El gobierno nacional y el Congreso deben crear un programa para el acceso a la salud integral del colectivo travesti, trans y no binarie. Pero hacen falta voluntad política y presupuesto para comenzar a reparar una situación que ha condenado al colectivo a la violencia, la exclusión y la discriminación, sostiene el autor.

Por Esteban Paulón (*)

La historia de Wen Vera, un joven trans/no binarie de La Plata que organizó una rifa para costear su toracoplastía, desnudó la inadmisible demora del Estado nacional, y muchos estados provinciales, para cumplir con un derecho garantizado por ley desde 2012. La crisis económica y la pandemia COVID-19 sólo agravaron el cuadro. A contramano de lo ocurrido en la mayor parte del país, hasta diciembre de 2019 Santa Fe practicó 145 operaciones de identidad de género en sólo 4 años.

Para quienes militamos en el colectivo LGBT+, y hemos diseñado e implementado políticas públicas para la diversidad sexual, la historia de Wen nos suena conocida. Peregrinar por centros de salud y hospitales intentando se cumpla con un derecho ya consagrado por ley – pero para lo cual el Estado ha movido poco y nada sus resortes institucionales – y ante la falta de respuestas, activar acciones que dependan de unx mismx.

Es que en Argentina el derecho a la salud integral del colectivo trans está garantizado desde 2012 en el artículo 11 de la Ley 26.743 de Identidad de Género. E incluso fue reglamentado en forma detallada por el Decreto 903 de mayo de 2015. Pero más allá de las normas, en la vida cotidiana de las personas travestis, trans y no binaries, aún cuesta mucho acceder siquiera a una terapia hormonal. Ni que hablar de las operaciones que, de acuerdo a su mayor o menor complejidad, puede llegar a ser sólo un sueño.

Tras la ley de Identidad de Género ni el Estado nacional, ni casi ningún Estado provincial, crearon un Programa nacional de Salud Integral trans. Una herramienta indispensable para poder promover la aplicación de la ley, y el cumplimiento efectivo de los derechos reconocidos. Un programa que coordinara la capacitación y formación médica, el suministro de insumos, y la creación de servicios especializados a nivel regional, que de a poco achicaran la brecha entre la ley y la vida real.

Por eso, la rifa y el reclamo de Wen, ocho años después de haber logrado la mejor ley de Identidad de Género del mundo (impulsada por la FALGBT y ATTTA), duele.

Para quienes no dimensionan la importancia de este tema, en la actualidad diversos estudios sitúan la expectativa de vida del colectivo trans en Argentina entre los 35 y 42 años. En cualquier caso, es de la mitad de la expectativa de vida de la población cis género. Y una de las grandes razones de este impactante dato, la podemos encontrar en la falta de acceso a la salud integral.

La auto medicación, el sometimiento a tratamientos y modificaciones corporales sin el adecuado acompañamiento profesional, la expulsión de los servicios de salud, y el abandono de este aspecto central de la vida frente a un sistema que sólo sabe cerrar puertas, contribuyen enormemente.

Seguramente muchas y muchos dirán que «hay otras prioridades» para la salud. Que esto es «muy complejo», que «no se pueden modificar las prácticas de un sistema que tiene siglos». Yo les digo, se puede. En Santa Fe, pudimos. Sólo hace falta decisión política.

La experiencia de la provincia de Santa Fe acerca de la salud integral trans comenzó en Rosario en agosto de 2007 (sí, cinco años antes de la aprobación de la ley de Identidad de Género). Desde la entonces recientemente creada Área de la Diversidad Sexual, y el Programa Municipal de SIDA, se implementó el primer «consultorio amigable» del país, que no sólo se planteó como un espacio abierto y libre de discriminación, sino también como un espacio para comenzar a acompañar profesionalmente, los procesos hormonales de las personas travestis y trans de la ciudad.

Años más tarde la experiencia se trasladaría al Gobierno provincial que, durante la gestión del Frente Progresista –especialmente entre 2012 y 2019– convirtió la temática en una política de Estado. Al menos hasta que el cambio de gobierno y la pandemia del COVID 19 pusieron en suspenso muchas de las acciones en curso hasta diciembre 2019.

En esos años, y en un proceso gradual, pero sin pausa, se logró «nominalizar» a las personas del colectivo trans en el sistema informático de salud, permitiendo conocer en tiempo real las estadísticas acerca de la atención de personas travestis, trans y no binaries en los Centros de Atención Primaria y Hospitales provinciales.

Casi 800 personas travestis, trans y no binaries estaban adscriptas a los efectores de salud públicos de la Provincia de Santa Fe en el año 2018. La edad promedio del total de personas trans adscriptas era de 37 años, siendo la edad más frecuente la de 25 años y el 50 % de la población tiene menos de 35 años. Eso representa el 70% de la población con una carpeta médica activa en el sistema público santafesino. Y, en promedio, habían concurrido a más de 7 consultas médicas en ese año.

Cerca de 60 equipos de salud de todas las regiones de la provincia recibieron la capacitación para la atención del colectivo travesti, trans y no binarie desde una perspectiva de derechos humanos, sin discriminación, equipos con los cuales también se trabajó para montar la logística de compra y distribución de las terapias hormonales requeridas.

Entre 2014 y 2019 se realizaron 145 operaciones de identidad de género en los servicios de salud pública provincial especialmente capacitados. 47 de esas operaciones fueron como las que aún espera Wen en La Plata. También se realizaron 46 genitoplastías feminizantes y 43 implantes mamarios.

De todos modos, las listas de espera para las intervenciones quirúrgicas aún son numerosas. Es que recién a partir de la ley de Identidad de Género (2012) muchas de estas prácticas se pudieron realizar sin autorización judicial.

Sin dudas los datos expresados anteriormente muestran que, con voluntad política y presupuesto, es posible comenzar a reparar una situación que durante década ha condenado al colectivo travesti, trans y no binarie a la violencia, la exclusión y la discriminación. Sólo hace falta poner en el centro de nuestras acciones a aquellas y aquellos que históricamente han sido vulnerados.

El Gobierno nacional puede hacer algo ya mismo. Crear un Programa nacional para el acceso a la salud integral del colectivo travesti, trans y no binarie. Y el Congreso también.

Diputadas, Diputados, Senadoras y Senadores tienen la posibilidad de contribuir a un cambio muy profundo en la calidad de vida y acceso a la salud de este colectivo, aprobando sin demora la Ley Integral trans. Una ley de máxima, que garantiza derechos y aporta herramientas de política pública para que nuestros derechos no queden sólo en una expresión de deseo.

Que sea ley la Ley Integral, y que sea una realidad el acceso a la salud travesti, trans y no binarie. Por Wen, por todes.

(*) Director Ejecutivo del IPP LGBT+ y ex Subsecretario de Políticas de Diversidad Sexual del Gobierno de Santa Fe

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