La Ley de Glaciares fue pionera a nivel global. Aquí, un racconto de todo lo que costó, desde el proyecto original de Marta Maffei en 2007 al avance de las mineras en este gobierno libertario, pasando por la resistencia victoriosa a la Ley Bases. Y una convocatoria: participar en las audiencias públicas.
Por Cristian Fernández*
La Ley de Glaciares tiene una historia llena de épica. No fue tarea sencilla obtener la protección de los glaciares y del ambiente periglacial sino que hubo que superar numerosos obstáculos. Todo comenzó en el año 2007 cuando Marta Maffei presentó en el Congreso el primer proyecto de ley para preservar a los glaciares. Un año más tarde, el Congreso logró sancionar la ley pero pronto se vio “derretida” por el veto presidencial de CFK a pedido del gobernador sanjuanino José Luis Gioja. A pesar de ello, el Congreso tuvo osadía, desafió el veto e insistió en la sanción de esta ley trascendental, algo que finalmente se logró en el año 2010 luego de un intenso y apasionado debate transversal a diferentes espacios políticos en Diputados y en el Senado.
Se trata de la primera ley nacional que se refiere al cambio climático y la primera ley a nivel mundial que brinda una protección específica a los glaciares. Orgullo nacional pero afrenta para las empresas mineras que veían limitado su negocio. Se preguntaban cómo era posible que los glaciares fueran considerados reservas estratégicas de agua para consumo humano, la biodiversidad, el interés científico y el turismo en lugar de representar insumos para la explotación mega minera.
Las medidas cautelares de empresas extranjeras y cámaras empresarias mineras no tardaron en llegar y tuvieron éxito en las instancias judiciales inferiores. Según la lógica empresarial, la ley era inconstitucional porque vulneraba el derecho a ejercer industria lícita y la demora en la publicación del Inventario Nacional de Glaciares los habilitaba a avanzar con la explotación minera. De esta manera, se complicaba la implementación de la Ley.
Pero en 2018, el Instituto Argentino de Nivología y Glaciología (IANIGLA) gritó “habemus Inventario”. Y así nos enteramos que Argentina tiene 16.968 cuerpos de hielo y que en 36 cuencas hídricas encontramos presencia de glaciares. Un año más tarde, la Corte Suprema de Justicia de la Nación puso un punto final a la embestida del sector minero al dictar sentencia en el caso “Barrick” decidiendo que la Ley de Glaciares es constitucional. La sentencia de la Corte explicó con claridad docente que esta ley no afecta al federalismo sino que lo ordena y que los derechos individuales de las empresas se encuentran limitados cuando se encuentran en juego derechos de incidencia colectiva como el ambiente y el agua.
En una película, ese hubiera sido el final feliz pero hay sectores que no saben perder. Con la llegada del gobierno libertario, en diciembre de 2023 el primer proyecto de Ley Bases contenía un capítulo que buscaba desproteger a los glaciares a partir de sutiles, aunque peligrosas modificaciones al objeto y los alcances de la ley. Sin embargo, un pronunciamiento contundente de 150 organizaciones de la sociedad civil y el consenso de que la ley debía ser respetada dieron por tierra con este intento de retroceder en la protección.
En diciembre de 2025, luego de ganar las elecciones de medio término, el presidente Javier Milei presentó ante el Congreso un nuevo proyecto de ley para modificar la Ley de Glaciares. Esta vez, no hubo sutileza alguna. El proyecto de reforma reconoce expresamente que fue diseñado a la medida de las provincias mineras y modifica el corazón de ley para anular el rol científico del IANIGLA y desproteger a los glaciares habilitando la actividad en lugares en los que hoy se encuentra literalmente prohibida. También le otorga un cheque en blanco a los gobernadores provinciales para que decidan destruir glaciares y ambiente periglacial a discreción desconociendo así que los ecosistemas no reconocen fronteras geográficas.
A pesar de lo demencial que implica debilitar la protección legal de los glaciares en un contexto de crisis climática y frente a escenarios de mega sequías, el Senado le otorgó media sanción al proyecto de ley.
40 senadores se contagiaron del virus de ceguera climática y votaron en contra del agua para nuestra generación y las generaciones futuras. Pero, una sociedad comprometida en la defensa del agua y de la vida no está dispuesta a claudicar. Juntos exigimos que este debate ocurra de cara a la ciudadanía. Ello dio resultado y fueron convocadas audiencias públicas en el Congreso de la Nación los días 25 y 26 de marzo para que la sociedad pueda participar de manera presencial o virtual y opinar respecto de una reforma legislativa que podría significar el inicio del fin de los derechos ambientales en Argentina. Todos tenemos el derecho a un ambiente y todos tenemos el deber de protegerlo. Así, lo establece nuestro texto constitucional.
Por ello, resulta crucial que seamos miles participando de esa audiencia en la que se definirá el futuro del agua de Argentina. Los lectores de esta nota no duden en inscribirse. Todas las voces son importantes. No es obligatorio dar un discurso. Se puede compartir una idea, citar a alguien o adherir a lo dicho por otra persona.
Nos vemos en la audiencia pública para escribir una nueva página en la odisea de los glaciares en Argentina y decirle a la Cámara de Diputados de forma contundente que la Ley de Glaciares no se toca.
* Coordinador de Legales de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)
Cómo defender la Ley de Glaciares vigente
Las audiencias públicas son un espacio donde cualquier persona puede participar y expresar su opinión sobre una reforma que debilita la protección de los glaciares, reservas estratégicas de agua dulce del país. No hace falta preparar un discurso: podés compartir una idea, citar a alguien o simplemente adherir a lo dicho por otra persona.
Inscribite hasta el 20 de marzo acá: https://bit.ly/defiendoelagua
