autoridad de aplicación, respecto a lo que establece la ley. Tuvimos reuniones en enero y en febrero, donde participaron algunas organizaciones. En base a eso elaboramos una propuesta, un borrador de decreto que le enviamos al ministro de Trabajo. La idea es avanzar en base a lo que la autoridad de aplicación evalúe como pasos a seguir.
—Hace unos días hubo un comunicado de la Asamblea Permanente por los Derechos de las personas LGBTI+ donde se planteaban críticas en relación al movimiento de personal y se demandaban algunas medidas concretas que tienen que ver, por ejemplo, con la asistencia alimentaria para la población LGTBI. ¿Cómo se está trabajando ese aspecto?
—Desde el primer día que nos hicimos cargo de la Secretaría tomamos algunas cuestiones que se estaban instrumentando, como el Centro de Día Trans que estaba en Rosario, donde se llevaban adelante algunas actividades. Una de ellas era la asistencia alimentaria, que se hacía tres veces por semana. Nosotras articulamos con Desarrollo Social y lo ampliamos a cuatro días. En el marco de la pandemia tomamos ese tema y se distribuyó a cada una de las personas adonde estuvieran residiendo para que no se tengan que trasladar. Articulamos con las organizaciones el tema de la asistencia alimentaria, que se hizo siempre. Tenemos el registro de cada una de las cosas que se entregaron. Se incorporó todo el tema de elementos de higiene personal en la distribución. Está la posición también de incorporar a las personas que se vayan sumando en el tema de la necesidad de asistencia. También articulamos con el norte provincial. Vimos el comunicado de la Asamblea y después hubo una nota con un pedido de audiencia. Desde cada una de las áreas involucradas siempre estuvimos reuniéndonos con todos. ¿Si hay cosas que mejorar?, por supuesto que hay cosas que mejorar. Esto lo transmitimos siempre: recibimos un presupuesto aprobado antes de que la Secretaría de Estado se cree y dos subsecretarías en el estado en el que estaban en la transición. En el caso de la Subsecretaría de Diversidad el presupuesto era muy escaso y con una estructura prácticamente inexistente. Nuestro proyecto es poder consolidar ese espacio, por eso definimos hacer eje en las políticas de igualdad, con políticas específicas para la población LGBTIQ+ y con acciones específicas para las mujeres y para los colectivos con los que vayamos a trabajar. Una de las cuestiones que tenemos es consolidar son fuertes equipos de trabajo, queremos hacerlo con las organizaciones porque en esto nuestra decisión política y nuestra mirada tiene que ver con eso, con trabajar fuertemente con lo que tiene que ver con el territorio, con los gobiernos locales y con las organizaciones que trabajan en cada temática.
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—¿Qué políticas se están elaborando para la población trans, en relación al acceso a la educación y a la salud?
—Respecto al acceso a la salud, estamos trabajando con la Dirección de Programas de Salud Sexual y Reproductiva y Diversidad del Ministerio de Salud. Nuestra decisión es formar una mesa de trabajo, que informalmente lo estamos haciendo; resta el instrumento administrativo para hacerlo formalmente. Lo estamos trabajando. Recibimos muchos puntos a resolver y los vamos trabajando con la Dirección. Una de las cuestiones tiene que ver con el tema de los insumos, sobre todo para el acceso a los tratamientos de hormonización, y después lo que tiene que ver con la capacitación en perspectiva de diversidad. Con el tema de educación estamos instrumentando un EEMPA para personas trans. Hubo todo un debate respecto a esto, si era discriminatorio o no. Nosotros trabajamos fuertemente con Educación para que todas las personas del colectivo trans puedan terminar el nivel de estudio en el que hayan dejado, y sí se nos planteó la necesidad de tener un ámbito específico para quienes no quieran o sientan que no están las condiciones para acceder a otro lugar. La primera experiencia va a ser en la ciudad de Santa Fe. La idea después es instrumentarlo en otros lugares.
—¿Cómo se resolvió ese debate acerca de si era discriminatorio o no?
—Es que justamente lo que queremos es que ninguna persona sienta que no tiene el espacio para poder acceder. Entonces mientras trabajamos para abrir los canales de acceso a las otras ofertas educativas, también nos parecía importante esto. No es que a este EEMPA solo van a poder acceder las personas trans, va a poder ir quien quiera. Pero sí tenemos un cuidado específico para garantizar que el colectivo pueda acceder.
—¿Cómo se está articulando para garantizar el acceso a las interrupciones legales del embarazo, sobre todo en el centro norte provincial?
—Es una responsabilidad del Ministerio de Salud. Trabajamos acompañando las situaciones que se van dando desde nuestra perspectiva, acompañando a las mujeres o a las personas que tengan que acceder y llevando adelante esta articulación con el Ministerio de Salud.
Achicar la ruta crítica
—¿Cuáles son las directrices con las que se está trabajando la ruta crítica, es decir, desde que la mujer manifiesta que se encuentra en una situación de violencia y el camino que realiza en los diversos organismos del Estado para encontrar medidas de protección?
—La pandemia hizo que muchas cosas que estaban en carpeta las pudiéramos instrumentar con esta cuestión de aliviar a las personas que están atravesando situaciones de violencia, porque es y sigue siendo una forma de revictimización: todos los pasos y los lugares por los que las mujeres tienen que atravesar. Por un lado, trabajar mucho con el primer nivel, que lo estamos haciendo muy bien. Hasta ahora con los municipios y comunas, sobre todo los de Santa Fe y Rosario, que son los que tienen más consolidados sus equipos, pero también hay otros municipios y comunas que tienen sus equipos consolidados. Estamos articulando mucho, entendiendo que la denuncia no es el primer paso, sino la conclusión de un trabajo que se pudo hacer antes con esa mujer, de contención, de apoyo. Venimos trabajando con el Poder Judicial las cuestiones a corregir, por ejemplo el pedido de la medida de distancia, que la mujer tiene que ir al Juzgado de Familia y después tiene que hacerse cargo de llevar el papel a la comisaría. Lo veníamos trabajando con la Procuración de la Corte y la pandemia hizo que lo pudiéramos poner en práctica: se habilitaron números de WhatsApp, se estableció un mecanismo a través del cual la mujer que quiere pedir una medida de distancia puede hacerlo pasando los datos y domicilio del agresor, una copia de su documento y luego de un procedimiento se manda una certificación y el mismo agente se encarga de informarlo a la comisaría del lugar. Queda mucho por trabajar, pero tenemos la voluntad política del Poder Judicial de avanzar en esto. Tenemos el desafío de achicar todos los pasos que una mujer tiene que dar desde que hace la denuncia hasta que tiene todas estas garantías, coordinando con el Poder Judicial, con el Ministerio de Seguridad y manteniendo la descentralización, en el caso de los Centros Territoriales de Denuncia.
—¿Y con el 144 cómo se está articulando?
—Cuando asumimos empezamos a hablar con la Ministra [de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta] para firmar un convenio y tener diariamente la información de cuáles son los llamados que hubo desde la provincia de Santa Fe a 144 y cuál es la derivación que se hizo. Nuestra voluntad es poder hacer el seguimiento junto a cada equipo local que interviene. Sabemos que hay comunas que no tienen el equipo conformado y ahí se dificulta hacer el seguimiento, y nuestro equipo, que es de segundo nivel tiene un rol fundamental. Pero para eso tenemos que tener la información, cosa que hasta ahora no pasaba. Ya está acordado el modelo de convenio, solo resta firmarlo para tener un seguimiento más específico y poder trabajar de apoyo al primer nivel cuando haga falta.
—¿De qué se trata el programa Farmacias Violetas?
—En esto de vincularnos y tejer redes, durante la pandemia firmamos un convenio con las dos circunscripciones del Colegio de Farmacéuticos de la provincia, promoviendo a las farmacias como espacios amigables para las mujeres. Compartimos un protocolo de cómo detectar y abordar determinadas situaciones, cómo trabajarlas utilizando determinados códigos verbales que los vamos trabajando con las organizaciones de mujeres. Pero más allá de ese código verbal, cómo detectar esas situaciones y cómo promover esos espacios amigables. Ya se adhirieron muchas farmacias. La adhesión era voluntaria, cada uno de los colegios fue trabajando. A fines de este mes planteamos una capacitación específica para las farmacéuticas y los farmacéuticos en estos temas, para ir profundizando esta cuestión de espacios amigables para las mujeres. Obvio que no es responsabilidad de las farmacias atender específicamente el caso de violencia, pero sí saber adónde tienen que llamar, cómo hacerlo y cómo proceder con la persona que está atravesando una situación de violencia para no revinctimizarla. Este fue un primer paso, nuestra idea es trabajar con distintas instituciones o espacios de la comunidad que puedan transformarse en espacios amigables.
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—Hay 15 casas de protección en la provincia, ¿hay perspectivas de abrir nuevas?
—Sí. Este año no tenemos el presupuesto, pero queremos trabajar en abrir donde no hay o donde no hay cerca. Tenemos algunos pedidos que estamos trabajando para el año que viene. Pero también queremos trabajar fuertemente con quienes tienen intervención para que quien tenga que irse de su lugar sea el agresor. No quiere decir que no vamos a abrir más casas de amparo, sino que queremos fortalecer las dos ideas. Está bien la casa de amparo, porque es una instancia de acompañamiento específico a las mujeres, pero también tenemos que trabajar para que quien tenga que desarraigarse de su entorno de afectos no sea la mujer. De las 15 casas de amparo, una es de la provincia, el resto son de organizaciones y de municipios y comunas.
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—¿Cómo evalúa el crecimiento de los índices de femicidios?
—El femicidio es la expresión más compleja de la violencia de género. Tenemos que trabajar fuerte y articuladamente con todas las áreas en estas cuestiones que hablábamos al principio. Nuestra provincia tiene un número muy alto de femicidios sostenidamente desde hace muchos años. Por lo menos desde que se empezó a medir, porque antes no se medía. A partir de la reforma del Código Penal, el femicidio empezó a tener más visibilidad y muchas organizaciones empezaron a medir. El compromiso tiene que ser trabajar sobre las desigualdades estructurales. Tenemos que trabajar en muchos niveles a la vez. La respuesta que se dé desde el Poder Judicial tiene que ser contundente en este tema.
—¿Se refiere a lo penal?
—Sí, y en todos sus aspectos. Este tema excede a la provincia. No hay lugar para grises en estos temas. Como pasó con el juez de Chubut, lo del "desahogo sexual", marca que hay muchas cuestiones para seguir trabajando fuertemente. Y respecto a los femicidios es eso: trabajar en la atención de cada uno de los casos de violencia, garantizar que todas las mujeres que están atravesando una situación de violencia tengan una respuesta del Estado en cada uno de sus niveles y en todos los niveles que sean necesarios. Necesitamos indicadores justamente para poder evaluar en determinadas situaciones qué parte del Estado está fallando, porque es la forma que tenemos de corregirlo. Es necesario trabajar con las distintas instancias territoriales para que las mujeres sepan que no está bien por lo que está pasando pero que además tiene un Estado que tiene la responsabilidad de ayudarla.
*La reglamentación de la Ley provincial 13.348 establece que el primer nivel de atención de violencia son los municipios y comunas, con un criterio de cercanía. El segundo nivel es la provincia, que apoya o acompaña a los gobiernos locales. “Por ejemplo, en el caso de que una mujer y sus hijas e hijos tengan que ser alojados en un centro de protección, el equipo local es el que trabaja para generar las condiciones del egreso de esa mujer y la exclusión del agresor. Se hablar de primer o segundo nivel, pero la articulación es constante”, explicó Arena.
