Con 69 convencionales y una mayoría oficialista, la reforma constitucional en Santa Fe inicia bajo un clima de expectativas divididas y una agenda de temas sensibles. También bajo la denuncia de que el proceso fue apurado y de que se dejaron muchas voces afuera.

Este lunes inicia en Santa Fe un proceso de reforma constitucional protagonizado por 69 dirigentes políticos de la provincia, 33 de los cuales son de Unidos para Cambiar Santa Fe, alianza oficialista que en la antesala y por votar de forma sincronizada se presenta como la voz cantante del debate.

Son muchas las cuestiones a tratar desde el vamos, a punto tal de que aún no está definido el reglamento sobre el que se asentará la votación. Aquí restan algunos puntos por consensuar, como la cantidad de convencionales necesarios para dar quórum o la posibilidad de pedir una “mayoría calificada” en aquellos artículos que así lo requieran.

Lo seguro es que será una reforma parcial, es decir, que no se cambiarán todos los artículos sino 42 de los vigentes desde 1962. Entre ellos se destacan la separación de la iglesia y el Estado bajo un "esquema de colaboración con cultos", la instauración constitucional del juicio por jurados y hasta un cambio en el régimen público de jubilaciones y pensiones.

Además se plantean modificaciones en la designación y el ejercicio de cargos públicos como Ficha Limpia, el límite a la reelección de los senadores, la ampliación de la Corte Suprema a siete miembros y la reelección de gobernador y vice, un tópico que despierta particular interés porque definirá si el actual mandatario, Maximiliano Pullaro, podrá renovar su cargo.

A esto apuesta el bloque Unidos. También a todo lo tratado en los siete encuentros que encabezó el socialismo bajo el título Conversaciones para la Reforma, iniciativa para escuchar a referentes institucionales y vecinales de la provincia. Allí abordaron temas como el acceso a la educación, a la salud y a la justicia, haciendo especial hincapié en la necesidad de extender estos derechos al ámbito digital. También buscan darle rango constitucional a temas relacionados con el ambiente y el cambio climático.

¿Y la oposición? El peronismo y los libertarios contarán con la primera y segunda minoría, con 12 y 10 convencionales respectivamente. El justicialismo se mostró activo en la previa, con maratónicas reuniones en la sede del PJ para conocer las posturas de los demás actores civiles, pero también negociando en paralelo y con Unidos para que el reglamento establezca una cantidad de votos necesarios lo suficientemente alta para que el oficialismo no cuente con una mayoría casi automática. A esta cruzada se suma todo el arco opositor.

El PJ está abocado asimismo a limar asperezas internas, como la duda respecto de quién presidirá el bloque, cargo que se debaten Juan Monteverde y el senador Rubén Pirola. La incógnita sobre si conviene dejar la conducción en manos de uno “propio” o de un “aliado” —tal sería el caso de Monteverde— es similar a la disputa que se dan los libertarios puertas adentro, ya que no saben si elegir al diputado nacional Nicolás Mayoraz, del riñón de Karina Milei, o a Juan Pedro Aleart, exconductor televisivo que obtuvo una banca al concejo rosarino.

Por lo demás, los libertarios apuntan sus cañones a bloquear la reelección del actual gobernador, al tiempo que lamentan la imposibilidad de debatir la unicameralidad legislativa, es decir, de eliminar el Senado: “Hay un pacto entre el gobernador Pullaro y la casta más rancia de la provincia que son los senadores”, señaló Aleart en una de las declaraciones públicas que hizo sobre el tema. Allí destacó como prueba “de la impunidad” a la gran cantidad de senadores de Unidos que integran la convención constituyente.

La tercera minoría es para el bloque Somos Vida, encabezado por la diputada provincial Amalia Granata, junto a otros seis convencionales de “centro-derecha” (según ella misma se percibe), como los también diputados provinciales Juan Domingo Argañaraz, Emiliano Peralta, Silvia Malfesi y Alicia Azanza.

Se espera que el oficialismo encuentre aquí un férreo muro para hacer valer sus intereses “más electoralistas”, según consta al repasar lo manifestado por Granata en sus intervenciones como diputada. “La actual Constitución ya garantiza todos los derechos”, manifestó la legisladora en reiteradas oportunidades. Entre sus principales intereses se concentra el dotar de mayor independencia al MPA y al Tribunal de Cuentas, además de limitar la posibilidad de contar con decretos de necesidad y urgencia por parte del gobernador.

El excandidato a gobernador por el peronismo, Marcelo Lewandowski, encabeza el cuarto bloque minoritario, de cuatro miembros y con una visión comunitaria, junto al exdiputado (nacional y provincial) Rubén Giustiniani. Este grupo piensa en modificaciones pertinentes para actualizar la Constitución que, entienden, estuvo siempre a la altura cuando se la requirió. Les interesa, no obstante, que se defienda la autonomía e intransferibilidad de la Caja de Jubilaciones provincial, y su 82 por ciento, así como trabajar en la autonomía de los municipios y la “regionalización” del territorio, evitar que se introduzcan los DNU y fortalecer los mecanismos de designación de jueces y fiscales. También plantean abordar el tema de las adicciones como una cuestión de salud pública y la participación de la comunidad en el proceso constituyente en la labor de las comisiones.

Por último aparecen las tres voluntades ligadas a la seis veces campeona mundial de boxeo, Alejandra Oliveras, convencida de haber nacido para “hacer historia y ayudar a la gente”. Su motivación reformadora pasa por incorporar al deporte como tema de salud pública, promoviendo su práctica en instituciones y organismos de la provincia. Y si bien entiende que la actual Constitución “no es mala”, sí cree que es “injusta” y trabajará para que “no se perpetúe la cuestión de los fueros”. Por lo demás se presenta como un espacio que no le dará dolores de cabeza al bloque Unidos: por el contrario, puede asegurarle los votos necesarios para aprobar sus iniciativas.

Tal abanico político se abre este lunes con el inicio de la reforma constitucional. Afuera, sobre la explanada legislativa, se erigirá esa misma mañana un gazebo que reunirá, con el correr de los días, a las diferentes agrupaciones que conforman la Multisectorial por una Reforma Constitucional.

Este espacio reúne a colectivos de toda la provincia ligados a los derechos humanos y feministas, ambientales y previsionales, laborales y sindicales, culturales, de pueblos originarios y afrodescendientes, de discapacidad, entre otros que, convocados por la Asamblea Ni Una Menos, vienen reuniéndose para manifestar su preocupación “ante las palabras del gobernador Pullaro cuando dijo que no soñemos con tener una constitución más garantista”.

Esta cita corresponde a una de sus integrantes, Claudia Baigorria, titular de la CTA Autónoma, quien explicó que “más allá de que pensamos que no es el momento de una reforma”, se presenta no obstante “una instancia histórica para incorporar muchas de las cuestiones que establece la Constitución nacional y no están contempladas en la provincial”.

Baigorria planteó la necesidad “de una constitución eco-social, donde se establezca una cláusula ambiental ecocéntrica que cuide la vida, los territorios y los bienes comunes”, así como sumar “los derechos que los feminismos conquistamos en las últimas décadas y que fueron arrasados por la motosierra”.

“No es momento para recortar y cercenar derechos adquiridos. Tenemos expectativas y esperamos plantearlos mediante pancartas, pasacalles y distintas intervenciones”, comentó la también docente universitaria, para luego decir que buscarán “que las y los convencionales escuchen las propuestas de la multisectorial”. Para ello, señaló, será importante que las comisiones se establezcan “a partir de un criterio paritario y con audiencias y entrevistas” con el resto de la comunidad.

“Es importante que dentro del Recinto sepan que vamos a estar observándolos para que en un año electoral no tengamos que asistir a una nueva pérdida de derechos”, completó Baigorria sobre un proceso de reforma constitucional que se desarrolla a una velocidad que solo parece tener conformes al gobernador y su entorno.