Por las medidas de protesta que llevó adelante el movimiento estudiantil argentino en 2018, 27 estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba enfrentan un proceso judicial en el que se los acusa de usurpación de las instalaciones en las que desarrollaron una toma en defensa de la universidad pública.
En 2018, el movimiento estudiantil y la docencia universitaria argentina se movilizaron en reclamo de mayor presupuesto para las universidades nacionales, en el contexto de las políticas de ajuste que llevaba adelante el gobierno de Mauricio Macri. Las tomas de las facultades se replicaron en todo el país por varias semanas. En la ciudad de Córdoba, la medida de protesta se sostuvo por un mes y medio. Casi tres años después, 27 estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba enfrentan un juicio en el que se los acusa de haber usurpado un edificio en el cual desarrollaron una toma.
El delito que se les imputa es "usurpación por despojo", que prevé una pena de entre 1 y 3 años de prisión. El proceso judicial comenzó por la actuación de oficio de la fiscala Graciela López de Filoniuk. En junio del año pasado, el juez federal Hugo Vaca Narvaja dictó el procesamiento para los 27 estudiantes. Actualmente, el fiscal interviniente en la causa -caratulada Jalil Aisha y otros s/usurpación- es Maximiliano Harabedian.
Pausa dialogó con Franca Condorí, una de las estudiantes procesadas por luchar. "Entramos pacíficamente al Pabellón Argentina, que es un espacio público que depende de la Universidad Nacional de Córdoba, con la intención de llevar adelante una medida de lucha, no de usufructuar ni de ir a vivir ahí. No es un delito lo que estábamos realizando, sino una acción de lucha en el marco del derecho a la protesta", explica la entrevistada.
—¿Cómo comienza la causa judicial?
—El Poder Judicial actuó de oficio. También porque el dueño del bar privado que funciona dentro de la facultad había hecho una serie de denuncias ante la policía. En este marco la Justicia empieza a buscar a quienes habían llevado adelante este supuesto delito y en ese marco apelan a la Universidad. El Rectorado, a cargo entonces de Hugo Juri, presenta papeles que como estudiantes habíamos firmado en las mesas de negociación con la UNC y es de ahí de donde extraen nuestros nombres. Pero la Justicia actuó de forma directa y no hubo ninguna denuncia por parte de la Universidad.
El hecho de que no hubo denuncia por parte de la UNC es resaltado por el abogado Lucas Cocha, defensor de Condorí. "La Universidad no se presentó como querellante y en varias oportunidades ratificó que no realizó ninguna denuncia. Esto es un dato relevante porque si no es la Universidad Nacional de Córdoba la que considera que hay una usurpación, es complicado que se genere el tipo penal", sostuvo el letrado. Respecto al bar concesionado que funciona en las instalaciones donde ocurrió la toma, tampoco sus propietarios integran la causa.
El abogado destaca que no hay delito. "Estamos hablando de una medida de protesta, de una acción gremial del sector estudiantil, que se lleva a cabo en el marco de un conflicto nacional. Eso es muy importante contextualizarlo, porque fue una verdadera movilización nacional", recuerda el entrevistado.
Además, Cocha resaltó que "es una práctica habitual del movimiento estudiantil la toma de los establecimientos cuando no hay respuestas por parte de las autoridades universitarias y nacionales". "De ninguna manera estas acciones pueden configurar un delito, porque justamente implican derechos constitucionales, como el derecho a peticionar ante las autoridades, el derecho a la protesta y a la huelga. No existe un delito, existe el ejercicio de un derecho. En general todas las defensas han coincidido en este planteo", sostuvo.
Para Condorí, "hay una intención de la Justicia de aleccionar". "Acá en Córdoba el conflicto se había extendido mucho más: estuvimos tres semanas más desde que se había logrado el acuerdo salarial docente a nivel nacional. Esta intención de aleccionar no es solo para el proceso que se vivió en Córdoba sino para cualquier persona que salga a luchar en defensa de sus derechos", manifiesta.
Su abogado señala que, con este proceso judicial, "hay una afectación directa de la autonomía universitaria". Cocha refiere que no hay muchos antecedentes al respecto: "los que hay son de la época de la dictadura". "En principio las prácticas asamblearias en el seno de las universidades siempre han sido resueltas dentro del ámbito de la Universidad. Siempre recurriendo al diálogo: incluso en esta ocasión se había abierto una mesa de diálogo, reconocida por las mismas autoridades universitarias. El conflicto se levantó no por la intervención de la fiscalía o de las fuerzas represivas, sino por los mecanismos de negociación que se venían entablando", relata. "Es decir que había un reconocimiento por parte de las autoridades del carácter asambleario de las medidas que se estaban tomando", argumenta.
Reclamos vigentes
Al igual que en la Universidad Nacional del Litoral, en la Universidad Nacional de Entre Ríos o en otras a lo largo del país, en 2018 el estudiantado cordobés reclamaba mayor presupuesto para salarios docentes y para una mayor accesibilidad a lo comedores, al material de estudio y a otras condiciones necesarias para estudiar en la universidad pública. En la cuna de la Reforma Universitaria de 1918, en la ciudad del Cordobazo, se luchaba además por la aplicación efectiva del protocolo de violencia de género. "Había muchas estudiantes acosadas en las aulas por docentes que seguían en sus cargos con total impunidad", relata Condorí. "También exigíamos que se cayeran convenios con la Policía de Córdoba: son acuerdos de hace 30 años y por los cuales la policía provincial custodia ciertos edificios de la Universidad. Apelábamos a la autonomía universitaria y al hecho de que en terreno federal la policía provincial no tenía nada que hacer. Incluso hubo casos donde la policía sacó a los estudiantes que estábamos en distintas instalaciones de la Universidad, tomando mates o estudiando", recuerda.
En la Docta también luchaban por el comedor, que cubría cerca del 1% de toda la comunidad universitaria: "había raciones muy insuficientes y ante la crisis había muchos estudiantes que se quedaban sin comer", dice la estudiante. Además, sostiene Condorí, protestaban "contra las reformas académicas que en ese momento se impulsaban para pasar algunos contenidos de las carreras a posgrados pagos, que implicaban un recorte del conocimiento para privatizarlo".
En el marco de las medidas impulsadas por Cambiemos, las y los estudiantes denunciaban que al gobierno "no le convenía una universidad crítica sino una universidad privatizada y desfinanciada y puesta al servicio de las corporaciones", subraya la estudiante. "Esas cuestiones siguen vigentes al día de hoy, más allá de que cambió el gobierno, la situación para la sociedad en general y para la educación en particular no ha mejorado. Hemos logrado algunas cuestiones relativas a género, que se creen algunas secretarías y que se pueda apartar a los sujetos violentos o abusadores de las aulas. Pero en cuanto a lo presupuestario, a lo edilicio y a la cuestión de las carreras en sí, seguimos en la lucha. La defensa de la Universidad que dimos hace dos años atrás hoy sigue vigente", sostiene la joven.
Solidaridad con les estudiantes
Condorí, estudiante de Comunicación Social de la UNC, destaca el apoyo recibido en diferentes puntos del país. Ayer se realizó la cuarta movilización nacional en defensa de los estudiantes, que se replicó en Rosario, Mar del Plata, Buenos Aires y Córdoba. La causa generó adhesiones solidarias por parte de centros de estudiantes y de sindicatos docentes de todo el país. En nuestra región, se expresaron la Asociación de Docentes Universitarios del Litoral -que nuclea a docentes de la UNL- y SITRADU, el sindicato de docentes de la UNER.
"Las banderas de la Reforma de 1918 no son algo que tenga que quedar en el recuerdo. Si nos consideramos reformistas del 18 y levantamos esas gestas históricas que han puesto al movimiento estudiantil de pie en esos años y en los siguientes, como en el Cordobazo, hoy más que nunca nos queda seguir peleando y articulando con los sectores de la sociedad que estén dispuestos a defender derechos básicos y a seguir enfrentando todas las políticas de ajuste que todos los gobiernos quieren llevar adelante", dice Condorí. "No nos van a amedrentar, no nos van a callar y eso también nos da la fuerza para seguir", finaliza.
