Concejales de la oposición solicitaron al Tribunal de Cuentas Municipal una auditoría integral del nuevo sistema de estacionamiento medido. Apuntan a revisar la concesión, el esquema de recaudación y el impacto económico, en medio de cuestionamientos por falta de transparencia y control.
Un grupo de concejales opositores presentó un proyecto para que el Tribunal de Cuentas Municipal realice una auditoría integral sobre el nuevo Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal (SEOM). La iniciativa fue impulsada por Jorgelina Mudallel y Jorge Fernández, con el acompañamiento de Violeta Quiroz, Pedro Medei y Gastón Restagno.
El pedido contempla una evaluación técnica, jurídica y económico-financiera del sistema adjudicado a la firma Electromecánica Tacuar S.R.L. El objetivo es analizar el proceso de licitación, las condiciones contractuales, los mecanismos de recaudación y la distribución de los recursos, así como el impacto económico del modelo para la ciudad.
La presentación se da en un contexto de cuestionamientos que ya habían sido planteados durante el tratamiento de la licitación. Desde la oposición advirtieron entonces sobre "posibles irregularidades, falta de información y un esquema que delega el control operativo y parte de la recaudación a un actor privado".
Entre los principales señalamientos también aparecen dudas sobre el destino de los fondos y la falta de garantías en los mecanismos de control y fiscalización. A esto se suma la eliminación de los medios de pago analógicos, que convierte al acceso digital en un requisito excluyente para utilizar el sistema, con posibles dificultades para sectores de la población.
Otro de los puntos críticos es el impacto económico del nuevo esquema, que vincula el valor del estacionamiento al precio de los combustibles, habilitando incrementos significativos en las tarifas.
“Estamos ante un sistema que fue presentado como una modernización, pero que en la práctica genera más dudas que certezas. Por eso pedimos una auditoría integral que permita saber con claridad cómo se adjudicó, cómo funciona y a dónde van los recursos”, sostuvo Mudallel. Además, remarcó que cuando se trata de un servicio que regula el uso del espacio público y recauda dinero de los vecinos, los controles deben ser más estrictos.
En la misma línea, Jorge Fernández señaló que durante todo el proceso advirtieron sobre la falta de transparencia y de respuestas claras por parte del Ejecutivo, así como sobre condiciones que no necesariamente favorecen al municipio. seom
Desde el bloque indicaron que la auditoría es clave para determinar si el modelo de concesión resulta conveniente, si los mecanismos de recaudación son transparentes y si se respetan los derechos de los usuarios.
El proyecto también propone restituir la Comisión Especial de Seguimiento del SEOM, con participación de todas las fuerzas políticas y organismos técnicos. Según plantean, la eliminación de ese espacio implica un retroceso en términos de control institucional y fiscalización democrática.
“Santa Fe necesita un sistema que ordene, pero también que sea justo y transparente. No puede ser que cada cambio termine impactando siempre en el bolsillo de los vecinos sin que sepamos cómo se toman esas decisiones”, concluyó Mudallel.
