Los vaivenes de la caja provincial

Reforma tributaria y déficit en las cuentas públicas.

Tormentoso año para la economía local: 2012 empezó con
pronósticos poco halagüeños que luego se fueron cumpliendo uno a uno. Hubo
conflictos gremiales –nueve días de paro docente en las primeras tres semanas
de clases–, una doble suba de impuestos –municipales y provinciales– y una
notoria desaceleración del crecimiento, aunque actualmente la economía se
estabilizó.

Acuciada por problemas de caja, la gestión de Antonio
Bonfatti comenzó con un pedido de autorización a la Legislatura para que
el Ejecutivo pudiera emitir letras para cancelar obligaciones en el corto
plazo. La mayoría justicialista dio el aval por un monto máximo de 556 millones
de pesos, pero el gobierno eligió no utilizar esa herramienta y se limitó a
emitir cheques a fecha para cancelar deudas con contratistas de obra pública.

El aumento salarial de marzo para los agentes estatales y
los crecientes gastos de funcionamiento se financiaron con recursos que,
inicialmente, estaban previstos para la obra pública, variable de ajuste
decidida por el ministro de Economía Ángel Sciara, quien sobre fin de año
anunció que las cuentas cerrarán en 2012 con un déficit de entre 700 y 800
millones de pesos: la mitad del rojo de 2011.

Para moderar el déficit el gobierno impulsó una reforma
tributaria que, después de cinco meses de debate, la Legislatura terminó
acompañando. Si bien el objetivo inicial era lograr mayor autonomía fiscal
–cerca del 65% de los ingresos provinciales corresponden a la coparticipación–
y mayor equidad contributiva, la reforma, como se votó, terminó más como un
aumento generalizado de impuestos que otra cosa.

Los grandes propietarios rurales sufrieron los aumentos más
fuertes; sus campos siguen lejos de la valuación real de mercado. El proyecto
original proponía un revalúo gradual, durante seis años, del 400%. El valor
fiscal de los campos, que no se modificaba desde 1974, en el año 2018 hubiese
llegado al 20% del valor de mercado; recién entonces Santa Fe se habría
equiparado con Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos. La Legislatura fijó el
tope del avalúo en un 120% por única vez. La aplicación de Ingresos Brutos a la
construcción y a la industria –antes exentas– se trasladó a los precios de
inmuebles, alquileres y manufacturas. El aumento del Inmobiliario Urbano afectó
a las cuatro categorías superiores de contribuyentes; las cuatro inferiores no
sufrieron subas.

Publicada en Pausa #108, miércoles 19 de diciembre de 2012