Organizaciones de discapacidad y de derechos humanos cuestionaron el proyecto de Presupuesto nacional impulsado por el oficialismo y advirtieron que elimina leyes ya sancionadas, desconoce emergencias vigentes y viola tratados internacionales.
Organizaciones de discapacidad y derechos humanos denunciaron que el proyecto de Presupuesto presentado por La Libertad Avanza en el Congreso de la Nación implica un retroceso en derechos fundamentales y afecta de manera directa a las personas con discapacidad, a las universidades nacionales y al sistema de salud pediátrico.
A través de un pronunciamiento conjunto, las entidades advirtieron que el nuevo texto presupuestario propone eliminar la ley de financiamiento universitario, la Ley de Emergencia en Discapacidad y los fondos destinados al Hospital Garrahan, normas que ya habían sido votadas por el Congreso y cuyo veto presidencial fue revertido por el propio Poder Legislativo. “Celebramos que exista una ley de presupuesto, pero no puede ser para beneficiar a unos pocos a costa de vulnerar derechos”, afirmaron.
El documento también cuestiona el respaldo político que permitió el avance del proyecto. Según señalaron, el oficialismo reunió 28 firmas, sumando a legisladores del PRO, la UCR, el MID, Producción y Trabajo, Elijo Catamarca, Innovación Federal e Independencia. “Estas adhesiones implican una clara complicidad en el avasallamiento de derechos de las personas con discapacidad, de las universidades nacionales y en el desconocimiento de la emergencia pediátrica”, denunciaron, aunque aclararon que seis de esas firmas fueron con disidencias.
En el plano legal, las organizaciones alertaron que el Estado nacional no justificó la supuesta falta de recursos para sostener las leyes que ahora pretende derogar. “Si bien una ley puede modificar otra, en el caso del Presupuesto el Gobierno debe demostrar la imposibilidad de la erogación, algo que no ha hecho”, sostuvieron.
Además, remarcaron que el artículo 75 del proyecto presupuestario es inconstitucional, ya que utiliza una ley anual y transitoria para modificar leyes de fondo, como la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad y la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición Salarial Docente. Esta situación fue advertida, indicaron, por la propia Oficina de Presupuesto del Congreso.
Finalmente, las organizaciones subrayaron que el proyecto contradice principios básicos del derecho internacional. “Las leyes no deben ser regresivas y este presupuesto vulnera el acceso a la salud, la rehabilitación, la educación y la protección social”, alertaron, en referencia a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y otros tratados internacionales. También recordaron que Argentina recibió observaciones recientes por la desprotección de este colectivo, “que el Estado hoy elige ignorar”.
El pronunciamiento lleva la firma de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (Redi), Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Ambliopes (Faica), la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos de Córdoba, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (Apdh), la Red de Asistencia Legal y Social (Rals) y la Asociación Civil Andar.
