El informe elaborado por la Fundación DHI y el Instituto Argentina Grande concluyó que la OA debilitó las políticas preventivas y las funciones de control del organismo.

La Fundación DHI, presidida por Itai Hagman, y el Instituto Argentina Grande, conformado por equipos técnicos vinculados a Gabriel Katopodis, presentaron el informe “La Oficina Anticorrupción de Milei: entre la motosierra y la captura”.

En dicho informe se analiza el vaciamiento institucional y el corrimiento del organismo hacia la defensa de intereses privados, en lugar de cumplir con su mandato de resguardar la transparencia y el interés público, alertando que no se hizo nada ante el caso $Libra y que se dedican a perseguir ex funcionarios, entre otras cuestiones.

La investigación se basa en el análisis de leyes y normativa oficial, en el procesamiento de datos suministrados por organismos públicos a partir de pedidos de información solicitados, y en recomendaciones de organismos internacionales en materia de organismos de control.

El documento señala que, bajo la actual gestión, la Oficina Anticorrupción (OA) ha perdido capacidad técnica y presupuestaria: por empezar, el gasto real devengado se desplomó en un 96% en términos reales contra el mismo período de 2023. Además vio degradada su jerarquía, al pasar de tener rango de Ministerio a Secretaría y sufrió una merma notable en lo que hace a sus recursos humanos.

La dotación óptima para que el organismo pueda cumplir con sus funciones institucionales es de 134 personas. En la actualidad la dotación de personal alcanza a 78 personas, un 41% menos de la dotación óptima.

Otro hallazgo relevante de la investigación es el retroceso que se observa en materia de instrucciones preventivas. El organismo dejó de realizar un análisis exhaustivo acerca del efectivo cumplimiento de la ley de ética pública, concentrándose exclusivamente en la mera tarea de difundir el texto legal vigente.

El informe muestra cómo muchas de las políticas de integridad fueron desarticuladas, en algunos casos en forma completa y en otros, de manera tal de que sus objetivos primigenios quedaron desvirtuados.

“Las políticas de corte preventivo fueron reducidas de manera significativa. Algunas de esas políticas atraviesan distintas gestiones y eran valoradas por actores locales y organismos internacionales. Desarmar esas barreras preventivas puede explicar la proliferación de casos en donde se sospecha la ocurrencia de irregularidades o casos de corrupción”, afirmó Natalia Torres, co-autora del documento e integrante del Instituto Argentina Grande.

Ante una gestión gubernamental en donde abundan los conflictos de intereses producto de una masiva incorporación de representantes de grandes empresas en puestos de conducción estatal, la OA mostró -a través de sus resoluciones- una actitud, al menos, condescendiente.

“Estamos frente a una captura institucional: un organismo creado para prevenir la corrupción hoy funciona como garante de los intereses corporativos en el corazón del Estado. Este retroceso no sólo erosiona la confianza ciudadana, también habilita la consolidación de negocios privados en detrimento del bien común”, sostuvo Luis Villanueva, co-autor del informe y coordinador del Equipo de Anticorrupción, Transparencia y Modernización del Estado de la Fundación DHI.

De acuerdo al reporte, las resoluciones de la OA han eludido la tarea de señalar y prevenir distintas infracciones a la ley de ética pública, como en el caso $Libra, un caso que involucra millones de pesos, con repercusiones internacionales y que abrió investigaciones en otras jurisdicciones. Por otro lado la OA retomó su rol como querellante únicamente para perseguir a los opositores del gobierno nacional, organizaciones sociales y ex funcionarios. Por el contrario, mantuvo un rol pasivo en casos que involucran a funcionarios de primer nivel o implican millonarios fondos públicos como en el caso ANDIS.

Villanueva concluyó: “La Oficina Anticorrupción debería ser un pilar de la institucionalidad democrática. Su vaciamiento confirma que la motosierra no sólo recorta recursos, también desmantela las capacidades estatales para controlar al poder económico y político.”

En conclusión, el informe sostiene que la OA debilitó las políticas preventivas y las funciones de control del organismo habilitando situaciones de conflictos de intereses, puerta giratoria y captura del Estado por parte de intereses privados. El resultado de estas acciones se reflejan en la creciente sospecha sobre la probidad en la gestión gubernamental actual.

El informe completo: