Las elecciones provinciales no terminaron. Hay una banca en disputa en la Cámara de Diputados. La Justicia electoral determinó que le corresponde al PRO; de quedar firme el fallo, a través del sello Unión PRO-Federal –nombre de la lista con que se presentaron a los comicios– el duhaldismo y el macrismo lograrían siete bancas en la Legislatura. Desde ese reducto –y un par de bancas en los concejos municipales de Santa Fe y Rosario– Mauricio Macri y Miguel Torres del Sel pretenden diseñar una estructura que les permita llegar más armados a las elecciones de 2015. Proyecto Sur reclama una de esas siete bancas –las 28 del ganador fueron para el PJ; luego, por división porcentual, quedaron 15 en poder del Frente Progresista y siete en manos del PRO–, que según ellos le corresponde al periodista Carlos Del Frade, quien encabezó la lista de diputados provinciales del partido de Pino Solanas. El Tribunal Electoral desestimó el reclamo de Proyecto Sur; desde ese espacio cuestionaron a su presidente –y titular de la Corte provincial– Rafael Gutiérrez por haber adelantado opinión antes de que se conozca el escrutinio definitivo. El caso está en la Justicia provincial, en manos de Gutiérrez y del resto de los ministros de la Corte Suprema. A fines de agosto Proyecto Sur volvió a pedir –esta vez ante el máximo tribunal de la provincia– la recusación de los miembros del Tribunal Electoral, por prejuzgamiento, y reclamó la banca argumentando que la Constitución provincial no fija un piso de votos mínimo para acceder sino que establece un sistema de distribución proporcional. El Tribunal Electoral, encabezado por Gutiérrez en su rol de presidente de la Corte, había rechazado la primera recusación realizada después del fallo que se conoció antes de que finalice el escrutinio definitivo de las elecciones del 24 de julio. Proyecto Sur logró 60.426 votos: el 3,6% del total de válidos emitidos, el 2,4% del padrón. El criterio del Tribunal Electoral es diferente según se trate de una elección primaria o de una general. En las primarias se utiliza un criterio que baja el piso mínimo necesario para acceder a una banca: el 3% de los votos válidos emitidos. En las generales se aplica una ley vigente desde 1983 –Del Frade remarca que es un decreto de la dictadura– que dispone como piso de votos el 3% del padrón. En 2007 hubo una disputa similar entre el PJ y la UCR por la banca 22 de la minoría y en esa ocasión el Tribunal Electoral resolvió en el mismo sentido. “Nosotros tenemos la banca 42 entre las 50 y este es un hecho concreto por los 60 mil votos que sacamos”, sostuvo Del Frade. “Sobre eso el Poder Judicial tiene que reparar el daño que ha producido el Tribunal Electoral con su empecinado posicionamiento de negar la existencia de los votos, de negar el paso de la historia y del almanaque y de contar los votos según un decreto de la dictadura”. Para el periodista, es claro que Gutiérrez –con la primera resolución del Tribunal Electoral, difundida cuando no había concluido el escrutinio definitivo– incurrió en prejuzgamiento. “Por una cuestión de simple lógica, debería apartarse”, dijo el dirigente de Proyecto Sur. Además de la legislación provincial, apeló a la Reforma Constitucional de 1994 en la que se establece el principio de respeto a las minorías. “El Tribunal Electoral no ha tenido en cuenta ni la Constitución provincial, que en su artículo 32 habla del sistema D’Hont pero no de pisos, ni tampoco la Constitución Nacional, que habla expresamente del respeto a las minorías. Le pedimos al Poder Judicial de la provincia que tenga en cuenta el enorme papelón que le está haciendo pasar el Tribunal Electoral frente a los poderes judiciales de las otras provincias: en Santa Fe, a 28 años de reiniciada la democracia, se quieren contar los votos según un decreto de la dictadura”. Las expectativas de máxima son que los que los otros cinco ministros de la Corte Suprema –Roberto Falistocco, Eduardo Spuler, María Angélica Gastaldi, Mario Netri y Daniel Erbetta– fallen a favor de Proyecto Sur y ordenen la conformación de un nuevo Tribunal Electoral; las de mínima, que fallen en contra, lo que habilitaría el inicio de una serie de apelaciones cuyo destino final es la Corte nacional. En paralelo se abre una tercera vía: la solución política. La Cámara de Diputados tiene autonomía funcional; por lo bajo algunos legisladores que conocen a fondo el reglamento recordaron el caso de Luis Patti. El represor fue electo diputado nacional pero no pudo asumir porque la propia cámara rechazó su pliego. En la provincia, la preparatoria del próximo período será en los primeros días de diciembre. Allí los próximos diputados pueden zanjar la cuestión rechazando el pliego del séptimo diputado del PRO y reafirmando el criterio del piso menor, otro aspecto que deberá ser revisado a nivel legislativo. El consenso casi absoluto que logró el reclamo de Del Frade –la justicialista María Eugenia Bielsa y el socialista Raúl Lamberto, virtuales líderes de los próximos bloques mayoritarios, entre otros dirigentes– habilita la hipótesis de esa tercera vía.
—Me da la sensación —contestó Del Frade— de que hay ciertos nichos en el Poder Judicial de la provincia a los cuales lamentablemente no les llegó la democracia. Siempre decimos que la necesidad fundamental es democratizar la democracia. Y en el Poder Judicial eso ocurre. Hay nichos que están muy afianzados en cuestiones antiguas. El Tribunal Electoral ha basado sus fundamentos en dos decretos de dos dictaduras distintas: uno, el 9.280, por el cual la última dictadura llamó a elecciones cercenando la participación de las fuerzas minoritarias; el otro, cuando nos responden una de las recusaciones que hicimos, es un decreto de 1957, dictado durante la dictadura conocida como “la fusiladora”. Por eso pensamos que hay nichos dentro del Poder Judicial de la provincia a los cuales la democracia no les ha llegado. —De lograr su banca, ¿cuáles son los principales proyectos que presentará? —La banca ya la conseguimos por los votos de la gente. Que la Justicia lo reconozca, sería reparar un daño; eso es lo que tiene que hacer el Poder Judicial. El primer proyecto: una reforma impositiva para que paguen más quienes más tienen. No pueden estar exentas de pagar Ingresos Brutos las exportadoras como Cargill, que factura 9.000 dólares por minuto. Después, empleo estable en blanco para jóvenes de 18 a 25 años para que tengan un horizonte concreto. La idea es una ley de cupo, que un porcentaje determinado de jóvenes sean empleados por las grandes y medianas empresas de la provincia. Lo mismo para los mayores de 45 años, que nos quedamos fuera del sistema después del saqueo y la desocupación de los años 90. La reestatización del Banco Provincial. Santa Fe es una de las pocas provincias grandes que no tiene banco, una herramienta financiera propia. Después, el Ministerio de Deportes para que los pibes junto a la educación y la salud puedan ser acompañados e incluidos a través del deporte. Y que en la Legislatura se cree una comisión de lucha contra el narcotráfico. Santa Fe es la única provincia que no tiene una comisión que estudie el narcotráfico, máxime cuando se han multiplicado la cantidad de casos. —Ante la relación de fuerzas, con el Frente Progresista en el gobierno pero en minoría en las dos cámaras, ¿cuál sería su postura política? —Apoyar lo que nos parezca bien y criticar lo que nos parezca mal. Por una cuestión de principios y de razonabilidad, vamos a ayudar a la gobernabilidad. Se viene un desafío muy lindo en la política santafesina, que tiene que ver con un mayor consenso entre todos los integrantes, no sólo de los partidos que tienen representación en la Legislatura, sino todas las fuerzas políticas.
OpiniónLa banca Robada Por Julieta Haidar (*) ¿Quién es Carlos del Frade? Carlos es un muchacho que nació en Rosario, periodista, escritor, con visos de poeta e historiador. Durante sus más de 25 años de profesión se dedicó a escuchar las voces de los más postergados, de aquellos que el sistema se niega a mirar. Les dio micrófonos, se conmovió, tomó sus palabras, las repitió, las gritó. Renegado de la tradición martinfierresca, nunca “se hizo amigo del juez”. Por eso lo echaron de los grandes medios, los poderosos intentaron callarlo. Pero él no lo hizo. En el amor de sus hijas comprendió que no basta con ser un buen papá para legarles un mundo más feliz. Y avanzó. Se comprometió con la idea de que es necesario transformar la realidad desde uno de los espacios de militancia más espinosos, la política partidaria. Aceptó ser nuestro candidato. Vendiendo los libros que él mismo escribe financió su recorrido por la provincia de Santa Fe en toda su extensión. Siguió escuchando al pueblo, con la única promesa de llevar su voz y denunciar la injusticia ante todos los diputados. Nada más y nada menos. Demasiado para los garantes de la impunidad. ¿Y Rafael Gutiérrez? Sin grandes méritos profesionales Rafael Gutiérrez, el actual presidente del Tribunal Electoral de Santa Fe, llegó en el año 2000 al máximo órgano de justicia provincial, la Corte Suprema. Lo hizo impulsado por su primo hermano, el ex gobernador y actual Senador Carlos Alberto Reutemann, a quien debe obediencia y lealtad. Desde ese lugar le tocó intervenir en las causas más sensibles de la historia reciente santafesina. La represión de diciembre de 2001 que tuvo ocho muertos en la provincia y la inundación de 2003 que provocó la muerte de 145 personas, de las que solo se reconocieron oficialmente 23. En ambos casos gobernaba Reutemann. En ambos la “justicia” lo limpió de culpa y cargo. Enrolado en las filas del justicialismo, cerca de las elecciones del 24 de julio el Senador Reutemann declaró “no ser kirchnerista”, se acercó a Duhalde y al PRO. Es a ellos a quienes debe protección y para hacerlo tiene a su ladero Gutiérrez en la justicia, devenido hoy operador judicial del PRO. Todo parece cerrar. Qué mejor para los dueños del poder que librarse de un diputado molesto como Carlos del Frade y sumar a un levantamanos que encima les deberá el regalo de la banca robada. (*) Cuarta candidata de la lista de diputados provinciales de Proyecto Sur
Nota tapa publicada en Pausa #82.
