Por una vez, el 0,02% más rico tiene que ponerla. Primera gran victoria legislativa del gobierno. La oposición, a la derecha del Financial Times. Darle fuerza a la ley, cobrar, invertir: desafíos que se vienen. ¿Se abre una puerta para una discusión más profunda y necesaria?
El planeta vive su mayor crisis en la historia del capitalismo. Según la UCA, Argentina tiene tasas de pobreza del 44,2%; 10,1% de los argentinos son indigentes, no tienen ni para comer. Ambas cifras saltan al 64,1% y al 16% en el caso de niñes y adolescentes. La vacuna parece cada vez más cerca, pero los efectos de la pandemia están muy lejos de desvanecerse. ¿Si no ahora, cuándo van a pagar, aunque sea una sola vez, quienes más tienen?
"Reformas de raíz –revertir las políticas dominantes de las últimas cuatro décadas– deberán ser puestas sobre la mesa. Los gobiernos deberán tomar un rol más activo en la economía. Deberán considerar a los servicios públicos más como una inversión que como un gasto y deberán encontrar formas de hacer que los mercados de trabajo sean menos inseguros. La redistribución deberá formar parte de la agenda; los privilegios de los más viejos y más ricos deberán ser puestos en cuestión. Políticas que hasta hace poco era consideradas excéntricas, como un ingreso básico universal o impuestos a la riqueza, deberán estar en esa agenda". Ese párrafo no fue proferido ayer por Mariano Recalde, Jorge Taiana, Carlos Caserio, Oscar Parrilli, María de los Ángeles Sacnum o Anabel Fernández Sagasti, principales espadas del gobierno en el Senado. Ese párrafo es del Financial Times y fue publicado en abril de este año, cuando la pandemia en semanas se había devorado decenas de miles de vidas en su primera ola europea.
Ayer, en una sesión que en total apenas superó las siete horas, se aprobó un impuesto que afecta por única vez al 0,02% de los argentinos y cuyo destino es la salud, la educación, las pymes, los barrios populares y la explotación de gas de YPF. Pese a que el sentido común más tosco es capaz de percibir que los impuestos son mejores cuando son progresivos y que la situación es la más excepcional en la vida de todas las generaciones que hoy habitan la Tierra, hubo 26 senadores que votaron en contra, tanto como hubo 115 diputados que dieron su negativa hace poco más de dos semanas. La oposición argentina está a la derecha del Financial Times. Mejor, mirar al revés: la de ayer fue la primera victoria legislativa resonante del gobierno de Alberto Fernández.
Qué le dice a 12 mil ricos y a millones de ciudadanos la ley de Aporte Solidario y Extraordinario
Como en el debate por la distribución de la renta agraria en 2008, ayer presenciamos otro capítulo de la disputa entre lo más encumbrado del mercado y de la política, esa política que siempre es representación de intereses. Se discutió quién debe llevar el mayor esfuerzo en la peor crisis de nuestras vidas, según la visión de la política y lo público o según el mercado más desnudo, sus agentes, sus ricos personificados y su representación, Juntos por el Cambio.
El Estado funciona a partir de los ingresos que puede obtener y una de las vías para obtener esos ingresos es la imposición de pagos por parte de la población, se los llame tasas, tarifas, impuestos o, en este caso, aporte solidario y extraordinario. Es la más importante y consustancial, su origen está en el nacimiento mismo de la organización política. No hay política sin impuestos, atacar la tributación es, en el fondo, una forma de atacar a la política misma, a la vida pública, a la decisión colectiva de quién hace el esfuerzo para resolver qué conflicto y plantear cuál horizonte.
Después de esta victoria, el desafío que tendrá el gobierno de Alberto Fernández estará jalonado en pasos, cada uno decisivo. El primero será lograr que la ley tenga fuerza real. En las próximas semanas, acaso a partir del lunes mismo, comenzaran los obsequiosos oficios de la Justicia, el poder menos democrático de la república –porque no lo votamos y, en consecuencia, queda estructuralmente expuesto a cualquier poder fáctico de cualquier índole, nacionalidad o legalidad. La fiesta nacional del amparo, el recurso extraordinario, el lo que quieras legal se abrirá paso.
Mientras los abogados del gobierno superan esa instancia, los contadores tendrán que correr la más astuta, veloz y taimada de todas las liebres: la burguesía nacional. La AFIP, organismo encargado de cobrar el Aporte Solidario y Extraordinario, tendrá que contarle las costillas a unos 12 mil tipos (alguna mujer habrá) que tienen capacidad de pagar los más inescrupulosos bancos para esfumar su patrimonio en el aire.
Nuestros ricos tienen características muy específicas. Los nuestros no son los industriales de San Pablo ni, mucho menos, los tecnólogos de California, no son los comerciantes holandeses, ni los financistas ingleses. Los nuestros fugan sistemáticamente su dinero, convierten sistemáticamente sus excedentes en renta financiera, inmobiliaria o rural, sistemáticamente invierten poco y nada, sistemáticamente quiebran de forma fraudulenta y liquidan, sistemáticamente extranjerizan capital. Desde la dictadura a esta parte, lisa y llanamente renunciaron a una conducción estratégica real del país. Cuando se hicieron gobierno político en cuerpo presente llevaron sus estrategias parasitarias a un éxtasis de deuda, timba y fuga. Entre muchas otros excesos, se fumaron el mayor crédito que el FMI haya dado jamás.
Materializar el cobro de un impuesto al 0,02% más poderoso del país es un desafío muchísimo más complejo que haber logrado la sanción de la ley. Pero sólo es el principio. Se espera, como mayor éxito, recaudar 300 mil millones de pesos. Es, más o menos, la mitad de todo el presupuesto 2021 de la provincia de Santa Fe. La verdadera clave estará en el paso final, en cómo esos 300 mil millones de pesos se materialicen y en qué tan visible sea esa materialización.
El dinero es fungible, las obras no. Los fondos que engrosen el plan Progresar, los refuerzos sanitarios por la pandemia y los subsidios a las pymes pueden venir de cualquier lado y en cualquier momento, a cuenta, podría decirse. Representan el 60% del dinero que se espera recaudar con el Aporte Solidario y Extraordinario y van directo a los bolsillos más sedientos. En razón del informe publicado anteayer, el director del Observatorio Social de la UCA, Agustín Salvia, dijo que "sin la AUH, el IFE, la Tarjeta Alimentar y el resto de los subsidios, la indigencia hubiera sido el doble y la pobreza hubiese trepado al 53%". Que la pobreza y la indigencia no haya estallado en esos niveles fue un logro del gobierno y sus políticas de transferencia de ingresos. Pero ese logro del gobierno es de imposible acreditación política.
Donde se va a poner el ojo es en el otro 40%. El escrutinio será minucioso en lo que refiera a las obras de mejora en los barrios más carenciados y de infraestructura en la extracción de gas por parte de la empresa nacional y pública.
Si llega a ese último paso este gobierno y si el resultado es eficaz, significativo, transparente y visible, la puerta que se abrió para la discusión de la desigualdad dará fundamento concreto para que pueda entonces convertirse en otra cosa, la más que justificada discusión una reforma tributaria progresiva más necesaria y más profunda.
