ANUARIO 2020 | La estafa millonaria de la empresa cerealera y el fallido intento de expropiación.
La estafa millonaria de Vicentin, concretada durante el macrismo y expuesta por el director del Banco Nación Claudio Lozano, fueron el punto de partida de la novela del año. Al intento de expropiación por parte del gobierno de Alberto Fernández, mientras se tramitaba el concurso de acreedores, le siguió el pedido de intervención de parte de la provincia de Santa Fe. La Justicia accedió recién a principios de diciembre, pero ya era tarde: el gobierno de Omar Perotti no aceptó las condiciones.
El 3 de diciembre el juez Fabián Lorenzini ordenó la intervención de Vicentin por 90 días hábiles (hasta abril de 2021). El directorio sigue en funciones y la Nación no tendrá injerencia sobre la empresa: solo habrá un veedor en nombre de los acreedores, ya que la provincia desistió de designar a su representante. El fallo de Lorenzini se debió a que Vicentin no brinda la información suficiente en el marco del concurso de acreedores.
La tardía decisión de Lorenzini es la respuesta a un planteo del gobierno provincial realizado el 24 de junio, pocos días después de que el magistrado rechazara la intervención nacional. Mientras se prolongue la intervención, el juez prohibió la modificación del capital accionario de Vicentin. No obstante, sí le permitirá dar curso a otros contratos de negocios.
La intervención de Vicentin, una decisión a medida de la empresa
En junio la Nación sorprendió al anunciar el intento de intervención vía expropiación, un plan que rápidamente fue desactivado por la Justicia de la provincia. En aquel momento, el gobierno utilizó como argumentos –además del desfalco de Vicentin contra los bancos públicos y privados– la “soberanía alimentaria” y la decisión de intervenir en el mercado financiero; pocos meses después, la Justicia apenas habilitó una intervención a medida de la empresa por tecnicismos contables.
La historia del fracaso estatal tiene un punto de inflexión el 31 de julio: ese día la provincia dio por terminada la etapa de mediación, ante la intransigencia de los directivos de la empresa que se negaron a dejar sus cargos y ceder las acciones al fideicomiso propuesto como alternativa por el gobierno de Perotti. Ese mismo día el presidente derogó el decreto que daba inicio al fallido proceso de intervención. “No estamos dispuestos a adoptar riesgos que podrían traer como consecuencia la estatización de deuda privada”, argumentó en ese momento Fernández.
El fracaso de las negociaciones para la constitución de un fideicomiso (la famosa “alternativa superadora” que intentó sin éxito el gobierno de Santa Fe) y la presión del poder económico llevaron al presidente a retirarse de un proyecto que estuvo mal diagnosticado desde el primer día. Desde entonces continúan los distintos capítulos judiciales (concurso de acreedores, causas penales por estafas, reclamos del Banco Nación y de la banca privada, defraudación impositiva y un largo etcétera).
Vicentín: error de cálculo y paso en falso del gobierno nacional
