Seis de cada diez desaparecidos eran trabajadores, y seis de cada diez tenían entre 15 y 35 años. Las consecuencias del golpe de estado de 1976 se entienden en estas cifras: el objetivo era disciplinar la clase trabajadora a través del terrorismo de Estado. Los casos de Acindar y Vicentin.

Por Carlos del Frade*

El ex comandante del Segundo Cuerpo de Ejército, Ramón Genaro Díaz Bessone, fue el que diagramó el mapa de los centros clandestinos de detención en las seis provincias que abarcaba esa “unidad de batalla”: Santa Fe, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes y Entre Ríos.

Cuando fue reemplazado por Leopoldo Fortunato Galtieri, el 12 de octubre de 1976, Díaz Bessone ocupó el Ministerio de Planificación de Videla. En ese rol, al volver a Rosario, sostuvo que el golpe se hizo para defender al capital y la empresa privada. Ninguna alusión al ser nacional, la patria o los ideales sanmartinianos.

Al cierre de la dictadura, las principales 600 empresas le trasladaron su endeudamiento en dólares al Estado argentino. Fueron las mismas firmas que bancaron la represión, la desaparición de trabajadores y las que luego se beneficiarían por esta democratización de la deuda privada anunciada por el entonces joven presidente del Banco Central de la República Argentina, Domingo Felipe Cavallo, el 5 de julio de 1982.

Los grandes empresarios fueron los impulsores del terrorismo de Estado y la provincia de Santa Fe fue clave en esta estrategia.

Bajo tierra

Años después Walter Klein, socio de Martínez de Hoz, fue contundente frente a la Embajada de los Estados Unidos: “Quédense tranquilos, todos los activistas gremiales de Villa Constitución ya están bajo tierra”.

Rodolfo Peregrino Fernández, ex comisario de la Policía Federal relató ante la Comisión Argentina de Derechos Humanos, en 1983, que "otra represión notoria de la Triple A fue la ejercida contra los activistas sindicales de Villa Constitución”. Esa “operación fue dirigida por el comisario Antonio Fiscchietti, alias El Padrino o Don Chicho. Fiscchietti fue reclutado para integrarse en la AAA siendo delegado de la Policía Federal Argentina en la provincia de Tucumán”.

Sostuvo que “las patronales de las industrias metalúrgicas instaladas allí, en forma destacada el presidente del directorio de Acindar, ingeniero Arturo Acevedo, establecieron una estrecha vinculación con las fuerzas policiales mediante pagos extraordinarios en dinero”.

Remarcó que “el presidente de Metcon, por ejemplo, retribuía con una paga extra de 150 dólares diarios al oficial de policía que dirigía su custodia personal, por un servicio de vigilancia no superior a las seis horas de duración”.

Acindar “pagaba a todo el personal policial, jefes, suboficiales y tropa, un plus extra en dinero, suplementario al propio plus que percibían ya del Estado esos efectivos. El pago estaba a cargo del jefe del Personal, Pedro Aznarez y del jefe de Relaciones Laborales, Roberto Pellegrini”.

Agregó que "Acindar se convirtió en una especie de fortaleza militar con cercos de alambres de púas. Los oficiales policiales que custodiaban la fábrica se alojaban en las casas reservadas para los ejecutivos de la empresa...".

Desaparecer para continuar la línea de la represión en la Patagonia

“...estas organizaciones trabajan sin tener en cuenta el tiempo, el tiempo para ellos es secundario, no nos extrañemos que empiecen, no ahora, sino en una fecha relativamente corta, larga, pero van a volver porque les queda todavía... por empezar que ha sido histórico, una etapa de venganza personal, una venganza personal, como ocurrió con ese teniente coronel que fue a reprimir allá en el sur en la Patagonia trágica y después lo mataron acá en el centro de Buenos Aires...Varela y lo mató un terrorista extranjero...”, declaró Agustín Feced el 11 de setiembre de 1984 ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas.

Feced se sentía la continuidad de Varela, el represor de los huelguistas del año ’21 en la Patagonia. Una clara definición del objetivo del terrorismo de Estado.

Los por qué del golpe

"El empresariado argentino ha crecido y está decidido a aceptar el desafío que significa la reconstrucción de la república. Por ello estamos aquí reunidos, para conocer el pensamiento de las fuerzas armadas y poder así reflexionar sobre la naturaleza de sus designios, determinando la dimensión exacta de nuestra responsabilidad empresarial", dijo un exultante representante de la Federación Gremial de la Industria y Comercio de Rosario, José Luis Pinasco, en octubre de 1977 al recibir a Díaz Bessone.

El militar no se quedó atrás: "Los empresarios forman uno de los primeros sectores que constituyen la nación día a día. Acaso por eso fueron uno de los blancos predilectos de la agresión criminal de las hordas marxistas. Por eso la responsabilidad moral es la otra gran vertiente de esta eminente función social, y comienza dentro de la misma empresa. Allí los derechos ceden su lugar a los deberes. Defender la empresa y la propiedad privada contra agresores de toda índole es el primer deber", sostuvo en una clara conciencia del rol de los militares como celadores del gran capital.

El mayor torturador al servicio de PASA

José Rubén Lo Fiego, alias el Ciego o doctor Mortensen, fue imputado por 68 delitos de lesa humanidad cuando se desempeñaba como el principal torturador del Servicio de Informaciones de la policía rosarina en los tiempos de Agustín Feced.

En su legajo personal consta que el 26 de julio de 1979 fue “felicitado por la superioridad por el procedimiento realizado en la empresa fabril Petroquímica Argentina Sociedad Anónima”.

A renglón seguido fue felicitado el 18 de agosto de 1977 por el comandante del II Cuerpo de Ejército, Leopoldo Fortunato Galtieri, “por el resultado de las investigaciones realizadas que permitieron los éxitos obtenidos por las fuerzas legales en los últimos días”.

Oscar Mullet, uno de los principales referentes empresariales de PASA, fue uno de los impulsores de la Federación de Industriales de Santa Fe a finales de 1979 en sintonía con la dictadura militar.

Acindar y Vicentin

La Justicia federal en la provincia de Santa Fe espera por Acindar y Vicentín para que expliquen sus responsabilidades empresarias en los delitos de lesa humanidad desde el 20 de marzo de 1975 al 10 de diciembre de 1983.

En el caso de la acería de Villa Constitución, deberán responder por 77 personas detenidas desparecidas, mientras que la agroexportadora, en algún momento, tendrá qué explicar 22 secuestros, entre los que se encontraban 14 delegados en la cuna geográfica de su nacimiento, Avellaneda y Reconquista, norte profundo santafesino.

El 4 de noviembre de 1976 secuestraron a 22 obreros de la fábrica Vicentín. “Se llevaron a toda la Comisión Directiva y a todo el cuerpo de delegados. Algunos de ellos fueron secuestrados adentro de la propia fábrica mientras cumplían su turno de trabajo. A Efrén Venturini, delegado general, lo señaló el jefe de personal, el señor Tonietti. Se llevaron a Adelqui Gavirondo, Estanislao Zunini, Eldo Zorat, entre otros”, cuenta la periodista Ana Fiol.

Venturini recuerda que “estaba trabajando en la embocada de semillas de algodón, con barbijo, en short y en cuero. Eran las 11 de la mañana. Lo chuparon para meterlo en el circuito del terror que empezaba en Avellaneda y terminaba en Coronda. Estuvo 10 días desaparecido. Primero lo llevaron a la comisaría de Avellaneda, donde le pegaron y le robaron su primer reloj. Después, encapuchado, lo llevaron a la Jefatura de Reconquista. Ahí los ataron a todos y en la madrugada los metieron a patadas en un camión y los llevaron a la ciudad de Santa Fe”, sostiene Fiol.

En forma paralela, los secuestros y desapariciones desatados en Villa Constitución a partir del 20 de marzo de 1975, tuvieron una lectura política económica por una de las figuras civiles de la dictadura.

Walter Klein, socio de Martínez de Hoz, años después, dijo en la embajada de los Estados Unidos: “Quédense tranquilos, todos los activistas gremiales de Villa Constitución ya están bajo tierra”.

Por su parte, Rodolfo Peregrino Fernández, ex comisario de la Policía Federal relató ante la Comisión Argentina de Derechos Humanos, en 1983, sostuvo que “las patronales de las industrias metalúrgicas instaladas allí, en forma destacada el presidente del directorio de Acindar, ingeniero Arturo Acevedo, establecieron una estrecha vinculación con las fuerzas policiales mediante pagos extraordinarios en dinero”. Remarcó que “el presidente de Metcon, por ejemplo, retribuía con una paga extra de 150 dólares diarios al oficial de policía que dirigía su custodia personal, por un servicio de vigilancia no superior a las seis horas de duración”.

Acindar “pagaba a todo el personal policial, jefes, suboficiales y tropa, un plus extra en dinero, suplementario al propio plus que percibían ya del Estado esos efectivos. El pago estaba a cargo del jefe del Personal, Pedro Aznarez y del jefe de Relaciones Laborales, Roberto Pellegrini”.

Agregó que “Acindar se convirtió en una especie de fortaleza militar con cercos de alambres de púas. Los oficiales policiales que custodiaban la fábrica se alojaban en las casas reservadas para los ejecutivos de la empresa...".

Aquella inversión en represión y secuestros fue retribuida

Ambas empresas fueron favorecidas durante la dictadura con las decisiones políticas económicas que impuso José Alfredo Martínez de Hoz, ex presidente del directorio de Acindar entre 1973 y 1976.

Aquellos delitos de lesa humanidad generaron, además, una inestimable colaboración con el objetivo primordial del golpe de Estado: desarticular la clase obrera y destrozar el derecho laboral argentino, la vieja aspiración del gran capital desde 1955 en adelante.

Acindar tuvo un endeudamiento por 652.193.000 dólares, mientras Vicentín tuvo un volumen de 1.958.000 dólares.

En julio de 1982, a través de José Luis Machinea y Domingo Cavallo, en el Banco Central de la República Argentina, esas deudas privadas fueron estatizadas, pasando a formar parte del fenomenal endeudamiento del pueblo argentino cuando, en realidad, eran negocios particulares.

Vicentín, en tanto, tuvo la posibilidad de acceder a una terminal portuaria en el departamento San Lorenzo.

La propia empresa lo cuenta de esta manera en su página web: “Gracias a las excelentes oportunidades que ofrece Argentina como generador de materias primas, y poniendo especial énfasis en la importancia de dar valor extra a las semillas; la empresa consolida su expansión y crecimiento. A fines de 1979 se pone en marcha una segunda planta de molienda de soja y girasol en Ricardone, al sur de la provincia. Al mismo tiempo inician operaciones en nuevas plantas desmotadoras de algodón situadas en puntos neurálgicos de cosecha. Un hito fundamental en la trayectoria de Vicentin consistió en empezar a operar y exportar lo manufacturado de aceites, harinas y pellets desde su propia Terminal de Embarque, localizada en la ciudad de San Lorenzo a orillas del Río Paraná”.

Fue en 1979 cuando el ex presidente del directorio de Acindar, José Alfredo Martínez de Hoz, en medio de la noche carnívora del terrorismo de estado, había decidido la finalización del monopolio de la Junta Nacional de Granos a la hora de controlar lo que entraba y salía de los puertos argentinos.

En 1980, Acindar y Vicentín ya eran empresas muy poderosas en Santa Fe y la Argentina.
En aquel año, gracias a esa decisión de eliminar el control de los puertos de parte de la Junta Nacional de Granos, se registró un 20 por ciento menos de exportaciones pero, en forma paralela, aumentaron un 30 por ciento las importaciones.

Desaparecedoras, endeudadas en millones de dólares y beneficiadas hasta con puertos propios, ambas seguirían creciendo sin dar explicaciones a las familias de sus trabajadores perseguidos.

Para Elizabeth Gómez Alcorta, al presentar el informe “Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad”, el 3 de diciembre de 2015, “ante la lectura de todos los casos juntos nos encontramos en condiciones de explicar la clara responsabilidad de un sector del empresariado en los crímenes que tuvieron a estas víctimas”, explicó. “Por eso decimos que la palabra ‘participación’ o ‘complicidad’ a priori no resulta correcta para la comprensión de los crímenes en estas intervenciones.”

En 25 empresas analizadas durante el terrorismo de estado, el informe destacó que en el 88 por ciento de las firmas hubo secuestros o despedidos; 76 por ciento entregó información privada de los trabajadores; 72 por ciento tuvo presencia de actividad militar, control y amedrentamiento y en el 52 por ciento de las firmas hubo presencia de cuadros empresariales en la detención, secuestro y tortura de los trabajadores.

Eso ocurrió en Acindar y Vicentín.

Con otro agregado no menor, en el año 2001, estas empresas figuraron como dos de las que fugaron divisas al exterior, 80,5 millones de dólares en el caso de Acindar y 131,1 millones de dólares en el caso de Vicentín, como muy bien señala el estudio “Trayectoria y naturaleza de la deuda externa privada en la Argentina. La década del noventa, antes y después”, realizado por Eduardo Basualdo, Cecilia Nahón y Hugo Nochteff, en diciembre de 2005.

Hoy, a medio siglo del último golpe de Estado en la Argentina, estas empresas que fueron desaparecedoras, deudoras con el extranjero y salvadas por el estado argentino de manera boba y cómplice, fugadoras de dinero a principios del tercer milenio y actuales integrantes del gran capital en el país, deberán brindar explicaciones sobre aquella época donde la sangre derramada de sus obreros todavía clama por memoria, verdad y justicia.

*Este texto es un extracto del libro "Cincuenta años después. De Videla y Galtieri a Milei" de Carlos del Frade (Editorial Fundación Ross).