Tres de las cuatro entidades ruralistas convocaron a un cese en la comercialización de granos entre el lunes 11 y el miércoles 13. Es en rechazo a la decisión de cerrar la exportación de maíz hasta que ingrese la nueva cosecha, en marzo, para asegurar el abastecimiento interno. El gobierno nacional “no se va a mover un centímetro” de su postura.
Las Confederaciones Rurales (CRA), la Federación Agraria Argentina (FAA) y la Sociedad Rural (SRA) decidieron este martes convocar a un cese de comercialización de granos entre el lunes 11 de enero y el miércoles 13, en rechazo al cierre temporal del registro de exportaciones de maíz dispuesto por el gobierno nacional.
La medida de fuerza fue comunicada por las entidades en un escueto comunicado difundido el martes luego de dos horas de reunión virtual, en la cual también se dio a conocer que Coninagro decidió no adherir a la medida. Se debe a la decisión del gobierno nacional de cerrar la exportación de maíz durante enero y febrero.
Así, tres de las cuatro entidades de la Mesa de Enlace concretarán un cese en la comercialización de granos desde la 0 del lunes próximo hasta las 24 del miércoles siguiente, al mismo tiempo que aclararon que no habrá control de cargas en las rutas.
Las entidades, en su conjunto, insistieron “en la necesidad de revisar esta medida absolutamente negativa para los intereses de todos los argentinos, en un marco del diálogo con las autoridades que puedan resolver los destinos del futuro del campo y del país”.
Si bien Coninagro no participará del lockout patronal, la Mesa de Enlace aseguró que existe “coincidencia” en el rechazo a la iniciativa gubernamental “por tratarse de una medida absolutamente perjudicial para el campo y para la Argentina en su conjunto, como se viene sosteniendo desde su anuncio”.
No es la primera vez que no hay acuerdo en una medida de estas características entre las entidades en lo que va del actual gobierno. En el primer cese de comercialización convocado por las entidades rurales, en marzo del año pasado, FAA dio libertad de acción a sus asociados tras un quiebre interno dentro de sus filas.
En esta oportunidad, el presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, justificó el no acompañamiento a la medida al considerar que “no es momento de parar, pero sí de reclamar. No adherir al cese de comercialización es una medida a favor del país, no a favor del gobierno” y afirmó la necesidad de “agotar todas las instancias de diálogo”.
La protesta fue decidida tras la decisión del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de cerrar la registración de nuevas Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) del grano amarillo la semana pasada hasta que ingrese la nueva cosecha en marzo para asegurar el abastecimiento interno, explicaron.
El objetivo del gobierno con el cierre del registro es asegurarse 4,27 millones de toneladas para que “queden disponibles para el consumo interno, con el objeto de asegurar el abastecimiento durante los meses del verano, cuando la oferta de cereal tiende a escasear”.
Esas más de 4 millones de toneladas tendrían como destino la alimentación de animales como los vacunos, pollos y porcinos, tanto para consumo interno como para exportación.
La medida, si bien tuvo algunos apoyos de empresarios cárnicos y cámaras, fue rechazado por un gran número de entidades ligadas al sector agropecuario, al afirmar que se trata de una “intervención del mercado” y que traerá consecuencias negativas.
Este martes se sumaron las críticas del Centro de Exportadores de Cereales (CEC) y de las cadenas de los cultivos.
Los exportadores aseguraron que la medida implementada fue “sorpresiva e inconsulta” y afirmaron que el abastecimiento del cereal “estaba asegurado para este bimestre”.
Según la cámara empresaria, hay registros de existencias por 10 millones de toneladas, de las cuales solo 1,2 millón de toneladas tenía previsto el destino de exportación.
“La intervención en un mercado transparente altera las reglas y genera incertidumbre entre los productores, que retraen la venta de sus stocks y reducen la siembra de la próxima campaña, lo que provoca la reacción inversa para reducir los precios internos”, indicó CEC en un comunicado.
A su vez, las cadenas de cultivos, integrada por Maizar, Acosja, Asagir y Argentrigo, también criticaron la decisión al asegurar que “este tipo de acciones erosionan fuertemente la confianza y conducen a que inmediatamente se retraigan las inversiones, tanto las de corto y largo plazo”.
Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, dijo hoy que “una vez los sectores agroexportadores tienen que pensar en los argentinos” y señaló que, si la intención es “hacer un lockout, el gobierno no se va a mover un centímetro” de su postura.
“Una vez los sectores agroexportadores tienen que pensar en los argentinos” porque especialmente los sojeros “tuvieron ganancias extraordinarias”, aseguró el ministro en declaraciones formuladas a El Destape Radio.
