ANUARIO 2025 | Tras meses de vulnerar a los ya vulnerables, denigrarlos públicamente y quitarles pensiones injustamente, el presidente afronta el peor escándalo de corrupción desde el inicio de su gestión, que involucra directamente a su hermana Karina Milei.

2025 probablemente sea recordado por las personas con discapacidad como uno de los más duros de las últimas décadas, con un gobierno que no solo no demuestra un mínimo de empatía hacia sus situaciones, sino que, por el contrario, evidencia un profundo desprecio por ellas, y por momentos hasta las fija como blancos, en medio de la batalla cultural que ha emprendido contra todos los sectores vulnerables y populares.

No olvidemos que ya en enero mismo se publicó en el Boletín Oficial la resolución 187/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en la que ésta definió los criterios que utilizaría para medir la mal llamada "invalidez laborativa", que volvió a ser un requisito para percibir pensiones no contributivas. En el anexo publicado, la normativa en cuestión incluía expresiones como "retraso mental", "idiota", "imbécil" y "débil mental" en sus criterios de evaluación. Por supuesto, después de haber sido fustigados por asociaciones civiles, familiares y periodistas que aún conservan sus cerebros, los funcionarios responsables quitaron esos epítetos de la resolución. Pero ya había quedado evidenciada cuál es su visión sobre el colectivo de personas con discapacidad.

Para más, distintos organismos que trabajan en la problemática aseguran que decenas de miles de pensiones fueron dadas de baja injustamente en 2025, como consecuencia de auditorías de dudosa confiabilidad, y claramente pergeñadas para no poder ser aprobadas. Las cifras van de las 110 a las 180 mil.

Sin embargo, desde agosto en adelante, el karma se ensañó con la gestión Milei, y la cuestión discapacidad lo puso en una cuerda floja cuyos extremos no se ven y de la que tampoco puede saltar, porque no se ve la red.

Uno de los principales motivos que mantiene el nerviosismo en la plana mayor del Gobierno es lo que pueda llegar a decir ante la Justicia el removido titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, involucrado en un esquema de sobreprecios y coimas que habría funcionado desde 2024 en el organismo,  cuya cabeza sería la propia secretaria general de la Presidencia Karina Milei. Por el llamado “escándalo de la ANDIS”, la hermana del jefe de Estado generó sospechas, el alejamiento de otrora aliados y resquemores en el círculo rojo. Hasta se ganó la composición del hit “Alta coimera”, que sonó en las tribunas de actos políticos y recitales a lo largo y a lo ancho del país.

Por el momento, Spagnuolo solo echó culpas hacia otros imputados, como el director nacional de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel María Garbellini. Pero nadie descarta que el exresponsable de Discapacidad, cuya voz protagoniza la grabación en la que quedó expuesto el mecanismo de corrupción en la compra de medicamentos, pida convertirse en arrepentido para intentar mitigar una eventual condena. Y ahí no se sabe a quién podría ensuciar.

La causa está a cargo del juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi. Se inició a partir de un audio revelado en el programa de streaming de Jorge Rial, en el que Spagnuolo describe el presunto entramado de retornos millonarios del que serían parte, además de Karina Milei, su ladero Eduardo «Lule» Menem, Garbellini y la droguería Suizo Argentina, de la familia Kovalivker. Cabe destacar que antes de que explotara todo, Spagnuolo no solo era funcionario, sino también abogado y amigo íntimo del presidente Javier Milei.

Terrenos de batalla

El principal terreno en el que el Gobierno está dando la batalla contra las personas con discapacidad es el Congreso. Y tampoco le está yendo bien.

El 10 de junio pasado, el Senado dio sanción definitiva a la Ley de Emergencia en Discapacidad. La iniciativa, presentada por el diputado Daniel Arroyo (Unión por la Patria) y otros legisladores, declara dicha emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027. El objetivo es asegurar el cumplimiento efectivo de los derechos de las personas con discapacidad en áreas como salud, educación, trabajo y protección social. Entre otras cuestiones, impone saldar las deudas con los prestadores del sistema de salud y actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral, busca garantizar el financiamiento adecuado de las pensiones por discapacidad, propone rever los lineamientos para la certificación de la discapacidad y obliga al cumplimiento del cupo laboral del 4% para personas con discapacidad en el sector público.

Milei no lo dudó, y vetó la ley el 4 de agosto siguiente, junto con la de aumento de las jubilaciones y la de reinstauración de la moratoria previsional. Es decir, anuló iniciativas que beneficiaban a dos de los sectores más empobrecidos de la sociedad argentina: las personas con discapacidad y los jubilados. Hay que reconocerle que, si en algo es coherente, es en su odio por los vulnerables.

Las excusas fueron las mismas de siempre. En los considerandos del Decreto 534/2025, el Poder Ejecutivo argumentó que las normas aprobadas eran "fiscalmente irresponsables" y que incumplían la Ley de Administración Financiera al no especificar fuentes de financiamiento genuinas. “No hay plata”, sintetizaron a través de un breve comunicado.

Pero el Congreso no acató esos lineamientos, aprovechó el contexto de debilidad política en el que estaba sumido el Gobierno por el escándalo ANDIS, y el 4 de septiembre la Cámara alta dio por rechazado el veto presidencial. La derrota de ese día fue contundente, no solo porque la oposición cosechó 63 de 70 votos a favor del proyecto, sino en términos históricos: el Parlamento argentino no insistía con una ley vetada desde 2003, durante el gobierno de transición de Eduardo Duhalde.

El 22 de septiembre el Ejecutivo volvió a la carga: promulgó la ley pero suspendió su aplicación, supuestamente hasta que el Congreso asignara fondos específicos para tal fin.

Además de sostenerse en la calle —de donde nunca se fue— la lucha se trasladó entonces a la Justicia, que dio el batacazo casi final: el 13 de diciembre, el Juzgado Federal de Campana ordenó la inmediata aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, haciendo lugar a un amparo conjunto y declarando inconstitucional parte del último decreto presidencial.

La sentencia del juez Adrián González Charvay tiene efectos expansivos para todo el colectivo representado en el amparo y todas las personas titulares de Certificado Único de Discapacidad (CUD) que reciben prestaciones bajo la Ley 24.901, sus familias y cuidadores, y los prestadores de servicios de discapacidad. Las costas del juicio fueron impuestas al Estado Nacional como parte vencida.