ANUARIO 2025 | El INDEC reveló un descenso de la pobreza en el Gran Santa Fe en relación a los valores de 2024. Sin embargo, diversas manifestaciones continúan teniendo lugar en las calles para reclamar mayores ayudas sociales a los sectores más desprotegidos.

A pesar de la crisis de ingresos, el aumento del endeudamiento en los hogares y la destrucción del empleo, la pobreza en Argentina alcanzó al 31,6% de la población en la primera mitad de 2025. Es decir, niveles inferiores al 2024. Sin embargo, en el aglomerado Gran Santa Fe, el indicador fue mayor al promedio nacional y se ubicó en 35,8%, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El aglomerado Gran Santa Fe incluye a la ciudad capital y su conurbano (que integran ciudades como Santo Tomé, Recreo, Sauce Viejo, Villa Adelina, San José del Rincón, Arroyo Leyes). Para el INDEC, un total de 198.310 personas, en 52.404 hogares, se encuentran bajo la línea de pobreza.

En cuanto a la indigencia (aquellos que no logran ni siquiera con sus ingresos cubrir la canasta básica de alimentos), en el Gran Santa Fe alcanzó al 6,3% de la población y al 4,6% de los hogares. Esto significa un total de 34.922 personas y 9.123 hogares.

Esta mejora en los índices de pobreza se atribuye a un descenso de la inflación, lo que impacta positivamente sobre el tipo de medición que realiza el INDEC a través de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Sin embargo, no implica la ausencia de reclamos persistentes sobre la precariedad que siguen padeciendo los sectores más vulnerables.

La ciudad de Santa Fe fue escenario de múltiples manifestaciones en reclamo de condiciones dignas de vida para los sectores más desprotegidos. Una de ellas fue la movilización organizada por la UTEP junto a la CGT, CTA Autónoma, CTA de los Trabajadores y decenas de organizaciones sociales, sindicales, barriales y religiosas, bajo el lema “movilización por paz, pan, tierra, techo y trabajo”, en el marco del Día de San Cayetano. En ella se denunció “un modelo que descarta” y exigió el reconocimiento salarial de quienes sostienen día a día los comedores comunitarios.

En dicha oportunidad, la denuncia se centró en la profundización de una crisis estructural: más del 57% de niños y niñas viviendo en la pobreza; el congelamiento del ex Potenciar Trabajo; los salarios indignos de las trabajadoras sociocomunitarias; la crisis habitacional, alimentaria y laboral; y el pedido de aprobación de la Ley de Emergencia Productiva y del proyecto de Ley de Trabajadores de Comedores.

Más hacia fin de año, Pausa dio a conocer la situación crítica que atraviesa el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). Dicha organización realizó una manifestación en el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano para exigir respuestas al gobierno provincial frente al deterioro de los programas de acompañamiento y ayudas sociales. Sin embargo, el gobierno de Pullaro tildó de “irrupción violenta" a la protesta y anunció que suspenderá "todos los programas y líneas de acompañamiento vinculados al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) de la ciudad de Santa Fe".

Lo cierto es que el MTE explicó a Pausa que hace 22 meses el gobierno provincial no recibe a la organización; y con esta amenaza de los funcionarios provinciales, ahora peligran programas alimentarios, de la economía popular y de reintegración de personas en contexto carcelario con la enseñanza de oficios.