El juez Fabián Lorenzini ordenó la intervención de Vicentin por 90 días hábiles “por retacear información en forma sistemática”. El directorio sigue en funciones y la Nación no tendrá injerencia sobre la administración de la empresa: solo habrá un veedor en nombre de los acreedores y un representante de la provincia. Los diputados que investigaron el vaciamiento de la firma tomaron la novedad con escepticismo.
El juez de Reconquista Fabián Lorenzini ordenó el jueves 3 la intervención de Vicentin –por 90 días hábiles judiciales y prorrogables– debido a que la empresa no brinda la información suficiente en el marco del concurso de acreedores que se tramita en la Justicia provincial. Durante el lapso que dure la intervención, la firma oriunda de Avellaneda no podrá comprar ni vender acciones.
Los interventores nombrados por el magistrado de Reconquista son Andrés Shocrón –quien se desempeñaba como veedor del concurso en representación de los acreedores– y la titular de la Inspección General de Personas Jurídicas de la provincia, María Victoria Stratta, en nombre del Estado provincial, que había pedido la intervención de la administración de la empresa luego de que el juez fallara en contra del pedido de intervención por parte del gobierno nacional.
La intervención se prolongará al menos hasta abril, ya que no se tienen en cuenta los días no laborales –sábados, domingos y feriados– ni el mes de enero durante el cual hay feria judicial. Pero el juez también dejó sentada la con la posibilidad de que se prorrogue por más tiempo si es necesario. Durante ese lapso, Shocrón y Stratta serán co-administradores de Vicentin y actuarán “sin desplazamiento del actual directorio”.
La tardía decisión de Lorenzini es en respuesta a un planteo del gobierno provincial, realizado el 24 de junio, pocos días después de que el magistrado rechazara la intervención nacional propuesta por el presidente Alberto Fernández. No obstante, la provincia había propuesto un modelo de intervención a través de un órgano tripartito para que la compañía de Avellaneda continúe con una participación mayoritaria del Estado, pero también con la permanencia de sus accionistas. Finalmente, el juez optó por un esquema mixto en el cual estarán representados los accionistas, la provincia y los acreedores, pero no la Nación.
Motivos de la intervención
En su resolución, el juez Lorenzini señaló: “En el proceso concursal se han sucedido diversos acontecimientos y actos jurídicos de relevancia que, en tan solo nueve meses de trámite judicial, nos colocan en un escenario sustancialmente diferente al que presenciábamos el 10 de febrero de 2020, al momento de atender el pedido de apertura concursal, por parte de la sociedad Vicentin SAIC. Algunos de estos acontecimientos se han traducido en informaciones y actos procesales concursales que nos convencen de la necesidad de incrementar el grado de intervención asumido hasta este momento, con respecto a la administración societaria”.
En otro tramo de su resolución, el juez dejó en claro que “la principal motivación” para realizar la intervención es “la omisión, recurrente y sistemática, de brindar informaciones que fueron requeridas por este juzgado”, algo que se venía marcando desde hace meses. De hecho, el balance correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2019 recién fue presentado el 21 se septiembre de este año, pocos días antes de la renovación del directorio de Vicentin.
Lorenizni también hizo hincapié en la falta de información por parte de la agroexportadora en el marco del concurso de acreedores: “Cabe destacar aquí que el retaceo de información, la obtención parcial y tardía de la misma o su acceso merced a intimaciones y emplazamientos, se ponderan como una conducta equiparable a la omisión en la medida que implican desconocer el deber de colaboración asumido voluntaria y libremente con la petición de apertura del proceso concursal”.
Además, el magistrado reprochó “el actual silencio con respecto a la presentación del balance correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de octubre de 2020 y la correspondiente memoria, como así también la elaboración de un plan de negocios que haya sido diseñado y expuesto a los acreedores o al tribunal”.
Mientras se prolongue la intervención, el juez Lorenzini prohibió la modificación del capital accionario de Vicentin. No obstante, sí le permitirá dar curso a otros contratos de negocios. Este jueves, en paralelo a la resolución sobre la intervención, el magistrado aprobó acuerdos comerciales entre la firma de Avellaneda y Oleaginosa Moreno (del grupo Glencore) y con la empresa Renova, también controlada por Glencore.
Reunión en la Legislatura
Un día antes de la intervención, los integrantes del nuevo directorio de Vicentin –en funciones desde mediados de octubre– se reunieron en Santa Fe con los diputados y las diputadas que forman parte de la Comisión de Seguimiento de la causa en la que está involucrada la agroexportadora de Avellaneda.
El contador Omar Scarel y el ingeniero Daniel Foschiatti, presidente y vice del nuevo directorio, estuvieron en la Legislatura con los integrantes de la comisión. Scarel y Foschiatti llegaron a Santa Fe acompañados por el abogado Estanislao Bougain y por el diplomático Diego Guelar, ex embajador argentino en China y flamante asesor de Vicentin. Los accionistas de la empresa convocaron a Guelar con el objetivo de reabrir mercados extranjeros para que Vicentin pueda volver a exportar.
En la reunión celebrada en el recinto de la Cámara de Diputados, los integrantes de la Comisión de Seguimiento del Concurso de Vicentin intentaron –en vano– obtener respuestas de los directivos acerca de la situación que llevó a una de las empresas más exitosas del país a caer en default y declararse en concurso de acreedores.
Las explicaciones no convencieron a los legisladores. “No hace falta revisar el pasado, nosotros miramos hacia el futuro”, respondió Bougain ante la consulta del diputado del Frente Social y Popular, Carlos Del Frade, sobre el destino de los millonarios créditos tomados por Vicentin durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri.
Al finalizar el encuentro, el presidente del directorio dio algunas declaraciones a la prensa. Scarel sostuvo que el dinero tomado por Vicentin –algo más 1300 millones de dólares– se destinó a distintas inversiones de la compañía: “Estamos trabajando para construir una propuesta que les sirva a todos y que sea homologada en el concurso”.
Esas explicaciones no conformaron a los legisladores, que en su tercer y hasta ahora último informe –presentado el 18 de noviembre– señalaron que hay “indicios del envío de dinero (de los préstamos) a guaridas fiscales, maniobras de estafas y desbaratamiento de derechos acordados en contra de bancos extranjeros y los productores locales”.
El presidente de la comisión, Luis Rubeo (PJ), sostuvo después de la reunión que “los directivos de la empresa hablan de una nueva Vicentin, pero nosotros decimos que, para que eso suceda, tenemos que saber qué ocurrió en el pasado”.
“Ellos dicen que la deuda sigue planteada en función de la operatoria comercial y a nosotros nos parece que esto no es así. Vamos a seguir trabajando como comisión en la defensa de los puestos de trabajo, para evitar la extranjerización de la empresa y para saber dónde fueron los fondos públicos”, agregó Rubeo en relación a los créditos por más de 300 millones de dólares otorgados por la Banco Nación durante el macrismo.
El diputado de la UCR Fabián Palo Oliver coincidió: “La presencia del nuevo directorio de Vicentin no le ha dejado nada nuevo a la comisión. Lo único que vemos es un cambio de nombres. Repiten la estrategia del directorio anterior, se muestran como víctimas de decisiones del Estado Nacional y de una campaña de desprestigio”.
“Nosotros tenemos en claro que las únicas víctimas de este proceso son el Estado Nacional por esos 300 millones de dólares que le debe la empresa al Banco Nación, el Estado provincial por la deuda impositiva acumulada, los trabajadores que viven angustiados desde hace un año, las entidades financieras internacionales y más de dos mil productores, en su mayoría de Santa Fe, que confiaron en Vicentin y todavía están aguardando el dinero que les corresponde”, agregó el legislador del Frente Progresista.
Según Palo Oliver, en la reunión los legisladores les manifestaron a los directivos que “va a ser muy difícil, sino imposible, conseguir inversores que se interesen en la empresa si antes no se aclara qué sucedió con la misma en el pasado inmediato, si no se echa luz sobre por qué se llegó a esta situación”.
“Es muy posible que la estrategia sea la quiebra”, aventuró Palo Oliver. “Hemos asistido a un sistemático proceso de vaciamiento de la empresa, con el desprendimiento de activos que no pasan a formar parte del concurso y operaciones de triangulación. Este proceso incluyó también el previo sobreendeudamiento, la fuga de capitales y la evasión impositiva. No es posible hablar de futuro si no se sabe dónde está el dinero, si hubo comisión de delitos económicos o penales”.
Además, el legislador radical señaló que “a esta altura parece que sólo se intenta ganar tiempo para que transcurra el concurso ya que no anunciaron un plan de negocios ni tienen aún inversores interesados. Incluso, con el volumen de deuda acumulada, es muy posible que la estrategia sea la quiebra. Rechazaron la intervención del Estado Nacional y provincial y hoy no dijeron nada distinto a lo dicho por el directorio anterior”.
Por su parte, el diputado Del Frade opinó que Vientin incurrió en “una fenomenal maniobra de lavado de dinero y fuga de capitales, con una colonización de los organismos estatales que colaboraron con este robo al pueblo argentino”.
“Cuando les preguntamos dónde está la plata y cuándo la van a devolver, ellos tartamudean y nos dijeron que está en los fierros. ¿Qué fierros, si vas a la Algodonera Avellaneda y trabajan con alambres? Alguna vez en la Argentina tienen que ir preso los delincuentes de guante blanco”, agregó Del Frade.
Una decisión muy demorada
Tras la intervención dispuesta por Lorenzini, el diputado Fabián Palo Oliver puso énfasis en que el propio magistrado de Reconquista hizo notar “la demora para la presentación del balance 2018/2019” de la empresa concursada y el nuevo incumplimiento en la presentación del balance 2019/2020.
“Asimismo –siguió el legislador–, al señalar la falta de un plan de negocios, también hace notar la falta de perspectiva de solución a la situación financiera de la empresa, afirmando que ‘estamos en presencia de una empresa en situación de insolvencia’. También hace mención a la falta de confianza que la empresa Vicentin SAIC generó en el mercado de comercialización de granos”.
“Lo venimos afirmando hace tiempo y lo ratificamos el que nos reunimos con el nuevo directorio de Vicentin. Los activos de la empresa representan un tercio del total de la deuda certificada en el concurso de acreedores. Rechazaron el salvataje propuesto por el Estado, se desprenden de activos que el grupo de accionistas tiene en otras empresas del grupo y la resultante de estas ventas no las vuelcan al concurso para hacer frente al pago de la abultada deuda de 1350 millones de dólares. Con las decisiones llevadas adelante por la conducción de Vicentin, lamentablemente, el futuro es cada vez menos incierto y la quiebra parece ser la crónica de una muerte anunciada”, agregó Palo Oliver.
Además, el diputado de la UCR hizo una valoración sobre la demora del juez Lorenzini para resolver el incidente de intervención (algo más de cinco meses): “El inicio tiene fecha 24/6/2020, casi seis meses para resolver si daba lugar al pedido de intervención del Estado santafesino. En la situación de quebranto de la empresa, la falta de vocación de los accionistas para desprenderse de acciones de otras empresas y hacer frente al pago de la deuda a acreedores, la falta de un plan de negocios, ¿es conveniente a esta altura la intervención del Estado?”.
“Los actores políticos y sociales que demonizaron la posibilidad de salvataje estatal al grito de ‘todos somos Vicentin y defendemos la propiedad privada y la República’, ¿qué dirán? Seguramente lo que les convengan políticamente. Lo que debe quedar claro, y así será en su momento, es que los únicos responsables del quebranto son los empresarios y los funcionarios que permitieron el sobreendeudamiento”, finalizó el diputado.
