En 2024 se registraron 140 crímenes de odio contra personas LGBT+ en Argentina, según diversos observatorios que estudian el tema. En los primeros seis meses de 2025, los ataques aumentaron.

Los crímenes de odio contra la comunidad LGBT+ en Argentina no solo no cesan, sino que se profundizan. El último informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+, elaborado por la Defensoría LGBT+ junto a la FALGBT+ y otros organismos, da cuenta de una situación alarmante: durante 2024 se registraron 140 casos motivados por orientación sexual, identidad o expresión de género. De ellos, 67 implicaron lesiones al derecho a la vida y 73 al derecho a la integridad física.

El informe remarca que el 64% de las víctimas fueron mujeres trans, seguidas por varones gays (23%), lesbianas (8%), varones trans (4%) y personas no binarias (1%). Las cifras son apenas la punta del iceberg: por su metodología basada en denuncias, medios de comunicación y datos aportados por organizaciones territoriales, el documento admite que el subregistro es altísimo, sobre todo en los casos de violencia estructural o institucional que terminan en muertes evitables, pero invisibilizadas.

La violencia estructural representa el 66% de las muertes en 2024: mujeres trans que fallecieron por falta de acceso a salud, exclusión del sistema educativo y laboral, condiciones de vida indignas o violencia institucional. A esto se suman asesinatos y suicidios, en contextos de abandono estatal sistemático.

En lo que va de 2025, la situación se ha agravado drásticamente. Según un relevamiento conjunto de 100% Diversidad y Derechos, la Defensoría LGBT y la FALGBT+, entre enero y junio se documentaron 100 nuevos crímenes de odio, lo que implica un aumento del 70% respecto al mismo período del año anterior. Las organizaciones atribuyen este incremento al desmantelamiento de políticas públicas específicas, al retiro del Estado en las áreas de diversidad y derechos humanos, y a un clima social donde los discursos de odio son habilitados y replicados por referentes políticos, religiosos y mediáticos.

“El desfinanciamiento de áreas claves como el INADI y la Subsecretaría de Políticas de Diversidad, la eliminación de programas de inclusión laboral y de acceso a la salud para personas trans, y el cierre de espacios de capacitación en derechos humanos generan un escenario de extrema vulnerabilidad”, advierte el informe.

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Además de los casos de violencia institucional, que representaron casi la mitad de los crímenes en 2024, la justicia también se enfrenta al desafío de incorporar una perspectiva de diversidad. En los últimos años se han dictado fallos claves, como el que condenó a prisión perpetua al femicida de Tehuel de la Torre por homicidio agravado por odio a la identidad de género, y el que aplicó por primera vez el agravante por odio a la orientación sexual en el caso de un atacante serial de hombres gays contactados por Grindr.

Desde el Observatorio y las organizaciones de la diversidad sexual exigen con urgencia el tratamiento de una nueva Ley Nacional contra la Discriminación, con mecanismos de prevención, reparación y sanción, y políticas públicas activas que garanticen el acceso pleno a la salud, el trabajo, la educación y la justicia.

Mientras tanto, en un contexto regional también adverso y ante el retroceso de los derechos conquistados, la comunidad LGBT+ sigue siendo blanco de discursos y prácticas de odio que no solo dañan a las personas agredidas, sino que envían un mensaje aleccionador a toda la sociedad: que hay cuerpos, existencias y formas de vida que aún se consideran desechables.