ANUARIO 2025 | El gobierno presentó una reforma para “modernizar” el régimen laboral. Para sorpresa de nadie, el proyecto vulnera derechos históricos de los trabajadores en beneficio de los intereses empresariales.

Cada vez que el Terminator del Estado aparece en escena, trae consigo una buena cantidad de conceptos (viejos todos, aunque a veces rebrandeados) que vienen a “mejorarle la vida a los trabajadores”. Si Federico Sturzenegger te habla de “modernización”, vos agarrá tu convenio colectivo y salí corriendo.

Aunque no dependa estrictamente de su área de trabajo, ha sido él el funcionario que ha salido a presentar mediáticamente el proyecto de reforma laboral que el Gobierno nacional presentó al Congreso en diciembre de 2025. Ese que venía prometiendo desde los tiempos de la campaña presidencial, y que ahora Milei impulsa consciente de que el nuevo Congreso puede llegar a darle finalmente una victoria.

Oficialmente, la iniciativa se plantea como una modernización del régimen laboral argentino para enfrentar la “rigidez” y promover empleo formal. Sin embargo, desde múltiples sectores sindicales, sociales y críticos se advierte que la reforma beneficia principalmente a los intereses empresariales y debilita las protecciones históricas de los trabajadores.

Todo tiene olor a ‘90s, 2001 y macrismo reloaded: los libertarios sostienen que la reforma busca simplificar las reglas laborales, reducir la litigiosidad y promover flexibilidad mediante acuerdos entre partes. El ministro de Modernización explicó que los cambios se aplicarían a todos los contratos existentes y que introducen mecanismos como el banco de horas y la flexibilización de vacaciones y horas extra, siempre sujetos a mutuo acuerdo.

Es sabido que, trabajando en relación de dependencia, no hay nada más fácil que “ponerse de acuerdo” con la patronal. ¿No? No.

A su vez, impulsa la creación de un Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para cubrir indemnizaciones, invento que fue presentado como una forma de aliviar costos para las empresas, con aportes equivalentes al 3% de las remuneraciones patronales.

Aunque la participación de la CGT en la discusión hasta ahora parece ser más o menos la misma que la de Marixa Balli (es decir, nula), los sindicatos de base, las organizaciones sociales y las demás centrales obreras se han encargado de expresar una mirada diametralmente opuesta a la que plantea el gobierno. Para amplios sectores sindicales la reforma implica un avance sobre las normas que protegen empleo y condiciones laborales, profundizando la precarización y debilitando la acción colectiva.

La principal crítica es que la reforma fue escrita a partir de demandas empresariales y bajo la consigna de erradicar la llamada “industria del juicio”, término que, según sus detractores, se utiliza como excusa para quitar derechos y facilitar la resolución de conflictos a favor de patrones.

La reforma vulnera principios de protección laboral, debilita la fuerza de los sindicatos y relaja normas que fueron conquistadas en décadas de negociación colectiva. En ese punto, gran parte del movimiento obrero organizado y la oposición parecen estar de acuerdo: con la reforma ganan los empresarios y pierden a los trabajadores. Esto, claro, no debe sorprender: es una constante del gobierno de Javier Gerardo Milei.