Veinte carpetas con registros de ingresos de niños al hogar, durante la dictadura, sobrevivieron a una antigua quema y fueron halladas y entregadas a las autoridades.
El hallazgo de archivos de la época de la dictadura por parte de las autoridades de Casa Cuna y su posterior entrega a la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, para su análisis y eventual utilización en el esclarecimiento de casos de apropiación de menores, arroja un poco de luz sobre una de las zonas más oscuras de nuestro pasado reciente: el rol de la sociedad civil durante los años de plomo.
El lunes 10, las autoridades del hogar entregaron al secretario de Derechos Humanos, Horacio Coutaz, 20 carpetas con información sobre los menores que pasaron por allí entre 1976 y 1983, que serán analizadas para determinar si pueden aportar a las diferentes investigaciones abiertas en la provincia por delitos de lesa humanidad.
Los archivos permitirán avanzar también en casos de búsqueda de identidad no relacionados con la dictadura, algo frecuente: en 2013 hubo al menos diez causas por restitución de identidad. Por ello Coutaz afirmó: “Sin querer generar falsas expectativas, pueden ser muy útiles no sólo para casos vinculados a delitos de lesa humanidad sino también para otros casos de identidad. La información puede ser de importancia, pero el análisis va a llevar un tiempo”.
La nueva comisión directiva de Casa Cuna, que asumió en febrero de 2012, confirmó lo que era un secreto a voces: los interventores designados por la dictadura quemaron buena parte de los archivos. Aún así, el reciente hallazgo de una veintena de libros y carpetas renueva la discusión en torno al papel que jugaron las llamadas “fuerzas vivas” bajo el terrorismo de Estado. El caso del ex juez de Menores Luis María Vera Candioti, próximo a llegar a juicio, es apenas un botón de muestra (ver aparte).
Asesoradas por el abogado Domingo Rondina, las autoridades de Casa Cuna entregaron el material a la Secretaría de Derechos Humanos, cuyos funcionarios “creyeron conveniente y muy valioso para el estudio de lo que ya está empezado en trámites judiciales”, según explicó la presidenta de la entidad Stella Ferreyra. El letrado indicó que hay datos de no menos de 300 menores que pasaron por el hogar durante la dictadura.
¿Qué fue lo hallado? Libros y carpetas con los datos de ingreso y egreso de una cantidad no determinada de menores (“son muchos”, admitieron) que fueron inscriptos con nombres falsos o directamente como NN. Destacaron que en muchos casos aparecen los datos de los padres y la edad de los menores durante su paso por la institución.
“Creemos que estos documentos pueden colaborar en la búsqueda de verdad y justicia por parte de las víctimas de delitos de lesa humanidad que aún hoy intentan recuperar su identidad”, señaló Stella Ferreyra. “Esperamos poder reparar, al menos en parte, el horror vivido por nuestra sociedad”.
—¿Sabían que estaban esos libros en la institución?
—No sabíamos que estaban guardados –explicó la presidenta de Casa Cuna–. Se renovó la comisión directiva (en 2012), hubo un relevamiento de los distintos lugares de la casa y se encontraron estos papeles. Asesorados por el doctor Rondina, se los brindamos a la Secretaría de Derechos Humanos para tratar de solucionar algunos problemas.
—¿Dónde estaban los libros?
—Estaban en un archivo que hace muchos años no se usaba para nada, en el edificio mismo.
El futuro de los datos
A partir del descubrimiento, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia suscribió un convenio con la asociación civil Casa Cuna por el cual la Secretaría de Derechos Humanos se hizo cargo de los libros, que pueden resultar de interés para la labor del equipo de Investigación, Apoyatura y Seguimiento de causas de lesa humanidad en relación al derecho a la identidad.
El acuerdo que se firmó el 10 de marzo en la sede de Casa Cuna deja constancia de que el material será digitalizado, resguardado y custodiado por la Secretaría de Derechos Humanos. Luego será devuelto, cuando así se lo requiera, a la asociación civil junto con una copia digitalizada de la documentación. “Con la debida protección de los datos personales, las pruebas que surjan serán aportadas a los distintos juzgados”, adelantó Coutaz.
“Como Secretaría, hemos iniciado un montón de causas y hemos aportado pruebas a otras que, por distintos motivos, no habían avanzado. Por la cantidad de información, no sé si se podrán abrir nuevas causas o aportar datos a causas ya existentes”, dijo el funcionario.
Si bien no hay causas abiertas por apropiación, “sí puede haber referencias a chicos que hayan pasado por aquí y hayan sido apropiados, o incluso que hayan sido adoptados de buena fe y hayan tenido un paso por Casa Cuna o por algún hogar similar”, explicó Coutaz. “Es material al que siempre quisimos acceder y recién ahora pudimos”, agregó el secretario de Derechos Humanos en agradecimiento a las nuevas autoridades de Casa Cuna.
En ese punto coincidió el diputado provincial Leandro Busatto, presente en el acto: “Estamos esperanzados de que podamos seguir encontrando muchos más chicos apropiados por la última dictadura genocida”, dijo y resaltó “el destacable gesto de las autoridades actuales de Casa Cuna y el inentendible gesto de las autoridades anteriores”. Según Busatto, “la comisión directiva de Casa Cuna tuvo un gesto democrático que nos invita a creer en las instituciones”.
En la red del terror
Durante la dictadura, Casa Cuna formó parte del circuito represivo por su cercanía con el centro clandestino de detención que funcionó en la Seccional 4º de Policía, el hospital Cullen –donde había una sala de presos políticos– y el Distrito Militar, sede del Destacamento de Inteligencia 122 y del Comando de Operaciones Tácticas que dirigía la represión. Todo –la vida de los detenidos y el destino de sus hijos– se resolvía en unas pocas manzanas.
Por eso el hallazgo actualiza uno de los debates que todavía no saldó la democracia: la colaboración civil con la represión y la apropiación de menores. “Está claro que el proceso no fue sólo militar sino que fue un golpe cívico, político y económico, que hubo participación de la sociedad civil en los distintos estamentos y con distintas grados de responsabilidad”, sostuvo Coutaz. Pero luego aclaró que “No es lo mismo la responsabilidad de un empleado de Casa Cuna que la de una persona que haya tenido un cargo jerárquico”.
“Está probado que en nuestro país la apropiación de niños fue parte del plan sistemático del terrorismo de Estado, que fue premeditada y que tenía que ver con un montón de circuitos bien aceitados donde los chicos pasaban por un lugar y eran entregados. Y había gente que intervenía en estas entregas. En eso, este tipo de instituciones tuvieron algo que ver. Por eso es importante esta decisión (de exhumar los archivos), porque Casa Cuna da un servicio fundamental, de excelencia, trabaja con chicos y les da contención. No tiene nada que ver con la otra Casa Cuna, que en algún momento pudo haber participado en casos de apropiación”.
Un caso testigo
Aún sin fecha de inicio, el juicio oral contra el ex juez de Menores Luis María Vera Candioti, por el delito de sustracción de identidad, marcará un nuevo mojón respecto del accionar de la Justicia durante la última dictadura, tal como ocurrió en 2009 con la condena contra el ex juez federal Víctor Hermes Brusa.
Vera Candioti fue juez de Menores durante la dictadura, se recicló en democracia, siempre en el Poder Judicial, y se jubiló como fiscal de la provincia en 2005. Está procesado en la causa que investiga la adopción irregular de Paula Cortassa, en 1977, por parte del matrimonio Guallane.
“En ese juicio hay muchas pruebas, pero puede ser que surjan nuevos datos”, sostuvo el secretario de Derechos Humanos Horacio Coutaz al ser consultado por los documentos hallados en Casa Cuna, hogar por donde pasó la menor antes de su adopción, entre febrero y abril de 1977, tras la desaparición de su padre, Enrique Cortassa, y el asesinato de su madre, Blanca Zapata, a manos de un grupo de tareas.
El procedimiento fue en una casa de Castelli al 4500. La mujer estaba embarazada y recibió un disparo en la cabeza que terminó con su vida y la del bebé que esperaba. Según las investigaciones judiciales, su hija Paula estuvo 10 días en en manos del grupo de tareas y después fue alojada en Casa Cuna hasta que la rescató –desnutrida y con un principio de turberculosis– la familia que le dio su nueva identidad: María Carolina Guallane.
Ella decidió portar esos nombres porque sus padres adoptivos le salvaron la vida. Recién en 1998 conoció su origen y su identidad. La causa incluye, entre otras pruebas, una orden del Ejército firmada por el teniente Carlos Enrique Pavón que disponía entregar tres niños a Casa Cuna, entre ellos Carolina, que ingresó como NN.
El documento firmado por Pavón informaba que el 4 de febrero de 1977 –la fecha es falsa, ya que el operativo ocurrió una semana después: el 11 de febrero– ingresaron a Casa Cuna dos nenes (Ramón, de cinco años, y Hernán Joaquín, de un año y siete meses) junto a una beba NN. Y deja constancia que habían sido tomados luego de un “operativo antisubversivo” en el norte de la ciudad. Las fechas eran falsas para evitar el rastreo de los chicos desaparecidos.
Publicada en Pausa #129, miércoles 12 de marzo de 2014
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