El socialismo propone una Ley de Alimentación Pública para Santa Fe

La iniciativa busca articular las políticas alimentarias existentes. Propone la participación activa de las personas beneficiarias y el abastecimiento a través de productores locales. Se trata de un proyecto de ley presentado por la legisladora Érica Hynes.

La diputada socialista Érica Hynes presentó un proyecto de ley de Alimentación Pública para la provincia de Santa Fe. Se trata de una iniciativa que busca garantizar el derecho a la alimentación mediante la articulación de políticas alimentarias. El proyecto apunta a asegurar el acceso a alimentos adecuados en cantidad y en calidad nutricional. También propone incorporar la participación de las personas beneficiarias en el diseño de políticas alimentarias y reivindica el respeto de sus preferencias como parte de sus derechos económicos, sociales y culturales. Además, se busca promover el abastecimiento y el apoyo estatal hacia los establecimientos productivos locales.

“Desde antes de la pandemia cada vez más gente dependía del Estado para alimentarse. En el contexto de la pandemia, la situación se agudizó. No solamente hay más personas que dependen de la ayuda directa o indirecta del Estado, sino que también la llegada de los alimentos a las personas se vio complejizada. Por ejemplo: se tuvo que reemplazar a los comedores escolares por bolsones de alimentos secos”, explicó Hynes, sobre las motivaciones que impulsaron la presentación del proyecto. “La necesidad y el riesgo alimentario van a ser una problemática central y estructural de toda la Argentina”, consideró la legisladora.

Las políticas de alimentación pública incluyen «los alimentos brindados en espacios colectivos, donde el Estado puede participar directamente prestando un servicio o hacerlo indirectamente a través del financiamiento a organizaciones, y la asistencia alimentaria mediante la entrega de mercaderías o de prestaciones monetarias para su adquisición», indica el texto del proyecto.

«El Estado Provincial cuenta con diferentes herramientas, iniciativas, instrumentos y modalidades por medio de los cuales propicia el acceso a la alimentación a la sociedad santafesina. La alimentación pública en Santa Fe incluye comedores financiados por el estado provincial en escuelas, hospitales o el servicio penitenciario. También se considera política alimentaria a las tarjetas brindadas por el Estado», explicita.

«Las políticas son numerosas. Hay diversos niveles del Estado que tienen la responsabilidad de atender esto: Desarrollo Social, Salud, Educación. Una de las características de este sistema tan complejo es la dificultad para articular. Ese es uno de los diagnósticos que nos motiva a llevar adelante un proyecto de ley de Alimentación Pública», aseguró Hynes.

Promover la participación

El proyecto busca fomentar el involucramiento de las personas beneficiarias de las políticas alimentarias, a través de mecanismos consultivos y de foros de participación. La autora del proyecto indicó que el objetivo es generar “una política centrada en las personas que reciben alimentos del Estado y en el tipo de alimentos que se brindan”.

“La alimentación forma parte de nuestra identidad y de nuestra cultura. No es que comemos solamente para satisfacer el hambre o para cumplir con los nutrientes que necesitamos o para conservar la salud. También ejercemos nuestros derechos y nuestra libertad a través de los alimentos”, argumentó Hynes. “Pensemos en nuestros recuerdos de infancia: cómo adquirimos nuestros gustos alimentarios, cómo los linkeamos a nuestra historia, a nuestra identidad, a nuestras familias, a nuestros grupos de pertenencia. Para muchas personas esos recuerdos hoy son recuerdos de comedores públicos, esa es la forma en que están construyendo su relación con la alimentación, sus hábitos alimentarios, sus gustos”, agregó la legisladora.

Para la diputada, “es relevante que las personas beneficiarias puedan participar como una voz más” al momento de definir la política pública. En este sentido, el proyecto genera dos niveles de participación: el Foro de Alimentación Provincial y el Consejo Provincial de Alimentación Pública.

El objetivo del Foro será generar un espacio de intervención directa de la población en las etapas de diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas y programas de alimentación pública. Estará compuesto por las personas beneficiarias de las políticas, productores y proveedores de bienes y servicios locales, representantes del Estado provincial, municipales y comunales y toda la comunidad interesada en la temática. En tanto, el Consejo Provincial de Alimentación Pública realizará, entre otras tareas, el seguimiento y la evaluación de la implementación de las políticas y programas en marcha.

Producción local en la mesa

«El Estado está comprando y va a comprar cada vez más alimentos. Y puede comprar a las grandes superficies, a las empresas trasnacionales, a las empresas que venden alimentos secos y continuar con la misma lógica que tiene hasta ahora. O puede ser innovador, por supuesto con una mayor complejidad y una mayor dificultad que requiere de decisión política y de gestión, y garantizar que exista una cuota cada vez mayor de producción local y de empresas pequeñas y medianas y de cooperativas que puedan atender esto», señaló Hynes.

“Hablamos de la compra de alimentos a empresas pequeñas y medianas, a cooperativas, a pequeños productores y a trabajar con los alimentos de cercanías, que es una forma de reactivar la economía”, puntualizó. El proyecto propone incorporar a las y los pequeños productores como proveedores de los programas, hasta lograr un mínimo del 20°/o en 2025 y del 40% en 2030, del total de gastos realizados por el Estado en alimentos. En 2025, se espera que los programas de alimentación pública incluyan un mínimo de diez micro y pequeños productores y diez micro, pequeñas y medianas empresas locales abastecedoras por cada 10.000 raciones de alimentos.

«En cualquier pequeña o gran comunidad de Santa Fe hay algún emprendimiento de manufacturas de alimentos, artesanal o industrial, o producción de verduras o emprendimientos frutihortícolas. El objetivo es aprovechar este motor del Estado interviniendo en alimentos para desarrollar estas empresas locales, para lograr que se formalicen y que tengan empleo de buena calidad. Y a su vez, potenciar y venderle alimentos al resto del país. Son esas mismas Pymes las que después van a garantizar mayor empleo, bienestar y una reactivación económica real», justificó Hynes.

«Nuestra intención es avanzar con metas claras y porcentajes estipulados por ley de compra a empresas santafesinas y de menor escala. La ley se refiere a la inclusión de pequeños productores, productores indígenas, productores furtihortícolas de cercanías, de los cordones periurbanos y todo eso favorece las formas más sustentables de cultivo», aseveró.

Soberanía y seguridad alimentaria

El proyecto de ley toma dos conceptos nodales: soberanía y seguridad alimentaria. «La soberanía alimentaria es un concepto bastante complejo que descansa sobre ciertos pilares, uno de ellos es poner a las personas en el centro de las políticas. Además, localiza los sistemas alimentarios. Es decir, juega con los productores locales y trata de disminuir las compras a enormes distancias. Apoya lo local y el control local, es decir que las decisiones se tomen con los Estados de cercanía, con lo cual una ley provincial justamente está aplicando este principio de la soberanía alimentaria», explicó Hynes, quien además es investigadora del Conicet en Tecnologías de Alimentos.

«La soberanía alimentaria promueve el conocimiento y las habilidades de las personas. O sea que las propias personas pueden poner en juego sus conocimientos sobre los alimentos, opinar. En nuestra propuesta esto es importante porque tiene que ver con la cultura gastronómica local, con la economía social como un acervo que es necesario proteger y valorizar y además tiene un componente de ser compatible y tener una relación de sustentabilidad con la naturaleza», agregó.

Por otra parte, la seguridad alimentaria «es un término técnico que refiere a la calidad y a la cantidad: que los alimentos estén disponibles en cantidad necesaria, a un precio adecuado y que no nos enfermen, que permitan conservar la salud». Consultada por Pausa sobre los productos agroecológicos, Hynes aclaró que si bien el proyecto no lo refiere explícitamente, sí puede contribuir a esos modos de producción en los establecimientos locales.

«Actualmente la mayoría de los fondos se gastan en alimentos secos que no se compran en las cercanías, que viajan largas distancias. La idea es poder potenciar este tipo de cultivos, agroecológicos, de cercanías, e incluso por ejemplo la cuestión de frutas. Teníamos algo de producción de duraznos y de cítricos y con el tiempo eso se ha ido abandonando. Y es una actividad que tiene impacto porque realmente son productos que demandan bastante mano de obra, que no es la agricultura extensiva de soja, sino que diversifica la matriz productiva», graficó la legisladora.

«Esta ley puede encabezar un círculo virtuoso de cambio en el sentido de agregar valor, desarrollar innovación en determinados nichos de la cadena alimentaria, como son los insumos o las cadenas de suministros y abastecimientos y a la vez proveer con productos de mayor calidad y en cantidad adecuada a las personas que lo necesitan», finalizó.

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