ANUARIO 2025 | José Luis Espert renunció forzadamente a su candidatura luego de que se revelara un posible financiamiento narco de su campaña presidencial en 2019. 

Narcos. Cifras millonarias en dólares. Fotos y videos comprometedores. Motos. Subtexto homoerótico. Traiciones. En el medio, también, lo poco que queda de algo parecido a la política. Todo eso que podría ser una serie de Netflix (o un viejo unitario de Polka de las mejores épocas de Suar) es en realidad un trama que terminó con un diputado renunciando a su banca y a su candidatura, cuando las boletas ya estaban impresas y no podían reemplazarse.

La candidatura de José Luis Espert, presentada como una de las apuestas fuertes del oficialismo liberal para consolidar su proyecto político, terminó diluyéndose en pocos meses, atravesada por denuncias judiciales, revelaciones sobre el financiamiento de campañas anteriores y una creciente incomodidad política dentro del propio espacio que lo impulsaba.

El punto de quiebre se produjo cuando la Cámara de Diputados avaló el allanamiento al domicilio de Espert en el marco de una causa judicial que investiga presuntas irregularidades vinculadas a su actividad política y económica. La decisión parlamentaria, acompañada además por la citación al ministro Luis Caputo para ser indagado en la misma trama, colocó al entonces candidato en el centro de una escena judicial que contrastaba de forma directa con su discurso histórico contra “la casta” y la corrupción política.

A ese escenario se sumaron revelaciones sobre el financiamiento de su campaña presidencial de 2019. La confirmación pública de Fred Machado, quien admitió haber financiado aquella campaña, reabrió interrogantes sobre los vínculos económicos de Espert y debilitó aún más su posicionamiento como referente de una supuesta ética de mercado sin intermediaciones oscuras. Para un dirigente que construyó su figura desde la denuncia permanente al sistema político tradicional, el impacto simbólico fue especialmente fuerte.

Y después, claro, lo que parecía ser la mano de la justicia popular dictando sentencia: en las primeras semanas de campaña, ni Espert ni ninguno de los candidatos de LLA podían pisar una plaza, un mitín o un club sin ser escrachados. Hasta el presidente y la primera hermana sufrieron el azote de la bronca conurbana, en forma de misiles de brócoli.

Espert escapó de su último acto como candidato en una moto prestada, aferrado a la cintura de algún puntero barrial, con los zapatos en punta rozando el pavimento. 

Y el orgullo, claro, por el piso.

En ese contexto, la renuncia de Espert a su candidatura apareció menos como un gesto voluntario que como una salida forzada ante el deterioro de su imagen pública. El oficialismo evitó un respaldo explícito en el tramo final y optó por tomar distancia, evidenciando que la promesa de renovación tenía límites claros cuando el costo político comenzaba a escalar.

El caso Espert dejó al descubierto una contradicción central del proyecto de La Libertad Avanza: la dificultad para sostener un discurso de transparencia absoluta mientras emergen prácticas que remiten a las lógicas clásicas de la llamada casta. 

Mientras la investigación por el caso Machado sigue su curso, la lectura con el diario de diciembre de la trama electoral es bastante más simple: el golpe de las denuncias no alcanzó para que Milei perdiera (o no ganara) las elecciones. Espert no le hacía falta para llegar a ese resultado. Quizás la fórmula funcionó a contrapelo de lo que a veces escuchamos en otros espacios políticos: con Espert no se podía, y sin Espert alcanzaba.