Los abogados Andrés Gil Domínguez y Damián Loreti se presentaron ante la Justicia para reclamar que se levante la medida cautelar que pidió el Gobierno nacional y puedan difundirse los audios vinculados al escándalo de las coimas.
Los abogados Andrés Gil Domínguez y Damián Loreti presentaron una apelación del fallo del juez Patricio Alejandro Maraniello, quien le regaló al Gobierno nacional una cautelar de censura previa a la difusión de nuevos audios relacionados con la supuesta trama de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Según los abogados, la decisión del magistrado causa un "agravio colectivo irreparable" a toda la sociedad.
En el escrito, Loreti y Gil Domínguez solicitaron que la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial federal "haga lugar al recurso de apelación interpuesto y revoque la decisión jurisdiccional cautelar de grado, con costas en el orden causado".
Los letrados señalaron que la decisión de Maraniello de impedir la difusión de los audios que tenían los periodistas Mauro Federico y Jorge Rial, va en contra del "derecho humano colectivo a recibir informaciones e ideas de toda índole sin consideración de fronteras ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección".
El derecho a la información, puntualizaron, está protegido en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (que desde el '94 tiene rango constitucional en Argentina), el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Los audios censurados por Maraniello eran atribuidos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Según Martín Menem, la grabación habría sido realizada en Diputados. El vocero Manuel Adorni aseguró que "se trata de una violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión".
Si bien los audios publicados hasta el momento no develan ningún delito, los relatos periodísticos aseguran que habría casi una hora de material que podría complicar a la hermana del Presidente.
La demanda del Gobierno fue presentada por el abogado Fernando Soto, del Ministerio de Seguridad Nacional, y cayó en el Juzgado Federal Nº12 subrogado por el juez Julián Ercolini y cuyo fiscal es el controvertido Carlos Stornelli. En la misma se solicitaba una medida cautelar de censura para frenar la publicación de nuevos audios. El propio presidente Javier Milei citó el tuit de Adorni: "Operación de inteligencia ilegal", escribió, en mayúsculas, el jefe de Estado.
En Comodoro Py, Stornelli le siguió la corriente al Gobierno e impulsó una investigación. Aunque no avanzó con el allanamiento a periodistas (como reclamaba Patricia Bullrich), pidió información sobre Carnaval Stream y el portal Data Clave, que difundieron los audios sobre coimas.
Con información de Página 12
