El Gobierno nacional anunció la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad y traspasó sus atribuciones al Ministerio de Salud. Organizaciones adiverten que esta decisión implica "un grave retroceso hacia el modelo médico-rehabilitador".
Tras el escándalo a raíz de la filtración de los audios del exfuncionario Diego Spagnuolo, el Gobierno finalmente concretó la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y traspasó sus atribuciones al Ministerio de Salud a cargo de Mario Lugones.
Según consigna Tiempo Argentino, se trata de una decisión que se maduraba desde la detección de irregularidades en la agencia que conducía el exabogado del presidente Javier Milei.
Ayer el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció su cierre aunque aclaró que las prestaciones no serán recortadas ni se eliminarán.
“La Agencia Nacional de Discapacidad, tal como la conocemos, dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud”, anunció desde la sala de conferencias.
Asimismo, remarcó: “La agencia se creó en 2017 como un organismo descentralizado que tenía como objetivo coordinar las políticas públicas en discapacidad. Sin embargo, durante años y fruto de la autonomía administrativa que gozaba este tipo de organización, acumuló toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”.
El gobierno anunció que deja de existir ANDIS, vinieron, le robaron absolutamente TODO a los discapacitados, saltó la ficha y ahora lo cierran para poder seguir robando de OTRO LADO, gobierno libertario en su máxima expresión, Karina (KM) tiene q ir PRESA
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Para Adorni, la situación “provocó irregularidades, como personas fallecidas cuyos familiares seguían cobrando la pensión, pensiones otorgadas sin documentación válida, médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios, como la Fundación METAS, que decía brindar clases de apoyo escolar, pero en sus instalaciones solo había una vivienda precaria, sin agua, electricidad, inmobiliario”.
“Solo se encontró suciedad, moho, escombros y excremento de roedores. Al formar parte del Ministerio de Salud, las políticas de discapacidad se van a administrar de manera transparente, con mecanismos de control y sin discrecionalidades”, sentenció el funcionario, y completó: “Se va a garantizar la trazabilidad en expedientes, habrá auditorías permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones. Además, se van a eliminar 16 cargos políticos, lo que implica una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica”.
Por su parte, aclaró: “Esto no significa que se vayan a cortar pensiones ni nada por el estilo. Esto lo aclaro, porque en virtud de evitar que alguien cometa algún error contando la información alejada de la realidad o de lo que realmente es, repito: esto no implica que se corte absolutamente ninguna prestación”.
Un retroceso en derechos
Tras conocerse la noticia, organizaciones repudiaron el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el traspaso de la temática a la órbita del Ministerio de Salud.
"Esta decisión implica un grave retroceso hacia el modelo médico-rehabilitador, abandonando el modelo social de la discapacidad consagrado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tratado internacional suscripto por el Estado Nacional en el año 2008 y al que se le reconoce jerarquía constitucional en los términos del artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional", indicaron.
Para las organizaciones, "la medida adoptada confirma la persistente decisión del gobierno nacional de no reconocer a las personas con discapacidad como sujetos de derecho, reduciéndolas nuevamente a la condición de pacientes, objetos de cuidado y rehabilitación. Ello se ve expresamente reflejado en las declaraciones oficiales, que justifican el cambio institucional señalando que permitirá “garantizar que las políticas de discapacidad cumplan efectivamente su finalidad sanitaria”".
Según explican, "esta definición vulnera derechos consagrados por la Convención y por la Constitución Nacional, y constituye un nuevo ataque a un colectivo históricamente vulnerado, que en el último tiempo ha sido objeto de una sistemática campaña de desprestigio y estigmatización por parte del gobierno nacional".
"Una vez más, se pretende fundamentar esta decisión en supuestos hechos respecto de los cuales no se han aportado pruebas suficientes, asociando de manera injustificada a las personas con discapacidad con prácticas de malversación de fondos o maniobras ilícitas, lo que profundiza su estigmatización social", agregan.
La formulación y gestión de políticas públicas en discapacidad requieren mecanismos de transversalidad y coordinación interministerial, tal como lo establecen los estándares internacionales de derechos humanos. Sin embargo, explican, "la decisión gubernamental limita el abordaje de la discapacidad a una cuestión estrictamente sanitaria, prescindiendo de dimensiones esenciales como el derecho al empleo, a la educación inclusiva, a la vida independiente, a la toma de decisiones con apoyos, a la accesibilidad, a los apoyos necesarios, a los derechos políticos, al deporte, la recreación y la participación plena en la comunidad, entre otros".
En su artículo 33, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad obliga al Estado a designar puntos focales y mecanismos de coordinación intersectorial para la implementación efectiva de las políticas públicas en la materia, obligación que se ve claramente incumplida con esta medida.
"Asimismo, el cierre de la ANDIS conlleva la pérdida de numerosos puestos de trabajo, afectando de manera directa a trabajadoras y trabajadores —muchos de ellos personas con discapacidad— en un contexto de profunda exclusión laboral, donde apenas dos de cada diez personas con discapacidad acceden a un empleo. Esta decisión no solo vulnera el derecho al trabajo, sino que profundiza la precarización y la exclusión de un colectivo que enfrenta históricas barreras de acceso al mercado laboral", indican.
Y para finalizar sostienen que "los hechos de corrupción que pudieran haberse detectado en el ámbito de la ANDIS no se solucionan mediante su cierre, sino a través de la investigación, el esclarecimiento y la sanción de las responsabilidades correspondientes. La eliminación del organismo solo perjudica el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, sin resolver los hechos denunciados".
El comunicado lo firman la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Ambliopes (FAICA), Asociación Civil Mesa de Trabajo en Discapacidad y DDHH, Asociación Civil Andar, Red de Asistencia Legal y Social (RALS), Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
