Todos los datos sobre empleo, salarios y políticas públicas muestran que la brecha económica de género sí existe y que el gobierno de Javier Milei está haciendo todo lo que está a su alcance para que sea cada vez más profunda.
Una de las falacias que se encarga de difundir el gobierno liberal de Javier Milei es que la brecha económica de género no existe. La afirmación, que todos los datos desmienten, se sostiene en un juego conceptual que convierte una especulación teórica en una sentencia normativa y, luego, en un juicio descriptivo sobre el mundo.
La escalera descendente de la razón hacia el dogmatismo religioso se recorre de este modo: primero la teoría, “los empresarios siempre buscar maximizar sus ganancias por lo que le darían trabajos a quienes demanden menor salario”; segundo la sentencia normativa “entonces, si las mujeres hicieran el mismo trabajo por menor precio, todos los puestos de trabajo serían ocupados por mujeres”; tercero la descripción “como eso no es así, no existe la brecha económica de género”.
Este sistema de degradación del pensamiento es corriente en el discurso gubernamental. El contraste con la realidad disuelve el encadenamiento y desnuda, además, que la premisa teórica es falsa. Combatir un dogma de fe con información es propio de un optimismo moderno que no cuaja demasiado con nuestro presente, lo haremos de todos modos. Los datos son elaboraciones del Centro de Economía Política Argentina a partir de registros públicos del Sistema Integrado Previsional Argentino y el Indec.
Empleo, pobreza y hogar
Hay menos mujeres trabajando o buscando trabajo. La tasa de actividad de las mujeres (52,6%) es 17,5 puntos porcentuales menor a la de los varones (70,1%).
Hay más mujeres desocupadas. La brecha en la tasa de desocupación es de 1,5 puntos: en mujeres es del 7,4% contra 5,9% de los varones.
Hay más mujeres trabajando en la informalidad. La brecha en la informalidad laboral es 2,5 puntos porcentuales mayor en mujeres (38%) que en varones (35,5%).
Las mujeres ganan menos. Los ingresos de los varones son entre 27,3% y 29,0% mayor que los ingresos de las mujeres; esta brecha se amplía al 40% entre asalariadas/os informales.
Entre los pobres, la mayoría son mujeres, entre los ricos, las mujeres son minoría. Hay una sobrerrepresentación de las mujeres en la pobreza: son el 64,2% de las personas con menores ingresos. A medida que los ingresos aumentan, la presencia femenina se diluye hasta caer al 37% en el decil superior.
Los trabajos más feminizados son los de menores ingresos. La participación de las mujeres en el trabajo doméstico es de 98,8%. En el trabajo en casas particulares, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, se perdieron 22.436 puestos en el sector y hubo una caída del 35,2% en el salario real. Otro caso es el de la educación: con una feminización del 73,1%, las docentes sufrieron el impacto de la eliminación, por parte del gobierno nacional, del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que representaba cerca del 12% del salario.
Las mujeres cuidan más su hogar. Un factor que condiciona la inserción de las mujeres en el mercado de trabajo se encuentra en el hogar: las mujeres destinan 3 horas más por día al trabajo doméstico no remunerado que los varones.
Estado y políticas públicas
Desmantelamiento de la atención pública a la mujer. El gobierno nacional consolidó en el presupuesto 2026 el desmantelamiento de las políticas públicas con perspectiva de género iniciado en 2024: 7,5 de cada 10 programas destinados a reducir brechas de género sufrieron ajustes presupuestarios o fueron directamente eliminados.
Desfinanciamiento de la seguridad social para la mujer. Se registra un fuerte ajuste en la Moratoria Previsional (-41,71%), la Prestación Alimentar (-17,26%) y las Pensiones para Madres de 7 o más hijos (-0,83%).
Fuerte ajuste en las jubilaciones de las mujeres. El veto a la extensión de la moratoria previsional implica que 9 de cada 10 mujeres no podrán acceder a una jubilación, quedando relegadas a la PUAM, que paga solo el 80% de la mínima y exige tener 65 años (cinco años más que la jubilación ordinaria femenina). Las jubilaciones y pensiones explican el 23,1% del ajuste total del gobierno. Este ajuste fue efectuado, principalmente, a través del congelamiento del bono otorgado a los jubilados de la mínima, donde las mujeres se encuentran sobrerrepresentadas pues son las prestaciones que corresponden a las moratorias. Al primer trimestre de 2025, la jubilación mínima (con bono) se encuentra un 18,3% por debajo de los niveles del trimestre septiembre a noviembre de 2023.
Eliminación de programas sociales para la brecha laboral. Los tres programas principales destinados a reducir brechas laborales (Potenciar Trabajo, Registradas y Potenciar Inclusión Joven) fueron virtualmente eliminados de cara al Presupuesto 2026.
Eliminación de programas sociales para la violencia de género. El conjunto de programas destinados a proteger a víctimas de violencia de género sufrió un ajuste global del 86,5% respecto a 2023. La cantidad de personas asistidas por la Línea 144 en 2025 registró una caída del 90% con respecto a 2023 y se proyecta una meta física para 2026 un 79,1% inferior a 2023.
Desmantelamiento de las políticas de salud con perspectiva de género. La Educación Sexual Integral (ESI) fue desmantelada con una caída del 98%, quedando sin crédito para 2026. Mientras que, en el caso de Desarrollo de la Salud Sexual y Procreación Responsable el ajuste alcanza un 20,9%. Durante 2025, no se distribuyó un solo preservativo bajo el programa Respuesta al VIH e Infecciones de Transmisión Sexual.
Eliminación de la infraestructura básica de cuidados. Para 2026, no se proyecta construir un solo jardín de infantes. El programa en cuestión no solo fue eliminado, sino que el resto de los programas del Ministerio de Capital Humano no contemplan ninguna meta física asociada a la construcción de jardines de infantes.
