Las políticas oficiales de reestructuración y ajuste sobre el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria generaron resistencia sindical, protestas y denuncias de vaciamiento institucional en todo el país.

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), pilar de la investigación agropecuaria argentina desde hace décadas, se convirtió en uno de los escenarios más tensos de las políticas de ajuste del Gobierno nacional. El Ejecutivo impulsa una reestructuración profunda del organismo que, según el Consejo Directivo propuesto desde el Ministerio de Economía, implicaría cierres de sedes, retiros “involuntarios”, y una redefinición de las funciones técnicas y territoriales que amenaza con vaciar su rol central en el desarrollo productivo y científico del país.

La protesta sindical tomó fuerza desde mediados de 2025. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), principal organización que nuclea al personal del INTA, llevó adelante concentraciones y movilizaciones frente a la sede central del organismo en Buenos Aires y en estaciones experimentales de distintas provincias, advirtiendo que los recortes presupuestarios y la eliminación de la autarquía institucional ponen en riesgo no solo los puestos de trabajo sino también la soberanía alimentaria y la asistencia técnica que el INTA brinda a millones de pequeños y medianos productores rurales.

Una de las medidas más controvertidas fue el pase a disponibilidad de casi 300 trabajadores, firmado por el ministro Luis Caputo apenas una hora y media después de que el Senado rechazara un decreto que pretendía desmembrar legalmente al organismo. ATE calificó la maniobra como un desafío directo al Congreso y a la Justicia, y anunció acciones judiciales para declarar ilegales esos actos administrativos.

Desde el sindicato también denunciaron que el ajuste se traduciría en el cierre de agencias rurales, estaciones experimentales e incluso remates de tierras propiedad del INTA, en un plan que busca centralizar funciones y reducir la presencia territorial del organismo, con la transferencia de sus capacidades a mecanismos digitales o alianzas público–privadas.

La conflictividad no es aislada. En múltiples provincias, filiales de ATE declararon estado de alerta y movilización, insistiendo en que el vaciamiento del INTA afecta directamente a las economías regionales y al tejido productivo de sus territorios.

Las autoridades del gobierno han intentado justificar los cambios argumentando una supuesta “ineficiencia” histórica del organismo, aunque esa visión choca con décadas de investigaciones, transferencia tecnológica y asistencia técnica que posicionaron al INTA como un actor clave en la agricultura familiar y el desarrollo sustentable.