La ley de humedales es necesaria en términos presupuestarios y de protección de los ecosistemas. Un repaso por las iniciativas presentadas en el Congreso y en la Legislatura.
Si la Ley de Humedales hubiera sido aprobada, al cuidado de las islas le hubieran correspondido en el presupuesto 2021 casi 25 mil millones de pesos. El ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Cabandié, estimó que el Estado gasta 20 millones de pesos diarios en apagar los fuegos que arrasan el humedal. Si todos los días se sofocaran incendios, eso representaría siete mil millones de pesos anuales. Es menos de la tercera parte del presupuesto que le correspondería en 2021 al Fondo Nacional que postula la iniciativa legislativa.
El proyecto de Ley de Humedales, presentado por el diputado Leandro Grosso, del Movimiento Evita, está siendo debatido en comisiones. Desde 2013 se presentan proyectos para proteger uno de los principales ecosistemas del planeta, que representa el 20% del territorio nacional. Nunca terminan de aprobarse por el lobby ruralista en el Congreso, que tiene más de una bancada propia.
Tanto en Rosario como en Santa Fe –también en las sierras cordobesas– se formaron grupos de voluntarios para apagar los incendios. El ministro Cabandié visitó en numerosas oportunidades nuestra provincia, se formaron grupos especiales de bomberos y el Ministerio de Defensa destacó dos buques y personal de diversos batallones. Sin embargo, pobremente pertrechados, sin entrenamiento y con un coraje a veces imprudente, hasta en el fracaso de sus esfuerzos las brigadas de voluntarios terminaron haciendo evidente la ineficacia del Estado. Viajando por los ríos en piraguas, con baldes de 20 litros, rociadores de fumigación para jardín, mopas de goma, palas caseras y lo que haya a mano, en más de una ocasión fueron la única línea ante las llamas, que no pararon durante todo el año.
El diputado provincial Carlos Del Frade estima que entre enero y octubre se vienen quemando unas 300 mil hectáreas de las 1.750.000 que comprende el Delta del Paraná. Se supone que el proceso debería detenerse para dar lugar al verdeo de primavera, pero quién sabe. Los fuegos avanzaron en 14 provincias, no sólo afectaron al humedal: las quemas fueron particularmente intensas en Córdoba y Chaco. No se sabe cómo, las llamas tomaron como criterio general incinerar el bosque nativo y mantenerse lejos de la tierra cultivada o de pastoreo.
La falta de fondos estatales para ejecutar las leyes existentes –como la de Bosques Nativos y la de Manejo del Fuego– y la inmovilidad de la Justicia, además enmarañada en sus oscuros dilemas jurisdiccionales, deja todo en manos de los intereses de la renta agropecuaria o inmobiliaria. Mientras tanto, las ciudades se vieron tapadas de humo por meses. Extraños pájaros buscaron donde resguardarse, las bichas se cruzaron desesperadas. El resto de los animales ardió a los gritos o quedó boyando por la tierra yerma. Las protestas en Santa Fe y Rosario, coordinadas por multisectoriales, se hicieron sentir en sucesivas marchas. El olor a quemado se hizo común y el tema logró ocupar algunos minutitos de la agenda de Capital Federal, que todos los argentinos soportamos a diario en las pantallas.
Qué hacer
La Ley de Bosques Nativos y la de Manejo del Fuego ya estipulan, por igual, que las zonas afectadas por incendios deben ser recuperadas y restauradas, manteniendo la categoría previa en el ordenamiento territorial. Es decir: no se puede quemar la isla protegida para después meter vacas o un country.
El control continuo de todo el humedal y el destacamento de fuerzas para el control del fuego todo a lo largo del Paraná parecen propuestas de imposible realización, más todavía con el presupuesto existente. Esa es una de las claves del proyecto de Ley de Humedales que está en el Congreso: la plata. El Fondo Nacional para los Humedales tendría, por ley, el equivalente anual a no menos del 0,3% del presupuesto (o 25 mil millones, a valores del presupuesto 2021).
También hay otros proyectos en danza, que buscan controlar las llamas de otro modo: inutilizándolas. La quema de humedales y de bosques (nativos o implantados, da igual) tiene como objetivo arrasar para que entren vacas o casas. Con la firma de Máximo Kirchner a nivel nacional y de Carlos del Frade a nivel provincial, dos proyectos refuerzan las leyes preexistentes, estipulando plazos claros y contundentes en los cuales una zona quemada queda intangible respecto de su uso hasta que se pueda recuperar.
Estos son los rasgos principales de los tres proyectos:
* Ley de humedales. Primero, busca definir qué es un humedal. Para eso, estipula la creación de un Inventario Nacional de Humedales, cuyas primeras fases deben concretarse en no más de cinco años desde sancionada la ley. Fuera de ello, los humedales que ya son considerados como tales –la isla, por ejemplo– entran directamente en las generales de la ley. El Inventario debe dar cuenta del estado de conservación o degradación del humedal y de sus posibles amenazas. La ley crea de una Autoridad Nacional, que debe implementar un Programa Nacional de manejo y un Fondo. Ese Fondo es el que recibe el 0,3% del presupuesto.
Se obliga a las provincias y a la ciudad de Buenos Aires a hacer un Ordenamiento Territorial de Humedales, determinado y limitando cuáles son sus usos y funciones ecosistémicas. La ley autoriza el uso económico racional sustentable, privilegiando comunidades que residan en el humedal (isleros) y pueblos originarios. Se establece el deber de restauración de humedales degradados.
El mal uso o daño significativo tiene castigo hasta penal. Las sanciones comprenden hasta 50 mil salarios mínimos. Hoy representan más de 800 millones de pesos. Se pena con prisión de 2 a 6 años para quien dañe significativamente un humedal protegido, y de 1 a 3 años para quienes alteren cursos de agua o exploten ilegalmente la diversidad biológica
* Modificación a la Ley de Manejo del Fuego. Es la propuesta de Máximo Kirchner, que cuenta con el apoyo, por la provincia de Santa Fe, de los diputados nacionales Marcos Cleri, Germán Martínez y Alejandra Obeid. La modificación precisa la prohibición por 60 años para cambiar el uso y destino del suelo previo al incendio, también su subdivisión, loteo y parcelamiento. En caso de ser tierra fiscal, sólo se permite su arrendamiento. Si el fuego ocurre en “áreas donde las estructuras edilicias se entremezclan con la vegetación”, se prohíben por 30 años los emprendimientos inmobiliarios y cualquier actividad agrícola que no se haya hecho desde antes en ese suelo.
* Ley de Restauración de los Terrenos Incendiados. Es la propuesta de Carlos Del Frade en la Legislatura. Prohíbe por 30 años el cambio de uso forestal y toda actividad incompatible con la regeneración de la cubierta vegetal. Establece como autoridad de aplicación a los Ministerios de Medio Ambiente y de la Producción y estipula la creación de una Junta Provincial de Protección de la Biodiversidad, con la participación de organizaciones ambientalistas, con el objetivo de “socializar la información con las agencias estatales” y “controlar, desde la ciudadanía, las medidas que se tomen”.
