Procrear Rural: familias agricultoras reclaman una ley de acceso a la tierra

El reaseguro de la tenencia de tierra es fundamental para diseñar experiencias de producción agroecológica y para generar condiciones dignas de trabajo y vivienda a las familias campesinas. La semana pasada se presentó en el Congreso un proyecto que busca garantizar el acceso a terrenos productivos a las y los trabajadores rurales.

La Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) impulsa un proyecto de ley para el acceso a terrenos productivos por parte de las familias agricultoras. La iniciativa legislativa fue presentada el jueves pasado en el Senado de la Nación. Cuenta con el aval de los ministerios de Desarrollo Social y de Agricultura y del bloque del Frente de Todos, que tiene mayoría es ambas cámaras. Es la tercera vez que un proyecto de este tipo se presenta en el Congreso -la primera vez fue en 2016. El objetivo es generar un fondo fiduciario que permita a los grupos familiares que trabajan la tierra el acceso a créditos blandos para la compra de predios productivos.

El proyecto de ley determina la creación de un «fondo fiduciario público de crédito para la agricultura familiar» como política de desarrollo económico y social, con el objeto de facilitar el acceso a créditos destinados a la adquisición de inmuebles rurales y la construcción de viviendas para la agricultura familiar.

La importancia de la tierra

Delina Puma es productora hortícola del periurbano platense. Actualmente es secretaria de Producción de la Unión de Trabajadores de la Tierra y también se desempeña en el Área Técnica del Consultorio Técnico Popular, área de la UTT dedicada a la producción de bioinsumos para contrarrestar el uso de agrotóxicos.

«El proyecto de ley es bastante sencillo: plantea la creación de un fondo fiduciario que permita a las pequeñas familias productoras acceder a un crédito blando para el acceso a la compra de un terreno», explica Delina a Pausa. «Hoy en día para una familia agricultora pensar en un crédito, con las altas tasas de interés que brindaría cualquier banco o cualquier ente de crédito -casi siempre está sobre el 100%- es casi imposible», contextualiza. «También por la cantidad de requisitos que se piden», agrega.

Según datos de la UTT, en Argentina más del 90% de las familias productoras alquilan la tierra que trabajan. Según datos de Fontagro, esas familias producen el 62% de los alimentos que consume el mercado interno. Las verduras que servimos en nuestras mesas son producidas por familias que trabajan en condiciones precarias, que no tienen vivienda y que alquilan de manera informal lotes que apenas alcanzan para salir derecho.

«Cuando suben los alquileres se hace difícil pagar y las familias se tienen que mudar y empezar todo nuevo. No se puede planificar una producción o decidir sobre la producción y eso se sujeta a un modo de producción convencional, basada en agroquímicos y con la necesidad de querer producir rápido, en cantidad o una sola variedad, y de estar atados a un paquete tecnológico que te obliga a producir rápido con el fin de poder llegar a fin de mes», sintetiza Delina. «Con lo que se paga hoy un alquiler, tranquilamente se podría pagar la cuota de un crédito», piensa la productora.

El reaseguro de la tierra, la certeza de no ser expulsados, permitiría mejores condiciones de vivienda y de trabajo para las y los productores. Y por ende, mejor producción. La iniciativa -dice Delina- apunta a una producción sana, sin el uso de agroquímicos: «una producción saludable para el pueblo y también a un precio justo». Para ella, «es una ley realizable. Solo falta decisión política».

En Santa Fe

Delicia Zenteno es referenta de la UTT Santa Fe. El periurbano local está cada vez más afectado por el avance del uso de la tierra con fines residenciales. «Estamos muy preocupados por el avance de la urbanización en las tierras que son productivas, donde hay productores trabajando», afirma Delicia.

«Buscamos que las personas nos apoyen y vean la situación que estamos viviendo, donde cada vez más avanza el negocio inmobiliario y está desterrando a las familias de sus campos. No son campos propios, ese es un problema porque hay que pagar un arrendamiento», cuenta la mujer.

—¿Cuál es la situación de las y los productores ante la falta de tierras?
—Viven en casas precarias que vienen junto con la tierra, tratan de acondicionarla lo más que pueden para el confort de ellos y sus hijos. No pueden invertir en la casa, por ejemplo para hacer un revoque o un piso, porque el dueño en cualquier momento te dice «no te quiero alquilar más, tenés que irte» y no reconoce las mejoras que hace el productor en sus tierras. Está muy limitada la posibilidad de conseguir una vivienda digna y una calidad de vida mejor.

Para la productora, la situación de los contratos es irregular porque «el Estado no se hace cargo». «No sé si al Estado no le sirve la producción o ver los campos llenos de verdura… No puedo entender que en Santa Fe, que era zona de producción de tomates y pimientos, hoy haya descendido en un 90% esa producción y que el Estado no haga nada para que los productores sigan en esto», se lamenta. «Como referenta local le digo a los productores que no se denigren porque sin este trabajo no comeríamos acelga fresca o lechuga fresca, estaríamos comiendo congelados», reivindica.

Delicia señala en pocas palabras la especulación sobre el suelo que asfixia a las productoras y productores de las verduras santafesinas: «Cada seis meses suben los precios y a eso nadie lo controla». «Queremos que se apruebe un Procrear Rural para que, así como el productor puede pagar un arrendamiento, que pueda pagar mes a mes su tierra propia», afirma.

Tener tierras propias o, al menos, aseguradas, cambiaría la historia. «Al tener tu propia tierra podés instalar tu propia biofábrica y producir tus propios preparados para producir la verdura sana, agroecológica. Eso es importante porque al trabajar de forma sana no solo recuperás la salud, también estás recuperando suelo, un suelo que a veces está muy maltratado por tantas sustancias químicas», dice Delicia

«Hay que cuidar la tierra y para eso hay que trabajar de forma saludable, y que al mismo tiempo beneficie el bolsillo del productor. Los preparados agroecológicos están al alcance de cualquiera», finaliza.

El contenido del proyecto

El proyecto de ley que impulsan las familias agricultoras de la Unión de Trabajadores de la Tierra propone la creación de un fondo fiduciario -un fideicomiso-, es decir: un contrato entre partes que se ponen de acuerdo para administrar una serie de bienes. En este caso, esas partes serán el Estado nacional y el Banco Nación.

La función del Banco será administrar los recursos del fideicomiso. El Estado, por su parte, cederá la administración de ciertos bienes incorporados al fondo (por ejemplo, tierras públicas) para el cumplimiento de los objetivos de la ley. O sea: que los grupos familiares inscriptos en el Registro Nacional de Familias Agricultoras sean respaldados ante la toma de un crédito para la compra de predios productivos.

Entre los requisitos para acceder a ese tipo de créditos, se cuentan:

-Que el trabajo en el campo sea cubierto por mano de obra familiar y/o con aportes complementarios de asalariados.

-Que la familia agricultora resida en el campo o en la localidad más próxima a él.

-Tener como ingreso económico principal de su familia la actividad agropecuaria de su establecimiento.

-Se tendrán especialmente en cuenta a los pequeños productores, minifundistas, campesinos, chacareros, colonos, medieros, pescadores artesanales, productor familiar y, también los campesinos y productores rurales sin tierra, los productores periurbanos y las comunidades de pueblos originarios.

El fondo fiduciario tendrá una duración de 30 años, contados desde la fecha de su constitución mediante la celebración del correspondiente contrato de fideicomiso, quedando su liquidación a cargo de quien designe el Comité Ejecutivo de seguimiento del mismo. Las familias que presenten propuestas de desarrollos productivos agroecológicos podrán acceder a créditos con una tasa subsidiada preferencial.

Entre los deberes de las familias que accedan al crédito, se enumera:

-Acatar las normas generales de explotación vigentes y procurar reducir progresivamente la cantidad de agroquímicos utilizados en el predio, así como la toxicidad de los mismos.

-No arrendar, dar en aparcería o bajo cualquier otra forma que implique desprenderse de la dirección de la explotación, ni ceder sus derechos sin consentimiento previo y expreso del Comité Ejecutivo del fideicomiso.

-Implantar y/o conservar la forestación de conformidad a los planes establecidos o que se establezcan, para el cuidado y el mantenimiento de las tierras.

El proyecto de ley establece que «las tierras que compongan el fideicomiso serán destinadas al desarrollo integral de proyectos de colonias o comunidades agrícolas para el acceso a la tierra y a la vivienda familiar, a la compra de tierras privadas que se encuentren en el mercado inmobiliario cuando un sujeto de crédito solicite adquirirlas con el financiamiento del fondo, al otorgamiento de créditos hipotecarios a un sujeto de crédito para la adquisición de tierra y/o viviendas y a otros destinos relacionados al acceso y la mejora de la tierra y la vivienda que determine el comité ejecutivo».

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