La agroexportadora del norte santafesino difundió que la suiza Glencore junto a la Asociación de Cooperativas Argentinas y Molinos Agro están interesados en comprar el 90% del paquete accionario. Hay desconfianza sobre la posible operación y crece el temor por los puestos de trabajo.
¿Vicentin en venta? “Avanza en la impunidad de los ocho directivos que fugaron 791 millones de dólares entre agosto de 2019 y enero de 2020”, se indignó el diputado provincial del Frente Social y Popular, Carlos Del Frade, miembro de la Comisión de Información y Seguimiento de la empresa Vicentin SAIC de la Cámara baja santafesina. “Sólo buscan alargar los tiempos y campear el temporal que se viene en la causa penal en Rosario”, sintetizó el abogado penalista Gustavo Feldman, querellante contra la firma del norte santafesino.
Así reaccionaron dos conocedores íntimos del derrotero de la agroexportadora de Avellaneda ante la difusión de que tres grupos están interesados en quedarse con el 90% de su paquete accionario. La información, que rebotó a nivel nacional, dice que la multinacional suiza Glencore, socia de Vicentin, junto a la Asociación de Cooperativas Argentinas, y Molinos Agro, del Grupo Pérez Companc, hicieron público su interés cuando la firma está interdicta –el directorio no puede disponer de nada– y empieza el tiempo de descuento sobre un salvataje que, hasta ahora, no tenía asidero visible.
La seriedad de la propuesta se comenzará a hacer patente este lunes cuando la empresa informe las novedades a sus acreedores –más de 1700, con el Banco Nación a la cabeza con 791 millones de dólares–, aunque cualquier acuerdo deberá ser aprobado por la Justicia.
Según distintos medios, tres jugadores importantes del sector realizaron una “manifestación de interés” para avanzar en el proceso de adquisición de la cerealera, cuyo concurso de acreedores cumplió un año en febrero pasado. Según un comunicado atribuido a la propia firma, la mayoría de los accionistas dio el visto bueno al proceso, por ahora “no vinculante” y que se iniciará con una auditoría de los números de la compañía, a cargo de las tres interesadas en quedarse con ella.
Vicentin enfrenta un concurso de acreedores en la Justicia, tras declararse en default en diciembre de 2019, con deudas certificadas que alcanzan casi 1350 millones de dólares.
“Alternativamente, los interesados podrían evaluar la utilización de los activos de la sociedad bajo la modalidad de fasón, complementada con acuerdos de mediano plazo que otorguen el derecho a ingresar al capital social de la sociedad”, dice el comunicado de prensa.
Pero la reacción estuvo lejos de ser la pretendida: “Triste papel de ACA apoyando algo que saben inviable. Sin los productores no hay solución”, cargó el abogado Feldman, quien juzgó la noticia, sin medias tintas, como un “cuento chino”, en un juego de palabras en el que apuntó a través de Twitter a Diego Guelar, ex embajador en China durante el gobierno de Mauricio Macri y actual asesor de Vicentin en el concurso de acreedores.
El letrado es autor del libro “Nunca fuimos Vicentin”, en el que volcó un extenso archivo documental sobre la saga de la agroexportadora, y desde allí desmintió a El Ciudadano que la operación sea plausible.
La versión circuló, además, en un momento particular, cuando se conoció el cierre definitivo de una de las salidas propuestas desde Vicentin para resolver la situación y que involucraba al Maxim Group de Estados Unidos. “Las gestiones se encuentran concluidas y sin propuestas aceptables por los accionistas de la empresa”, le informó el interventor y coadministrador de la firma, Andrés Shocron, al juez de Reconquista Fabián Lorenzini, a cargo del concurso de acreedores de la firma. Así, horas antes conocerse el interés de los tres grupos, se confirmó el desinterés de inversores, cuya búsqueda había sido encargada en octubre del año pasado al banco de inversiones neoyorquino.
A la par, el trascendido también tapó el fracaso de un intento de abogados de los directivos de la cerealera por impedir que se analizaran sus correos electrónicos y mensajes en busca de una explicación a la caída del gigante agroexportador santafesino, en una búsqueda que entrecruza información sobre las operaciones internas del grupo, un rompecabezas que involucra a unas 25 empresas y sociedades diferentes, 16 en la Argentina y una decena en el exterior, con flujos importantes hacia Uruguay.
En ese entramado, el nuevo interés difundido parece ser el único paso a favor de una salida tras el retiro de la intención original del gobierno de Alberto Fernández sobre una intervención total del Estado nacional que a mediados del año pasado generó una ola de protestas en “defensa de la propiedad privada”. Pero si cobra sustancia, tampoco tendrá un recorrido fácil: “Estamos en presencia de la extranjerización del grupo argentino más importante del comercio exterior”, advirtió desde el vamos el diputado Del Frade, expresando su preocupación por lo que significaría “una gran angustia para 7 mil trabajadores de sus 16 empresas en forma directa y 30 mil en forma indirecta”.
Para el legislador del Frente Social y Popular, a esta altura, sólo es viable una salida: “Es imprescindible recuperar la iniciativa política para convertirla en una empresa pública para hacer que las riquezas argentinas sean para el pueblo argentino”.
Fuente: elciudadanoweb.com
