El presidente derogó el decreto de intervención de la empresa agroexportadora. “No estamos dispuestos a adoptar riesgos que podrían traer como consecuencia la estatización de deuda privada”, argumentó. Final deslucido para un proyecto mal diagnosticado.
El capítulo de la intervención/expropiación de la empresa Vicentín está cerrado. El viernes por la tarde el presidente Alberto Fernández anunció la derogación del decreto 522/2020, por el cual había ordenado el pasado 9 de junio la intervención, por 60 días, de la agroexportadora de Avellaneda, como paso previo a su expropiación.
El fracaso de las negociaciones para la constitución de un fideicomiso (la famosa “alternativa superadora” que intentó sin éxito el gobierno de Santa Fe) y la presión del poder económico llevaron al presidente a retirarse de un proyecto que estuvo mal diagnosticado desde el primer día, cuando se puso como meta la “soberanía alimentaria” que muy pronto iba a dejar de ocupar el centro del debate.
El anuncio de salida no tuvo la grandilocuencia de aquella conferencia en la cual se anunció la fallida intervención de la firma: fue a través de un escueto comunicado publicado en redes sociales, acompañado por la reproducción del decreto 636 que deroga el decreto 522, origen de la discordia.
En el comunicado oficial, el presidente se refirió en forma crítica al rechazo de la intervención estatal por parte del juez de Reconquista Fabián Lorenzini, quien tiene a su cargo el concurso de acreedores de Vicentín. Aquella negativa fechada el 19 de junio, apenas diez días después del decreto de intervención, fue el principio del final de una aventura que no fue calculada con responsabilidad y cuyo costo político ahora recaerá sobre el gobierno nacional y sobre el presidente.
Vicentín: el fracaso de la mediación deja a la vista el poder de la empresa
“El juez interviniente en el concurso (Lorenzini) no ha permitido hasta aquí que el Estado pudiera conocer cuál es el pasivo real de la compañía. Ha impedido también el acceso de la intervención a su gestión y, lo que es peor aún, ha mantenido en sus funciones a los mismos directores que, ante la pasividad del tribunal, siguen sin entregar el balance y memoria del ejercicio 2019”, comienza el comunicado oficial.
“El Estado nacional no va a comprometer recursos públicos mientras el actual directorio permanezca en la empresa, ni tampoco integrará un fideicomiso compartiendo la gestión del mismo. Nuestra intención siempre fue rescatar a la empresa, preservar los activos, colaborar con los productores damnificados y mantener las fuentes de trabajo. Pero también nuestra obligación es que se investiguen las maniobras que provocaron el estado de falencia en el que la empresa ha caído”, agrega el texto divulgado por el presidente.
Según Fernández, la intervención por 60 días era fundamental antes de declarar a Vicentín SAIC como un bien de utilidad pública y para conocer su verdadero estado patrimonial. Pero, aclaró, “en estas condiciones no estamos dispuestos a adoptar riesgos que podrían traer como consecuencia la estatización de deuda privada para que los argentinos y las argentinas deban hacerse cargo del irresponsable proceder de los actuales administradores”.
Por último, el presidente anunció que los próximos pasos del Estado serán tratar de recuperar la deuda que mantiene Vicentín con el Banco Nación, la Afip y otros organismos públicos: “He dado instrucciones a todos los organismos involucrados para que realicen las acciones civiles, comerciales y penales que permitan la recuperación de los créditos reclamados en el concurso preventivo, dirimir responsabilidades y preservar los intereses del Estado”.
El gobierno nacional falló en el diagnóstico inicial y luego no tuvo la fuerza suficiente ni siquiera para sentar a un representante del Estado en el Directorio de Vicentín. Los accionistas de la firma ganaron la batalla, los acreedores (entre ellos el propio Estado) deberán continuar la vía judicial sin ninguna certeza de recuperar lo que por derecho les corresponde y el poderío del gigante de Avellaneda sigue intacto. Un error de cálculo que derivó en un paso en falso del gobierno, en un momento muy delicado en el cual los esfuerzos debían orientarse a mitigar el impacto del coronavirus.
