El gobierno se excusa con la falta de fondos para ocultar su profundo desprecio por la salud y la educación públicas -como por todo lo público-, y un odio visceral hacia los sectores sociales que necesitan de sus servicios.
Entre noviembre de 2023 y agosto de 2025, los salarios docentes universitarios cayeron un 29% real y los gastos de funcionamiento de las casas de altos estudios públicas se redujeron un 33,4%, al tiempo que los recursos para investigación y becas estudiantiles permanecen congelados. Y el deterioro progresó desde entonces a esta parte. El resultado es inmediato, mediato y futuro: pérdida de poder adquisitivo, deterioro de la infraestructura de las universidades y suspensión de proyectos científicos y académicos en general.
En el Hospital Garrahan, los directivos denuncian que el Ejecutivo “escondió” durante 2025 “40 mil millones de pesos propios del efector, mientras éste se estaba destruyendo”. Además, suman 245 los trabajadores altamente capacitados que renunciaron en busca de suplir en otros trabajos los salarios de hambre que vienen percibiendo desde el inicio de la gestión Milei. En la misma línea, desde mayo de este año, el hospital se encuentra en una crisis que escaló en los últimos meses con el cierre de la residencia de Pediatría.
El reemplazo de las residencias por un esquema de “becas de formación” fue uno de los puntos más criticados por la comunidad médica. Según advirtieron los profesionales, el nuevo régimen elimina derechos laborales básicos: quienes ingresen bajo estas condiciones no tendrían obra social, ni aportes jubilatorios, ni aguinaldo, ni licencias, y percibirían apenas un estipendio mensual sin cobertura social. Asimismo, con el presupuesto congelado desde diciembre de 2024, se ha dificultado la adquisición de insumos, el pago de salarios y el funcionamiento general del centro pediátrico.
La intención del gobierno, para ambos casos, es clara: desfinanciar para obligar a arancelarse. Y sus estrategias se reparten en dos frentes: el discursivo y el pragmático. El primero de ellos se sostiene en los pronunciamientos públicos y en medios subyugados, que le permiten al presidente y sus secuaces repetir sin reflexión estúpidos supuestos insultos, como “zurdos”, y argumentos fácilmente refutables —e igual de estúpidos—, como que las universidades y el hospital pediátrico más prestigioso de Latinoamérica no se dejan auditar porque afanan “de la tuya”.
En el terreno más pragmático, la estrategia gubernamental se desarrolla en el Congreso. El mecanismo es siempre el mismo: amenazar con quitar fondos (cuáles, no se sabe, porque ya no queda nada por quitar) a las provincias cuyos legisladores apoyen normativas “en contra del equilibrio fiscal”, patotear en el recinto y en redes a quienes voten en ese sentido, vetar leyes ya aprobadas por amplia mayoría, volver a amenazar para que los vetos no sean rechazados, y no cumplir las leyes una vez sancionadas definitivamente.
El problema (para el gobierno) es que del otro lado hay un terreno más válido, poderoso y desconocido por la derecha: la calle. Los profesionales de la salud, los trabajadores, los docentes y no docentes, los estudiantes, más mucha gente que no es nada de eso pero que “la ve”, no se callaron en todo 2025, y las marchas y expresiones públicas se hicieron sentir una y otra vez.
Lo que es más, y peor (de nuevo, para el gobierno), los rectores de las universidades y las autoridades hospitalarias (médicos reconocidos ellos) se expresaron en cuanto ámbito se les permitió, explicando con precisión y grandeza la realidad de las universidades y del Garrahan. Fueron el terror de los referentes de LLA: personas cultas, representantes de academias e instituciones que los exceden, instruyendo sin insultos y con fundamentos sobre realidades que sobrepasan por varios pueblos las capacidades de sus cabecitas libertarias.
A puro vetazo
En agosto de 2025, ambas cámaras del Congreso aprobaron las leyes de Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario.
La primera de ellas (Ley Nº27.796) declara la emergencia sanitaria pediátrica por un año, buscando garantizar el acceso a la salud infantil, fortalecer hospitales como el Garrahan, recomponer salarios del personal de salud, derogar la resolución que modificó el régimen de residencias médicas, asignar recursos adicionales durante un año para atender la situación sanitaria pediátrica nacional y contemplar recursos extraordinarios para insumos críticos.
Por su parte, la Ley de Financiamiento Universitario (Nº27.795) propone una actualización automática por inflación de los gastos operativos de las universidades, incluyendo hospitales universitarios, partidas para investigación, aumento de becas y la reapertura de paritarias para salarios docentes y no docentes. Además, el proyecto fija una progresiva inversión estatal que iría del 1 % del PBI en 2026 hasta el 1,5 % en 2031.
Ambas iniciativas fueron sancionadas por amplia mayoría, pero Javier Milei volvió a gobernar de la única manera que sabe hacerlo: a puro veto. El 10 de septiembre de 2025 emitió el DNU en contra de la decisión de otro poder del Estado porque, según señaló, las normativas generaban un desequilibrio fiscal que atentaba contra la estabilidad macroeconómica.
Milei vetó las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica
El 2 de octubre siguiente, el Senado dio el batacazo final y rechazó ambas resoluciones presidenciales en el recinto, por lo que el Ejecutivo no pudo más que promulgarlas. De todas formas, el acatamiento por parte del gobierno fue dispar: en el caso del Garrahan, se anunció un incremento del 60% en la asignación básica del personal de planta, contratos de empleo público, becarios y residentes. Aviso: la medida no hizo más que cumplir la ley aprobada por el Congreso. Mérito del Ejecutivo, cero. Lo que sucede es que en el caso de las universidades, la situación es otra. Porque Milei sigue sin acatar lo que tiene que acatar, y la comunidad académica se ve obligada a seguir reclamando por lo que le corresponde, por ley. El gobierno incluso intentó derogar la Ley de Financiamiento Universitario en el Presupuesto 2026, pero no consiguió los votos necesarios.
Probablemente, lo que ocurre es que en el análisis costo-beneficio, los libertarios vieron que dejar morir a niños con cáncer no garpaba lo suficiente, mientras que impedirle el acceso al estudio a un pibe de La Matanza es un peligro latente. Esa batalla hay que darla, creen ellos: con “los zurdos”, a matar o morir.
El problema, para el gobierno (siempre para el gobierno), es que el enemigo que él mismo construyó está en la calle. Esa calle que no habitan, esa que no recorren si no es a punta de pistola y gas lacrimógeno. Esa que no entienden ni están dispuestos a entender. Ojalá estén a tiempo de hacerlo.
