Con respaldo de aliados, el oficialismo impulsa cambios en la norma y enfrenta el rechazo de la oposición y organizaciones ambientales, que sostienen que la nueva ley elimina la protección de las reservas de agua.
La Cámara de Diputados inició este miércoles el debate sobre la reforma de la Ley de Glaciares, luego de que el oficialismo lograra reunir el quórum necesario con el respaldo de bloques aliados, en una sesión marcada por la tensión política y el rechazo de sectores ambientalistas.
La sesión comenzó con la presencia de 129 legisladores, aportados por La Libertad Avanza junto a bloques como la UCR, el PRO y otros espacios provinciales, lo que permitió habilitar el tratamiento del proyecto impulsado por el Gobierno nacional.
La iniciativa, que ya cuenta con media sanción del Senado, propone modificar la ley vigente para redefinir el alcance de las áreas protegidas. En particular, plantea limitar la protección a aquellos glaciares y zonas periglaciares que cumplan una función hídrica específica, lo que otorgaría mayor margen a las provincias para habilitar actividades productivas en otros territorios.
El oficialismo confía en alcanzar los votos necesarios para aprobar la reforma, mientras que desde la oposición anticiparon un fuerte rechazo en el recinto y cuestionaron el impacto ambiental de los cambios propuestos.
"Podrán haber conseguido el quorum, pero nunca van a tener el consenso social para el atropello que hoy quieren aprobar", escribió la diputada Caren Tepp en sus redes sociales.
El debate se da en un contexto de movilizaciones y críticas de organizaciones ambientalistas, que advierten que la modificación podría implicar un retroceso en la protección de reservas estratégicas de agua dulce.
La Ley de Glaciares, sancionada en 2010, establece presupuestos mínimos para la preservación de estos ecosistemas y prohíbe actividades que puedan afectarlos, como la explotación minera o la liberación de sustancias contaminantes en áreas protegidas.
En este escenario, la discusión en Diputados anticipa una jornada extensa y atravesada por posiciones contrapuestas, en la que se pondrá en juego no sólo una reforma normativa, sino también el modelo de desarrollo y el equilibrio entre producción y protección ambiental.
