El decreto firmado por Mauricio Macri establecía una serie de restricciones para el ingreso y la permanencia en el país, que fueron cuestionadas por organismos de derechos humanos. "Con esta iniciativa del Presidente Fernández, se vuelve a colocar a la Argentina en la senda de la inclusión y el respeto de los derechos humanos de las personas migrantes", manifestaron desde el gobierno.
El Decreto 138 publicado ayer en el Boletín Oficial con la firma del presidente Alberto Fernández y los ministros de su Gabinete deroga el Decreto 70/2017, que modificó aspectos de la Ley 25.871 que establece desde 2004 el régimen de la política migratoria. La resolución macrista prohibía el ingreso de extranjeras y extranjeros que tuviesen antecedentes o condena no firme el país o en el extranjero por delitos que merezcan penas privativas de la libertad según las leyes argentinas, entre otras limitaciones.
De esta manera, la Ley de Migraciones vuelve a su redacción original, que establece la prohibición del ingreso a quienes tengan medidas de expulsión o de prohibición de reingreso; a quienes tengan antecedentes por tráfico de armas, de personas, de estupefacientes o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas; haber participado de genocidio, crímenes de guerra, actos de terrorismo o delitos de lesa humanidad; tener antecedentes por actividades terroristas; por tráfico de personas o por promoción de la prostitución.
Para el gobierno nacional, en el decreto firmado durante la presidencia de Macri "se observan diversos aspectos de fondo que resultan irreconciliables con nuestra Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos". Entre ellos, menciona la violación al principio del debido proceso, al derecho a contar con asistencia y defensa legal, la restricción a un control amplio y suficiente del poder judicial sobre los actos de la autoridad administrativa, la amplitud con la que se prevé la retención preventiva del y de la migrante sin definir las causas que la habilitan y la restricción a los derechos de reunificación familiar y dispensa por razones humanitarias.
"Con esta iniciativa del Presidente, se vuelve a colocar a la Argentina en la senda de la inclusión y el respeto de los derechos humanos de las personas migrantes, valorando su aporte a la cultura y a la identidad de nuestro país", manifestaron desde el gobierno.
"El Decreto 70/2017, firmado por el entonces Presidente Mauricio Macri, modificaba aspectos de la Ley N° 25.871, que vulneraban el debido proceso, el derecho de defensa y el derecho a la unidad familiar", argumentaron.
El DNU firmado por Mauricio Macri había sido fuertemente objetada por órganos internacionales y regionales de protección de derechos humanos, y por distintas organizaciones sociales. En tal sentido, desde la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Secretaría se acompañó a la Dirección Nacional de Migraciones para alcanzar esta revocación.
Por otro lado, durante la vigencia de este DNU, desde la Dirección Nacional de Equidad Étnico Racial, Migrantes y Refugiados de la Secretaría de Derechos Humanos se realizó un trabajo de acompañamiento y asistencia a las familias migrantes que habían sufrido numerosos hechos de violencia institucional y múltiples vulneraciones a sus derechos, vinculadas a la regularización migratoria y al acceso a la salud.
"Con la vigencia plena de la ley de 2003, nuestro país cumple con sus compromisos internacionales, abandona la perspectiva criminalizadora y recupera la política migratoria que concibe el derecho a migrar como un derecho humano", asegura el Ejecutivo nacional.
