La advertencia de ONUSIDA apunta a los recortes bruscos de financiación y el deterioro de la situación de los derechos humanos que "están perturbando los servicios de prevención y tratamiento en docenas de países". En Argentina, la Fundación Huésped advierte en el mismo sentido: "El proyecto de presupuesto 2026 supone un giro preocupante en la respuesta al VIH".
En el Día Mundial del Sida, que se conmemora cada 1 de diciembre, ONUSIDA señaló que la ayuda internacional ha disminuido drásticamente y que, según las previsiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la financiación externa para la salud podría reducirse entre un 30% y un 40% en 2025 en comparación con 2023.
"El impacto ha sido inmediato y grave, especialmente en los países de ingresos bajos y medios muy afectados por el VIH", indicaron. "La crisis de financiación ha puesto de manifiesto la fragilidad de los avances que tanto nos ha costado conseguir", afirmó Winnie Byanyima, directora ejecutiva de ONUSIDA, en una intervención en Ginebra.
"Detrás de cada dato de este informe hay personas (...) bebés que no han podido someterse a pruebas de detección del VIH, mujeres jóvenes que se han visto privadas de apoyo para la prevención y comunidades que de repente se han quedado sin servicios ni atención. No podemos abandonarlas".
VIH: la clave es la prevención
ONUSIDA informó también que en 13 países ha disminuido el número de personas que han iniciado el tratamiento y que, ya antes de la crisis, las adolescentes y las mujeres jóvenes ya se veían gravemente afectadas: cada día se producen 570 nuevas infecciones por el VIH entre las mujeres jóvenes de 15 a 24 años. ONUSIDA advierte que el desmantelamiento de los programas de prevención las deja aún más vulnerables.
Las organizaciones comunitarias, que son la columna vertebral de la divulgación sobre el VIH, también se encuentran bajo presión. Más del 60 % de las organizaciones dirigidas por mujeres afirman que han tenido que suspender servicios esenciales.
Los modelos de ONUSIDA sugieren ahora que, si no se restablecen las iniciativas de prevención, podrían producirse 3,3 millones de nuevas infecciones por el VIH entre 2025 y 2030.
La crisis de financiación se está desarrollando en un contexto de crecientes restricciones a la sociedad civil y de aumento de las leyes punitivas dirigidas a los grupos marginados más afectados por el VIH.
Por primera vez desde que ONUSIDA comenzó a hacer un seguimiento de este tipo de legislación, el número de países que penalizan las relaciones entre personas del mismo sexo y la expresión de género aumentó en 2025. A nivel mundial:
• 168 países penalizan algún aspecto del trabajo sexual
• 152 penalizan la posesión de drogas a pequeña escala
• 64 penalizan las relaciones entre personas del mismo sexo
• 14 penalizan a las personas transgénero
Las restricciones a la sociedad civil, incluidas las onerosas normas de registro y las limitaciones a la recepción de ayuda internacional, están socavando aún más el acceso a los servicios.
Al gobierno de Milei no le importa
La situación en Argentina, en tanto, va en consonancia con la crisis mundial advertida por ONUSIDA.
Según analizó la Fundación Huésped, el proyecto de presupuesto 2026 supone un giro preocupante en la respuesta al VIH: de una estrategia integral de prevención, diagnóstico y tratamiento con miras al cumplimiento de la Ley Nacional de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales, ITS y Tuberculosis, hacia un enfoque limitado casi exclusivamente a sostener los tratamientos actuales, dejando de lado la prevención y la detección temprana, con recortes u omisiones en herramientas clave como PrEP y PEP, preservativos, test rápidos y carga viral.
Esto puede traducirse en más infecciones, diagnósticos tardíos (que hoy ya afectan al 45% de los nuevos diagnósticos de VIH en el país), mayor desigualdad sanitaria, y mayores costos en tratamientos futuros.
"El presupuesto es la expresión concreta de las prioridades de un gobierno. Cuando se reducen o invisibilizan las partidas destinadas a VIH e ITS -y cuando persisten problemas de ejecución incluso en lo que se proyecta-, se está enviando un mensaje claro: la salud pública y los derechos humanos fundamentales no están en el centro de la agenda y de las políticas públicas. Y el derecho a la salud no puede ser una variable de ajuste presupuestario. La inversión en prevención, diagnóstico y cuidado es una estrategia sanitaria eficiente y una obligación del Estado para proteger la salud de toda la población", señalan desde la fundación.
Y agregan: "Cada peso no invertido en prevención, detección temprana y tratamiento oportuno demanda más dinero para tratar las consecuencias de esta falta de inversión. Presupuestar y ejecutar los recursos necesarios para la respuesta al VIH no es solamente una cuestión de salud, ética y de derechos humanos, también es una cuestión económica".
Prevención combinada
Para la Fundación Huésped, un aspecto crítico del proyecto es la no mención de la PrEP y PEP en sus metas, dos herramientas fundamentales de prevención.
En 2023 -último proyecto de presupuesto en el que se mencionan prep y pep como líneas específicas- se asistió a 8.744 personas con PrEP y 4.867 con PEP, mientras que en 2025 y 2026 ambos ítems desaparecen por completo de las metas presupuestarias.
Aunque la provisión pueda continuar, ya que pueden englobarse en personas en asistencia regular con medicamentos, que dejen de mencionarse en el presupuesto subestima su importancia y debilita la garantía de acceso. "Lo que no se nombra, no existe. Esto no solo compromete la planificación, sino que borra del debate público herramientas esenciales para prevenir nuevas infecciones. El mundo habla de prevención combinada justamente porque una sola herramienta no alcanza para todas las personas en todos los momentos de su vida", explican.
Tratamiento de VIH
El número de personas que recibirían antirretrovirales aumenta levemente en 2026: de 66.893 tratamientos en 2023 a 71.500 en 2026. Sin embargo, según el análisis de la Fundación Huésped, la ejecución presupuestaria al 3er trimestre de 2025, de acuerdo a los datos oficiales, marca 71.564 personas bajo programa.
Globalmente, el 70% de las personas con VIH en el país cuenta con cobertura pública exclusiva, por lo que es dable suponer que casi 5000 nuevas personas precisarán tratamiento antiviral. Si además no se diferencian los tratamientos para PrEP y PEP, queda la duda acerca de cómo estableció esta meta el Ministerio de Salud, ya que no alcanzaría para cubrir las necesidades de la población bajo programa.
Provisión de insumos
Tras un 2025 sin compras de preservativos —lo que generó faltantes en todo el país—, el proyecto prevé una recuperación abrupta en 2026, pero sin asegurar continuidad ni ejecución real, y con números aún por debajo de lo estipulado en el presupuesto 2023.
En 2023, la meta física actualizada fue de 30,0002,400 unidades desde el programa 22 (Respuesta al VIH) y 25,300,000 desde el Programa 25 (Salud Sexual y Reproductiva). En 2025, la ejecución al 3er trimestre muestra una distribución de 832 (ochocientos treinta y dos) preservativos, generando faltantes en todo el país. Para 2026 se proyecta recuperar la provisión a 15,5 millones (P22) y 18 millones (P25). La recuperación proyectada no alcanza a compensar el último año sin compras ni asegura continuidad, y reduce a menos de la mitad de lo estipulado en 2023.
Respecto de los materiales educativos, de 275.565 folletos distribuidos en 2023 a 0 en 2025. Sin campañas, baja la prevención y la demanda de acceso al sistema de salud, por ende, las consecuencias se agravan generando más y más graves infecciones.
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Diagnóstico y seguimiento de VIH
En 2023 se distribuyeron 1.120.380 test rápidos de VIH, mientras que para 2026 se prevén 581.000 test. Esto implica una reducción del 49,3% respecto de 2023. En 2025, el total ejecutado según los datos oficiales es 0 (cero).
Muchas jurisdicciones compran reactivos, pero la responsabilidad del Poder Ejecutivo Nacional a partir de la ley 27.675 es clara: garantizar la provisión gratuita, oportuna y suficiente en todo el país para asegurar el acceso al diagnóstico para todos, no importa el territorio en el que nazcan. Esta caída en la compra y distribución de pruebas diagnósticas afectan la detección temprana del VIH. En Argentina, el 45% de los diagnósticos se dan de manera tardía, lo cual resulta alarmante porque impide el inicio temprano de tratamientos efectivos, generando, a su vez, un aumento en el riesgo de deterioro en la salud, reduciendo las probabilidades de tener una vida saludable.
Además, el diagnóstico tardío incrementa la transmisibilidad, ya que una persona sin diagnóstico, y por ende sin tratamiento, no logra tener carga viral indetectable. Y así se imposibilita garantizar el principio sanitario “Indetectable = Intransmisible (I=I)”, uno de los pilares de la respuesta global al VIH.
Sostener e incrementar el acceso al diagnóstico temprano es esencial para proteger la salud individual y la salud pública, evitando nuevas infecciones y asegurando el cumplimiento de las obligaciones del Estado establecidas en la Ley de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales, ITS y Tuberculosis.
Respecto de los reactivos para carga viral de VIH, en 2023 se distribuyeron 94.332 pruebas, mientras que en 2024 fueron solo 17.112, y en 2025 se proyectaron 70.010 pruebas, pero se ejecutaron 0 (cero) al segundo trimestre del 2025. Para 2026 se proyectan 116.215 pruebas, un número insuficiente para que las personas bajo programa accedan a 2 pruebas anuales.
Garantizar la disponibilidad continua de reactivos para carga viral es esencial para alcanzar los compromisos globales de ONUSIDA, que establecen que el 95% de las personas en tratamiento deben lograr y sostener una carga viral indetectable. Para ello, se requieren al menos dos pruebas de carga viral por año por persona bajo programa. La indetectabilidad viral no solo asegura una mejor calidad y expectativa de vida, sino que también confirma el principio Indetectable = Intransmisible (I=I), clave para reducir la transmisión del VIH en el país.
Hepatitis virales y tuberculosis
Tratamientos para hepatitis C: de 1.420 tratamientos en 2023 a 789 en 2026 (-44%).
Tratamientos para tuberculosis: de 14.000 tratamientos de primera elección en 2023 a 12.450 en 2026 (−11%)
"Menos inversión significa más complicaciones, mayor transmisión y peores desenlaces clínicos. El derecho a la salud no puede ser una variable de ajuste presupuestario. La inversión en prevención, diagnóstico y cuidado es una estrategia sanitaria eficiente y una obligación del Estado para proteger la salud de toda la población", finalizan desde la Fundación Huésped.
