En lo que va del año se registraron más de 7700 incendios en las islas, la mitad en el mes de julio. El Ministerio de Ambiente de la Nación se constituyó como querellante en la investigación para detectar a los responsables. La Justicia de Santa Fe también investiga de oficio. El delito de incendio intencional establece una pena de tres a diez años de prisión Los operativos para controlar los incendios superan los 10 millones de pesos diarios.
Las quemas en las islas del delta del Paraná son un problema constante que se agrava año tras año. Para ponerles un límite, el gobierno nacional, las provincias de Santa Fe y de Entre Ríos y la Justicia Federal trabajan en distintas acciones tendientes a la protección del medio ambiente.
Esta semana el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, informó que su cartera fue reconocida en calidad de querellante en la investigación por las quemas intencionales en la zona de las islas del delta del río Paraná. Así, la Justicia dio lugar a la solicitud del Ministerio, lo que le permitirá participar de todas las instancias de la causa que se tramita en el Juzgado Federal Nº 1 de Paraná.
“No vamos a parar hasta solucionar definitivamente esta situación que pone en serio riesgo el ecosistema compartido por Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires”, señaló Cabandié, quien además aseguró que “desde el Ministerio se velará por la integridad de la biodiversidad y el cuidado del hábitat de numerosas especies de flora y fauna que habitan la zona”.
Es importante recordar que desde que se reanudaron los incendios en el mes de junio, el Ministerio respondió con acciones concretas para enfrentar el conflicto. Cabandié suscribió la denuncia penal contra quienes provocaron de manera intencional las quemas; brindó recursos –junto a la Administración de Parques Nacionales– para combatir los focos (como un camión hidrante, helicópteros y brigadistas forestales); entregó a Santa Fe dos equipos colectores de aire; y sobrevoló la zona afectada en dos oportunidades.
No obstante, los incendios siguieron registrándose en la zona, por lo que el Gobierno nacional destinó nuevos aportes en materia de apoyo económico y logístico. Los ministerios de Ambiente, de Seguridad y de Defensa desplegaron aviones hidrantes, observadores, helicópteros y buques. Dichos recursos se suman al combate terrestre de los numerosos brigadistas forestales de la Nación, Santa Fe y Entre Ríos, que junto a bomberos voluntarios, trabajan para sofocar los focos ígneos.
Paralelamente, el Ministerio sigue trabajando para encontrar una solución integral y llegar a un acuerdo interjurisdiccional —consensuado por la Nación y las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires— para establecer pautas de sostenibilidad y asegurar la preservación de la zona en el presente, mediano y largo plazo y finalmente encontrar una solución a un problema que acarrea años de historia.
Investigación de oficio
La Fiscalía Regional de la Primera Circunscripción Judicial de Santa Fe comenzó a investigar de oficio los incendios de pastizales en zona de islas y espacios públicos en el departamento La Capital. Las diligencias se iniciaron la semana pasada y están a cargo del fiscal Estanislao Giavedoni.
El funcionario del Ministerio Público de la Acusación (MPA) informó que “se agregaron al legajo sendas denuncias presentadas el viernes pasado en el MPA”. En tal sentido, detalló que “una de ellas es del Poder Ejecutivo provincial –suscripta por el Fiscal de Estado, Rubén Luis Weder–, y la otra es del intendente de la ciudad de Santa Fe, Emilio Jatón, con patrocinio del Fiscal Municipal, Leandro Maiarota”.
“Estamos ante hechos que afectan el derecho a un ambiente sano en los términos del artículo 41 de la Constitución Nacional”, sostuvo Giavedoni y añadió que “también hay que tener en cuenta lo establecido en los artículos 186 y 189 del Código Penal en los que se refiere a quien cause incendios y establece las correspondientes penas en función de la culpa o el dolo de la figura delictiva”.
“En nuestra zona no hay interjurisdiccionalidad del fenómeno, es decir, los focos ígneos se producen dentro de los límites provinciales. Por eso la competencia es ordinaria y corresponde al MPA la investigación”, aclaró.
“El objetivo de las diligencias ordenadas es obtener la mayor información posible para determinar eventuales responsables que, por acción o por omisión, hubiesen colaborado con las quemas producidas”, manifestó el fiscal.
Giavedoni informó que “el mismo día que iniciamos la investigación de oficio se dispusieron diversas diligencias”. Agregó que “solicitamos informes a Bomberos y al Servicio Meteorológico Nacional. También requerimos la actuación de personal especializado en delitos ambientales de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) para que realicen tareas de reconocimiento y verificación de los hechos”.
“También contamos con imágenes satelitales y enviamos oficios a Catastro provincial y municipal y al Registro de la Propiedad de la provincia para contar información precisa acerca de la titularidad de los dominios”, sostuvo el fiscal.
Entre Ríos será querellante
El fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, precisó este miércoles que la provincia se constituirá como querellante en la causa que investiga la Justicia Federal por los focos de incendios producidos en las zonas ribereñas de Rosario y Entre Ríos.
Entre Ríos presentará pruebas y propondrá medidas dentro del futuro juicio, con “un rol más activo”, explicó Rodríguez Signes.
En ese sentido, remarcó que en la denuncia promovida por el gobierno “el bien jurídico protegido es el ambiente”, y que se responsabiliza a los propietarios que “civilmente tienen responsabilidades” ya que “patrimonialmente hay una responsabilidad por ser el dueño”.
Según el funcionario, el objetivo es “concientizar a los propietarios de que no sólo hay una sanción penal, sino también civil de daño ambiental que le va a terminar provocando a ellos un perjuicio”.
Los arrendatarios deberán “colaborar con el Estado en el control, porque la provincia no puede poner un policía por cada hectárea, ya que el Delta tiene un millón de hectáreas”, apuntó.
Además, se modificarán las multas creando un nuevo mecanismo para “que sean efectivamente cobradas y no como sucede actualmente, que se pierde en el proceso judicial”, detalló Rodríguez Signes.
La denuncia penal presentada por el gobernador Gustavo Bordet por la violación del artículo 186 y 194 del Código Penal (incendio intencional y entorpecimiento de medios de transporte), establece una pena de tres a diez años de prisión.
Por otro lado, el gobierno entrerriano convocó este viernes a los propietarios de las tierras “en su mayoría santafesinos”, a un encuentro en la ciudad de Victoria junto a autoridades provinciales, municipales, Prefectura, Defensa Civil y fuerzas de seguridad.
También buscan impulsar una ley que establezca un régimen para el uso sustentable de bienes inmuebles integrantes del dominio público provincial, ubicados en zona de islas y humedales de Entre Ríos, y del dominio privado que no tengan afectación específica.
Finalmente, avanzan junto a las provincias de Santa Fe y Buenos Aires y el gobierno nacional en el relanzamiento del Plan Integral Estratégico para la Conservación y el Aprovechamiento Sostenible del Delta del Río Paraná (Piecas).
El Piecas es un modelo de gestión que busca “superar los abordajes parciales, facilitar compromisos en un mismo ecosistema compartido”.
Uno de los imputados en la causa, el médico José María Vicenti, detalló que se iniciaron las indagatorias en los Tribunales de Rosario, y rechazó ser autor o partícipe de los delitos.
“Si te prenden fuego el auto en la puerta y te quieren cobrar por la acción del humo, aparte de perder al auto tenés que cargar por lo que generó el humo, pero estoy afectado al igual que todos los rosarinos”, dijo el médico a Diario Uno.
El intendente de Victoria, Domingo Maiocco, dijo que las causas de los incendios son “la bajante histórica, la sequía, heladas y una conjunción de hechos que hacen que el volumen de materia seca sea realmente voluminoso”.
Maiocco indicó a la agencia APF que “una vez que un foco empieza a arder se propaga rápidamente por debajo de la tierra, por lo que es difícil apagarlo en forma aérea”, sumado a que “no hay ningún cortafoco”.
Por eso señaló que “es interesante” que el Estado intervenga con controles, y propuso “hacer un dragado en la zona y luego un plan de trabajo racional sobre ganadería”.
Reclamos a la Justicia Federal
La provincia de Santa Fe y el gobierno nacional trabajan en conjunto para controlar los incendios en la zona de islas del delta del río Paraná, mediante un operativo con aviones hidrantes y vigías, y helicópteros. Las tareas, enfocadas en frenar el avance del fuego y combatirlo, se realizan bajo la coordinación de la Secretaría de Protección Civil de Santa Fe, personal del Sistema Nacional del Manejo del Fuego, y bomberos.
En ese marco, desde el Aeroclub de Alvear, donde se montó el Centro Operativo, el secretario de Protección Civil de la provincia, Gabriel Gasparutti, informó que se está ante la “presencia de una cantidad de focos, que en superficie es mucho mayor a la del operativo anterior, hay tres epicentros muy importantes y después otros más pequeños, dispersos en una superficie que abarca desde San Lorenzo hasta Villa Constitución”.
“Prácticamente no hay dudas de que estos incendios son provocados”, añadió el funcionario, y remarcó: “Reclamamos una posición más fuerte y más firme por parte del gobierno de la provincia de Entre Ríos y de la Justicia Federal de Entre Ríos. Nosotros somos los afectados y estamos disponiendo muchos recursos, pero es necesario que Entre Ríos sea más firme en los controles”.
En ese sentido, precisó que los costos estimados del operativo superan los 10 millones de pesos diarios. “Hay que acelerar las medidas necesarias para que esta situación no se vuelva a repetir, y se termine, porque los afectados son más de 1.200.000 santafesinos”, sentenció.
A su turno, el director del Sistema Nacional del Manejo del Fuego, Alberto Seufferheld, señaló que la gran cantidad de humo “dificulta operar a las aeronaves”, y anticipó que hoy se sumará un avión y un helicóptero.
Asimismo, resaltó la “difícil” tarea de los brigadistas por el tipo de terrenos donde se debe trabajar, al tiempo que destacó la puesta en marcha de protocolos Covid-19 sobre quienes desempeñan tareas en el lugar. En este punto, dijo que “Santa Fe está haciendo un trabajo importante en aislar a cada una de las brigadas, porque arriban grupos de distintos sectores”.
Emergencia socio ambiental
El diputado provincial Juan Cruz Cándido pretende sentar un precedente para que la provincia extreme las medidas para mitigar, erradicar y prevenir los incendios en las islas del delta del Paraná.
El legislador impulsa un proyecto para que la Cámara de Diputados de Santa Fe declare la “Emergencia por Catástrofe Socio Ambiental” en el territorio provincial por los constantes incendios en el Delta del Paraná. El pedido se funda primero en el daño ambiental al sistema de humedales compartidos con Entre Ríos, y segundo por lo perjudicial que resulta el humo tóxico que emana desde las islas y perjudica la salud de cientos de miles de santafesinos que viven en las ciudades más afectadas: Rosario, Santa Fe, San Lorenzo, y el sur de la provincia de Santa Fe. “Esta declaración le da un marco institucional diferente al trabajo que debemos encarar desde todo el arco político para frenar el desastre ambiental en las islas entrerrianas. Venimos exigiendo a los Ejecutivos de ambas provincias y al Ejecutivo nacional que se sienten y resuelvan el problema, y no tenemos las respuestas esperadas”, sentenció Cándido.
Investigadores y científicos manifestaron su preocupación por la quema de humedales
“Estamos viendo una destrucción sin precedentes en el Delta, con más de 7704 focos de incendios en lo que va del año, de los cuales 3628 se produjeron durante el mes de julio (según el Museo de Ciencias Naturales Antonio Scasso), y vemos también que la Provincia, la responsable de cuidar la salud de los santafesinos mira desde afuera como el desastre ambiental avanza”, enfatizó Cándido y continuó: “Es inadmisible la pasividad del gobernador, sentimos que muchas de sus declaraciones sobre el tema son para calmar los ánimos pero sin la convicción de solucionar el problema”.
Con la declaración de emergencia se exhorta al Ejecutivo provincial a extremar las medidas de acción para mitigar, erradicar y prevenir los incendios “en uno de los humedales más grandes e importantes del país”. Cándido remarcó que esta medida no es la única en la que están trabajando y recordó que días atrás presentó un pedido de informes para conocer si la Fiscalía de Estado intervino judicialmente en la causa tramitada por la Justicia Federal de Entre Ríos, si hay un estudio de impacto en la salud de los santafesinos, entre otros temas.
