ESPECIAL 100 EDICIONES
El debate por los recursos públicos, o por qué los ricos no quieren pagar más impuestos.
Como ocurrió bajo todos los modelos económicos, siempre son los trabajadores los que terminan pagando los platos rotos. Con crisis o en crecimiento, la inflación y la presión tributaria recaen sobre los asalariados pero castigan, en particular, a los sectores medios y bajos. Las inequidades en la distribución del ingreso no son nuevas. Y si bien en la última década hubo una baja en los indicadores más significativos –desocupación, pobreza, indigencia–, la matriz económica que generó esas asimetrías sigue intacta.
Con ese diagnóstico como punto de partida, Pausa indagó sobre el federalismo fiscal, las diferentes alternativas de recaudación, las causas de la inflación –un problema estructural que excede las chicanas políticas de coyuntura y que, en los hechos, significa una transferencia constante de recursos de la clase trabajadora hacia el capital concentrado– y puso a consideración de sus lectores distintas opiniones sobre el manejo de la cosa pública, en tanto esas críticas tuvieran visos constructivos.
Aquí, un breve repaso de los principales temas macroeconómicos abordados:
= La 125.
= La reforma tributaria provincial. Tres veces intentó el ex gobernador Hermes Binner modificar el esquema impositivo y las tres se chocó con la mayoría justicialista del Senado, liderada entonces por el ex ministro de Reutemann –y de la dictadura– Juan Carlos Mercier. Se impuso el criterio que viene favoreciendo, desde entonces, a los sectores más rentables de la economía. El gobernador Antonio Bonfatti intenta una reforma moderada, pero de nuevo el Senado impuso recortes a pedido de las cámaras privadas y aún no se vislumbra cómo terminará la negociación entre todas las partes involucradas: las cámaras legislativas, las entidades productivas, el Ejecutivo y las localidades, que tienen los mismos problemas financieros que la provincia. Mercier ya no ocupa una banca en el Senado, pero en materia tributaria el PJ no termina de llegar a un acuerdo que apunte a la progresividad. Este año, probablemente, se votará un nuevo aumento generalizado que afectará mucho más a los asalariados que a los grandes capitales.
= Los subsidios. La inequidad en el reparto de recursos federales determina que en las provincias las tarifas y los servicios públicos –el caso emblemático es el transporte– sean mucho más caros que en Buenos Aires. Las autoridades locales no supieron resolver ese problema, que impacta tanto en territorios controlados por el kirchnerismo como por la oposición.
=Los ATN. Aunque cada vez representan menos en términos porcentuales –al fin y al cabo fueron creados para atender situaciones urgentes y extraordinarias–, los Aportes del Tesoro Nacional continúan siendo repartidos en forma discrecional y casi por completo entre municipios y comunas del signo político del gobierno de turno. Para ello, el gobierno central saltea a la provincia, que según la ley debería recibir la totalidad de los recursos para luego distribuir en forma equitativa entre todas las localidades.
= El Fondo Sojero. Instituido en 2008 después del conflicto entre la Nación y las patronales del agro, el Fondo Federal Solidario –o Fondo Sojero– se conforma con un porcentaje de la recaudación obtenida por las retenciones a la exportación de soja y se distribuye entre todas las provincias, a diferencia de las regalías petroleras que solo vuelven a las provincias productoras. Por ejemplo: en 2011 Santa Fe aportó alrededor de 6.700 millones de pesos pero recibió apenas 672 millones.
=La inflación. Apéndice casi necesario de todos los modelos de acumulación –en particular en tiempos de crecimiento–, se convirtió en un problema difícil de controlar para el gobierno nacional. Mediante informes y entrevistas con especialistas, concluimos que la clave son los formadores de precios, en particular en sectores de fuerte concentración como el de alimentos y bebidas.
= La autopista. Un caso ocurrido bajo la gestión de Binner que el PJ investigó y denunció ante la Justicia: la concesión directa de la autopista Santa Fe-Rosario, en 2010, a favor de la UTE Consorcio Vial –formada por las empresas Supercemento y Edeca SA– luego de la salida del anterior operador, Aufe. Fue interpretado por la oposición como un caso de corrupción que tiraría abajo el discurso de transparencia del oficialismo. Los posteriores informes del Tribunal de Cuentas, que habían alentado las denuncias del PJ, terminaron convalidando el proceso.
= El banco. Las profusas irregularidades en la venta del Banco Provincial a los hermanos Rhom (un proceso que demandó dos años, de 1996 a 1998) ya habían sido investigadas en forma oficial, pero el caso no prosperó en la Justicia. En 2010, la provincia terminó de pagar los créditos que había tomado la gestión de Jorge Obeid para sanear el banco y poder venderlo. La privatización le costó a los santafesinos 4.120 millones de pesos: más que el déficit acumulado en los cuatro primeros años del Frente Progresista.
= El gasto. Si hay un punto en el que coinciden todos los sectores de la oposición –el kirchnerismo, el reutemismo residual, el PRO, por nombrar a los que tienen representación parlamentaria– es en criticar la política de gasto del gobierno provincial. Sin tomar partido, dimos espacio a voces oficialistas que defendieron esa política –que consideran necesaria por las diversas demandas sociales insatisfechas– y también a referentes de la oposición que cuestionaron el “gasto superfluo” del Frente Progresista haciendo hincapié en la creación de estructuras nuevas y de cargos políticos.
El modelo de provincia está en debate y su financiamiento –sobre quiénes recaerá la presión tributaria– divide las aguas.
