Julián Castillo murió esposado en la caja de una camioneta de la policía en 2023, luego de haber sufrido una crisis de salud mental en la vía pública. Su madre sigue impulsando la lucha por justicia y por el cumplimiento de los protocolos de actuación policial.

La Guía de Actuación para Agentes de la Policía de Santa Fe en el Abordaje de Crisis Subjetivas define a la urgencia en salud mental como “toda situación transitoria que irrumpe y altera las funciones psíquicas y que supone un alto nivel de padecimiento”, y establece claramente que las fuerzas de seguridad deben intervenir desde el respeto y la escucha, procurando evitar daños, y llamar inmediatamente a los servicios de emergencia de salud.

Ninguna de estas pautas fue cumplida el 8 de marzo de 2023. Los últimos instantes en la vida de Julián Castillo transcurrieron esposado en la caja de una camioneta policial, abrumado por la angustia y el pánico, con el recuerdo vivo de su anterior episodio de crisis, que había sido hacía solo unos meses y había terminado en tortura: varias horas esposado a un poste de la Comisaría 1º, incomunicado, sin poder tomar agua ni ir al baño. “Lo llevamos a la Primera”, acababa de escuchar que exclamaba uno de los policías.

La autopsia, que tardó meses en ser publicada, no halló ninguna razón concreta para la muerte de Julián. “Sin causa”, decía. El examen toxicológico descartó una sobredosis. “Las huellas de lo que sucede en esos hechos son invisibles”, declara Cecilia Santamaría, madre de Julián, en diálogo con Pausa: “¿Cómo mostrar la profunda alteración que exacerbó la presencia policial? Los uniformados persiguiéndolo profundizaron de manera tremenda la crisis, y eso, ¿cómo lo demostrás? La Justicia tiene que empezar a señalar que los protocolos son herramientas imprescindibles: hay cosas que no se pueden hacer, porque dejan huellas en la salud mental que pueden ser, como en el caso de Juli, el empujón final al precipicio”.

Desde un principio, la familia de Julián trazó el recorrido de las diversas violencias estatales que lo fueron empujando a ese precipicio, y las condensó en tres consignas: No a la precarización laboral, no a la mercantilización de la salud, no a la criminalización de las adicciones. Hoy, ya sin Julián, la desidia estatal continúa, ahora en manos de la Justicia. Exequiel López, Cristian Pighin y Jesús Nicolás Bonet, agentes de la Policía de Acción Táctica de Santa Fe, y el médico policial Salvador Biscari, están imputados por incumplimiento de los deberes de funcionario público, pero la causa no avanza.

—Si no aparece la perspectiva de derechos humanos en la investigación, la causa puede ser cajoneada en cualquier momento –afirma Cecilia-. Los incumplimientos saltan a la vista, pero es el fiscal (Ezequiel Hernández) el que tiene que dar lugar a eso. Tiene herramientas porque las normativas están. Queremos que a esos policías los sienten a estudiar, a hacer alguna actividad de reparación por lo que hicieron. Tiene que haber alguna consecuencia.

Para ella, el caso de Julián es paradigmático, y puede abrir una puerta que obligue a la Justicia a incorporar nuevas perspectivas para abordar la violencia específica que se produce en las intervenciones policiales con personas que atraviesan crisis subjetivas.

—Acá debería darse un proceso parecido al que hizo el movimiento de mujeres para mirar el femicidio –explica-. Nosotras miramos las denuncias de homicidios y vimos que en el caso de las mujeres había características particulares, y esa es la categoría que se revela como femicidio. Algo parecido debería suceder en el caso de la violencia institucional, para mirar como categoría particular la que se ejerce en estas situaciones de padecimiento.

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Julián Castillo: una trama de precarización

Julián tenía 32 años, estudiaba Sociología y militaba en barrio Cabal, en el colectivo El Cuco. Trabajaba de manera precarizada en El Molino, espacio donde era víctima de un destrato que potenció sus problemas de consumo.

—Pasó tres años trabajando como promotor cultural en el Ministerio de Cultura, y lo iban trasladando de un lugar a otro, con un ninguneo muy explícito de algunas funcionarias –relata Cecilia-. De ser un un pibe con experiencia como educador popular, armando murgas en los barrios, pasó a un espacio de mantenimiento en el Molino. Hay toda una crueldad propia del sistema, que empuja a los jóvenes a la frustración y a la falta de proyectos: ponerte donde se les antoje, tenerte con contratos basura, cobrar cada tres meses. Entender al trabajo como el ordenador social prioritario de la vida de una persona te lleva a vincularlo enseguida con los consumos problemáticos. Después aparecen los lugares que realizan abordajes, que están totalmente mercantilizados. Con el Juli atravesamos un montón de esos circuitos.

—¿Cuánto tiempo duró ese proceso?

—Él estuvo primero en Deporte Solidario, donde había una falta de seriedad absoluta: desorganización, falta de presupuesto, gente joven precarizada que hace lo que puede. Lo mismo, y peor, pasó en Cambio de Hábitos. Suceden cosas tremendas ahí adentro. Ellos frustraron la decisión del Juli de recuperarse. Primero estuvo internado un mes. Los tenían en un hostel, una casa que no tenía ni una maceta, con habitaciones arriba tipo cárcel, espantosa. Luego hubo una situación de consumo y expulsaron a todos los que participaron, que eran la mayoría.

—¿Estas son instituciones privadas?

—Sí, privadas, pero subvencionadas por Aprecod. ¿Por qué privadas? Porque Juli no tenía obra social. ¿Por qué no tenía obra social? Porque estaba precarizado. O sea, el encadenamiento aparece todo el tiempo.

—¿A Juli lo expulsaron en ese momento, entonces?

—Sí, y después tenía un acompañamiento ambulatorio que era una risa, no existía. Iba a talleres dos veces por semana y no estaban. Después de su muerte yo denuncio esto frente al Órgano Revisor (Órgano de Revisión y Promoción de los Derechos de las Personas Usuarias de los Servicios de Salud Mental de Santa Fe), que hace una inspección y exige algunas reacomodaciones en relación a la cantidad de usuarios que podían alojar. Allí nace la consigna “no a la mercantilización de la salud mental”, porque las instituciones lucran con esto.

—Y luego aparece la tercera consigna, la no criminalización de las adicciones.

—Claro, con la intervención de la Policía, que es lo más tremendo, porque son prácticas represivas que quizás en una persona que está despierta, con todos sus sentidos, no producen la alteración que provocan en alguien que está con una crisis subjetiva, como fue el caso de Juli. Primero hubo dos situaciones de confusión y delirio persecutorio en las que pedía un teléfono, marcaba un número y salía corriendo. Nosotros lo buscábamos, lo conteníamos, lo llevábamos a casa y lo tranquilizábamos. Dos veces ocurrió eso, y en un momento aparece la Policía, el 18 de octubre de 2022. Lo detienen, lo tiran al piso, le dan patadas, lo esposan, se le tiran encima. Es más, hay un testimonio de una persona que pasa y les dice “aflojen un poquito porque está morado, le están haciendo faltar el aire”. Lo llevan al Hospital Cullen, lo revisan y luego van a la Comisaría 1º, donde lo esposan a un poste en la galería, sin dejarlo tomar agua ni ir al baño. Ahí lo tienen desde las 4 de la tarde hasta las 11 de la noche. Cuando voy a buscarlo lo encuentro golpeado, lastimado por las esposas. Eso fue tremendo para el Juli. Fue una escena de tortura, de vejación. En ese momento estábamos en pleno proceso de recuperación y decidimos no denunciar, porque sería meternos en otra pesadilla muy compleja.

Una muerte evitable

El protocolo de actuación en casos de crisis subjetivas para la Policía es un PDF de once páginas. Allí se lee: “Se debe respetar el espacio personal de la persona, escuchar atenta y empáticamente su situación e informar inmediatamente que su intervención no está vinculada a un hecho delictivo, sino que se busca ayudarla y acompañarla. En este sentido, se deben evitar todo tipo de conductas que puedan aumentar o generar un estado de paranoia o miedo en la persona involucrada, considerando que el encuentro con personal policial uniformado puede significar un aumento de reacciones defensivas. La vivencia del miedo es muy común en estas circunstancias”.

—Es un manualcito chiquitito, con dibujos, muy accesible, de fácil lectura –sostiene Cecilia-. Está vigente desde 2019. Yo después de la muerte de Juli iba todos los fines de semana a Rosario en colectivo, viajaban muchos policías jóvenes, y siempre les preguntaba si habían leído la guía. Nadie la conocía.

—Entonces llega el 8 de marzo de 2023.

—Otra crisis de Juli en la calle, un vecino que lo ve corriendo llama al 911 en vez de al 107 y viene la Policía. Lo persiguen, lo detienen, lo tiran al piso, se le tiran encima y lo meten en la camioneta. Un compañero que estaba con él ve la detención, pero la Policía lo amenaza y le dice “salí de acá, si no te llevamos a vos también". Eso también es incumplimiento del protocolo, porque la Policía tiene que comunicarse con alguien de la familia o incorporar a un tercero por el que el sujeto padeciente reclame. Julián lo llamaba a este compañero, y ellos lo echaron. Y dicen adelante de Julián “lo llevamos a la Primera”, lo cual debe haberlo alterado un montón, porque hacía unos meses había atravesado esta situación en esa comisaría. Y muere bajo custodia policial, se descompone en la camioneta. Ellos empiezan a ver que tiene espuma en la boca y lo llevan al Cullen, donde llega ya sin signos vitales. El protocolo es muy sencillo: ellos no pueden intervenir en una situación que desconocen y para la cual no tienen herramientas. Tendrían que haberlo llevado inmediatamente al nosocomio más cercano, que era el Hospital Mira y López, y quizás le salvaban la vida.

—¿Ustedes cómo se enteran?

—Yo venía de la marcha del 8 de marzo, me llama el compañero de Juli y me dice “a Julián lo llevó la Policía, me dijeron que lo iban a llevar a la Octava o al Mira y López”. Voy hasta la Octava y no sabían nada, su detención no estaba en el sistema. Me pareció rarísimo. Me fui hasta el Mira y López y no había ingresado nadie. Me habían nombrado el apellido de alguien que había sido detenido y que lo habían llevado al Cullen, y en el Mira y López me nombraron el mismo apellido, entonces por deducción digo “vamos al Cullen”. Ahí había dos patrulleros, y me dicen sí, trajimos a alguien, pero no lo tenemos identificado. Me quiero meter en el hospital, no me dejan, quedamos afuera esperando y veíamos un movimiento medio extraño de la Policía. En un momento uno de los policías se acerca y me pregunta algunas cosas, “puede ser el que trajimos”, dice, y dice que le tuvieron que hacer RCP en la camioneta. Eso me impactó. Pasó como una hora, preguntaba y me echaban, y en un momento me dicen que pase y un médico me dice: “señora, su hijo llegó sin signos vitales”. Yo me derrumbo, imaginate. Empiezo a llorar, vienen unas amigas y se tiran arriba mío abrazándome en la rampa de entrada, y mientras estábamos llorando viene un enfermero y dice “señora, se tienen que correr, vayan afuera porque tiene que entrar la ambulancia”. Nos sacaron a la calle, y nos quedamos ahí en la calle, llorando, sin entender. Pasó bastante tiempo hasta que pudimos reconocer el cuerpo, porque no encontraban las llaves de la morgue. ¿A vos te parece? Toda la secuencia fue de un nivel de deshumanización tremendo.

—¿Cuál fue el resultado de la autopsia?

—En la autopsia preliminar no sale nada. El cuerpo estaba golpeado, pero no había ningún golpe mortal. Y en la autopsia final, en la que hay un examen toxicológico, no sale muerte por sobredosis, no sale nada. La autopsia dice: “sin causa”. Deberíamos haber exigido una segunda autopsia, porque los tiempos que pasaron fueron muy largos, y esta indeterminación ameritaba que se siga investigando. Por ejemplo, en el caso de María de los Ángeles París, una docente rosarina que muere en una comisaría con un problema de salud mental, en la primera autopsia no sale ninguna causa, y la hija pide una segunda autopsia y ahí sale que es por asfixia. Oscar Pellegrini, un psiquiatra que acompañó muchos de estos casos, vio los videos de la autopsia y señaló varias inconsistencias, como por ejemplo que lo primero que hacen es limpiar el cuerpo y eso no se tiene que hacer. Pero yo después me fui enterando de estas cosas, a Juli ya lo habíamos cremado. Ya era tarde.

Violencia policial y salud mental

El 3 de mayo de 2017, María de los Angeles París murió en la Comisaría 10º en Rosario, a la que había entrado en un estado de visible alteración y pánico para denunciar que le habían querido robar: hicieron falta dos autopsias para comprobar que la asfixia a la que había sido sometida había sido uno de los desencadenantes de la arritmia que le quitó la vida. El 15 de febrero de 2024, mientras vivía una situación de delirio persecutorio en Paraná, a Ariel Goyeneche dos policías se le pararon encima, uno en el cuello y otro en las piernas. Estuvieron así durante 25 minutos y después, todavía con las esposas puestas, le hicieron RCP, pero Ariel ya estaba muerto. Luego dijeron que Ariel se había tropezado y empezó a convulsionar.

Los casos se acumulan, y los protocolos, que puede ser determinante para la vida o la muerte de una persona que atraviesa una crisis subjetiva, siguen sin ser respetados. El rol de la Justicia es clave, tanto para impulsar el cumplimiento de los protocolos de intervención como para imaginar nuevas formas de investigar y caratular estos crímenes. Si las autopsias convencionales buscan marcas visibles en los cuerpos y las huellas que dejan las crisis de salud mental son invisibles, entonces es menester pensar otros tipos de autopsia.

—Los protocolos existen por algo, y si no se cumplen eso puede analizarse y juzgarse –resume Cecilia-. Quizás falten categorías precisas; bueno, hay que hacerlas. Ahí hay un camino por hacer, y el caso del Juli puede ser un motor, porque condensa una trama que está sucediendo en este contexto y que están sufriendo muchos.

—¿Cómo viviste el último aniversario?

—Es muy fuerte lo que remueve el tema de las fechas. Este año estuvimos haciendo una serie de acciones para ir hacia los señalamientos de las responsabilidades y de que la Justicia tiene que involucrarse en esta problemática. Pedimos el acompañamiento del Órgano de Revisor, que hizo un informe muy detallado de cuáles son las normativas vigentes que las fuerzas de seguridad incumplieron. También tuvimos el acompañamiento del Foro contra la Impunidad y por la Justicia, que es muy importante porque señala la necesidad de mirar estos acontecimientos desde la perspectiva de derechos humanos, y trabajamos con compañeros y compañeras que forman parte de instituciones que trabajan con consumos problemáticos.

—¿Cómo evaluás el acompañamiento del Estado en los consumos problemáticos?

—Creo que hay una falta absoluta de articulación. Nunca la hubo, pero hoy hay un sector social que es la iglesia evangélica que se ha apropiado de los recursos del Estado para llevar agua para su propio pozo. Hay mucho trabajo hecho desde diferentes instituciones y organizaciones, y no le sería tan difícil al Estado articular todo eso y pensar cómo se potencia esa red, pero hoy se está pensando desde otro paradigma que nada tiene que ver con la ampliación de derechos. Hay una mirada muy restringida.

—Vos sos docente. ¿Cómo abordan el consumo problemático en las escuelas?

—Se ven huecos tremendos. La salud mental aparece como una temática que viene a partir de alguna anomalía, no está instalada como parte de nuestra formación. Falta mucho, pero hay que pensar en lo que falta como horizonte, y ver qué podemos hacer desde los espacios -hoy acotados- de resistencia, para que no se nos desarticule todo. En toda esta precarización de la vida no queda otra que apostar a esas trincheras. El sentimiento de duelo está todo el tiempo, pero va a penar menos si ese dolor se puede transformar en algo de eso por lo que el Juli vivió. El quería lograr un poquito de justicia en cosas a las que sentía que la gente le pasaba por al lado sin darles importancia. Sería una de las formas más nobles de transformar el dolor en lucha, en algo que pueda hacer un poquito más humana esta sociedad.