Ante el avance de los incendios en las islas, distintos sectores políticos expresaron sus propuestas. Todavía faltan leyes y presupuestos acordes para proteger el medio ambiente.
La bajante histórica, la quema de pastizales –práctica que no es nueva–, cabezas de ganado consumiendo las nuevas pasturas, las llamas y el humo que se mezcla en la densidad del aire, en fin, la expansión de la frontera agraria, es la cara del ecocidio que está ocurriendo en el Delta del Paraná. Los humedales, como en otras regiones en otras nueve provincias, están ardiendo todos los días, sin parar, desde por lo menos junio de este año. Según el Reporte de Incendios del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, hasta el momento son 898.755 hectáreas afectadas por las quemas, en todo el país.
Para el diputado provincial Carlos del Frade, “las quemas que estamos viendo en los humedales es la continuidad de algo que comenzó a producirse en la Argentina a partir del año 2008, con las quemas del Delta del Paraná”. En aquel año, según un informe de la Universidad Nacional de San Martín a cargo de Patricia Kandus, se quemaron 109.401 hectáreas. “Esto es la continuidad de un sistema que no tiene ningún tipo de reparo”, afirma Del Frade. Ese sistema de producción que cambia ecosistemas naturales por soja, agrotóxicos y feed lots de vacas y cerdos, representa el 9,92% del PBI, según un informe de 2019 de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina. Con esos números a su favor, la expansión agropecuaria hoy hace presión sobre los humedales del Paraná. Al respecto, Del Frade advierte que “los grandes sectores partidarios, están con la idea de disfrazar a un sistema que es feroz, que es perverso”. Y agrega que muchos funcionarios dicen que es importante preservar estas fuentes de trabajo, y por lo tanto hay que permitir la explotación del medio ambiente. “Me parece que estas cuestiones terminan generando los problemas que tenemos hoy. Hoy la provincia de Santa Fe tiene el 92% menos de monte y bosques naturales que en el año 1914”, señala.
Otros niveles del Estado
¿Cuáles han sido las respuestas frente a las quemas? Por un lado, desde Nación, han trabajado en conjunto con las provincias afectadas. Respecto a la quema de humedales del Delta del Paraná, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Cabandié, se reunió en agosto con los gobernadores de Santa Fe Omar Perotti y de Entre Ríos Gustavo Bordet. Sobre los incendios en estas regiones ha afirmado que: “La justicia es la que tiene en sus manos la llave para apresar a los responsables”. En lo concreto, nación ha colaborado con las dos provincias enviando aviones hidrantes y brigadas de bomberos. También el Ministerio de Seguridad envió un grupo de agentes de Albatros, pertenecientes a la Prefectura, para buscar disminuir los delitos de este tipo. Respecto a esto, en julio Perotti aseguró en una conferencia de prensa que el gobierno nacional ha puesto lo mejor; “sin ello hubiésemos estado muy mal, no hubiésemos tenido la posibilidad concreta de mitigar esto”. “Es un gran despliegue, y nos hubiera encantado poner esos recursos en otra cosa”, afirmó. Luego agregó: “En estas etapas, a la naturaleza no la parás ni con un decreto, ni con un fallo, ni con una conferencia de prensa, ni con una reunión cumbre. Para poder disminuirla necesita lluvia y esa no la tenemos”.
Por otro lado, otra de las dificultades a la hora de comprender la complejidad de los incendios en los humedales, es identificar cuándo una quema constituye un delito y qué justicia debe intervenir, si la Federal o la Provincial ordinaria. En este sentido, en la edición anterior de Pausa el fiscal Estanislao Giavedoni, fiscal con competencia en delitos ambientales del Ministerio Público de la Acusación, especificó el marco que regula estos asuntos y explicó que cuando no se produzca interjuridiccionalidad, es decir que, por ejemplo, el humo obstaculice la circulación entre Santa Fe y Entre Ríos, la justicia provincial es competente. Cuando fue consultado sobre las posibles causas de los incendios que a su cartera le competen, afirmó: “Todo esto tiene una razón de ser: el cambio del modelo agropecuario en nuestro país, y en particular en nuestra zona. Se pueden observar que, en las zonas de campos, donde usualmente hace diez años vivían vacas, hoy no las hay. Y todo eso fue llevado a la zona de islas y de humedales, donde se generan las pasturas para que estos animales puedan pastar y estar en buena forma. Si a todo esto se le suman algunos convenios que se han estado dando con países como China, gran comprador de nuestras carnes, obviamente incentiva mucho la producción”.
Un largo trecho
Actualmente, en el Congreso de la Nación, hay 13 proyectos de ley de humedales en estado parlamentario. Uno de ellos es del diputado nacional del Frente de Todos, Leonardo Grosso. Su proyecto tiene la cualidad de conceptualizar, definir qué es un humedal, cuestión que en la legislación vigente no está contemplada. En conversación con Pausa, el diputado manifestó que su proyecto plantea una ley de presupuestos mínimos para la preservación de humedales. El diferencial es un capítulo penal y con multas económicas. Siempre las multas económicas fueron bajas y se contemplaron dentro de los costos de producción, lo cual hace que a los negocios no les afecte pagarlas. “Nosotros queremos que se deje de especular con el daño ambiental que provocan y que no sea un costo variable más”, aseguró Grosso. Otro punto importante de su iniciativa es que prevé generar proyectos productivos sin la necesidad de destruir los humedales. “Alternativas hay. Lo importante es que dejemos de lado la dicotomía desarrollo y cuidado ambiental. Lo más importante es cuidar el ambiente y a partir de ahí pensar en cómo producir, cómo crecer, cómo desarrollar”, dijo el mandatario.
A nivel provincial, el diputado Carlos del Frade, del Frente Social y Popular, presentó en la cámara un proyecto de ley de restauración de los terrenos incendiados. Allí se contempla prohibir por 30 años el cambio de uso forestal y toda actividad incompatible con la regeneración de la cubierta vegetal, en todas las tierras que hayan sido afectadas por las quemas. Además, establece como autoridad de aplicación a los Ministerios de Medio Ambiente y de la Producción y estipula la creación de una Junta Provincial de Protección de la Biodiversidad, con la participación de organizaciones ambientalistas y con el objetivo de “socializar la información con las agencias estatales” y “controlar, desde la ciudadanía, las medidas que se tomen”.
Pausa consultó al diputado si efectivamente una ley puede controlar la situación de las quemas. “La ley no cambia la realidad si no hay fuerza política que cambie la realidad. Esa es la gran cuestión”, respondió Del Frade. El legislador agregó que en Santa Fe se destina al medioambiente solamente diez centavos cada cien pesos del presupuesto provincial. “Esto también marca la verdadera estatura de la política. Para mí, ella se define por el tamaño del número del presupuesto”, finalizó.
