La provincia no cumple con una normativa pionera en el país
que impone el uso de software libre en la administración pública. Por mes, se
gastan 58 mil dólares en licencias.
que impone el uso de software libre en la administración pública. Por mes, se
gastan 58 mil dólares en licencias.
La reglamentación de la Ley N° 13.139 de Software Libre para la Administración Pública
de la Provincia
–aprobada por unanimidad en 2010– comenzó a discutirse a fines de 2014 por
iniciativa del Observatorio de Cultura Libre del Litoral, entre otros colectivos
interesados. Tras dos encuentros, el diálogo se cortó en febrero, por lo cual
desde la Asociación
Civil Tramatierra y el Observatorio de Cultura Libre se
presentó un pronto despacho al Poder Ejecutivo para exigir una respuesta
urgente. La iniciativa contó con el aval jurídico del Dr. Domingo Rondina,
quien orientó a las partes para trabajar bajo la metodología de la Elaboración Participativa
de Normas.
de la Provincia
–aprobada por unanimidad en 2010– comenzó a discutirse a fines de 2014 por
iniciativa del Observatorio de Cultura Libre del Litoral, entre otros colectivos
interesados. Tras dos encuentros, el diálogo se cortó en febrero, por lo cual
desde la Asociación
Civil Tramatierra y el Observatorio de Cultura Libre se
presentó un pronto despacho al Poder Ejecutivo para exigir una respuesta
urgente. La iniciativa contó con el aval jurídico del Dr. Domingo Rondina,
quien orientó a las partes para trabajar bajo la metodología de la Elaboración Participativa
de Normas.
Al software libre le pusieron una reja para que no termine de entrar en el ámbito público.
“Esta ley vigente es un avance significativo en términos de
derechos ciudadanos en lo que concierne a la participación ciudadana en la toma
de decisiones respecto de las tecnologías que utiliza el Estado para garantizar
la transparencia, protección de la integridad, confidencialidad, accesibilidad,
interoperabilidad, compatibilidad de la información y auditabilidad en el
procesamiento en la administración provincial y el libre acceso ciudadano a la
información pública ofrecida en formatos digitales. Es necesario protagonizar y
politizar el espacio de la administración pública, sus herramientas
tecnológicas, la organización y su política en favor de un Estado transparente,
que promueva el desarrollo local y de capacidades endógenas en el Estado para
garantizar el acceso y resguardo de la información pública, con autonomía e
independencia tecnológica, reconociendo el derecho ciudadano a conocer y
participar sobre las herramientas que usa, desarrolla y adquiere el Estado”,
argumentaron desde el Observatorio de Cultura Libre del Litoral en un minucioso
documento que analiza las implicancias y los alcances de la Ley N° 13.139.
derechos ciudadanos en lo que concierne a la participación ciudadana en la toma
de decisiones respecto de las tecnologías que utiliza el Estado para garantizar
la transparencia, protección de la integridad, confidencialidad, accesibilidad,
interoperabilidad, compatibilidad de la información y auditabilidad en el
procesamiento en la administración provincial y el libre acceso ciudadano a la
información pública ofrecida en formatos digitales. Es necesario protagonizar y
politizar el espacio de la administración pública, sus herramientas
tecnológicas, la organización y su política en favor de un Estado transparente,
que promueva el desarrollo local y de capacidades endógenas en el Estado para
garantizar el acceso y resguardo de la información pública, con autonomía e
independencia tecnológica, reconociendo el derecho ciudadano a conocer y
participar sobre las herramientas que usa, desarrolla y adquiere el Estado”,
argumentaron desde el Observatorio de Cultura Libre del Litoral en un minucioso
documento que analiza las implicancias y los alcances de la Ley N° 13.139.
En diálogo con Pausa, Martín Bayo y Martín Morales, miembros
del Observatorio, sintetizaron el recorrido hecho hasta el momento: “Pusimos el
tema en debate a mediados del año pasado. Se hizo visible y tras una carta
documento que enviamos, el Ejecutivo nos convocó. En la primera reunión,
celebrada el pasado 29 de diciembre, estuvieron presentes representantes de los
poderes Ejecutivo, Legislativo y del área informática de las empresas
descentralizadas como EPE y ASSA. Pedimos que se reglamente la ley porque no
había avances, de hecho el 8 de diciembre pasado se cumplió el primer plazo que
establecía la ley para su aplicación: en teoría no se podía usar más software
privativo en determinadas condiciones, sin embargo esa condición se infringe”.
del Observatorio, sintetizaron el recorrido hecho hasta el momento: “Pusimos el
tema en debate a mediados del año pasado. Se hizo visible y tras una carta
documento que enviamos, el Ejecutivo nos convocó. En la primera reunión,
celebrada el pasado 29 de diciembre, estuvieron presentes representantes de los
poderes Ejecutivo, Legislativo y del área informática de las empresas
descentralizadas como EPE y ASSA. Pedimos que se reglamente la ley porque no
había avances, de hecho el 8 de diciembre pasado se cumplió el primer plazo que
establecía la ley para su aplicación: en teoría no se podía usar más software
privativo en determinadas condiciones, sin embargo esa condición se infringe”.
En enero, tras una segunda reunión, se confeccionó un
borrador con la reglamentación. El Estado se comprometió a socializar los
aportes y efectuar una tercera reunión, prevista para fines de febrero, pero el
diálogo no se reanudó “dejando trunco un fuerte trabajo efectuado por los
colectivos sociales que protagonizamos este proceso, dilatando plazos e
infringiendo puntos claves de la ley de software libre, en detrimento de la
soberanía tecnológica y de derechos ciudadanos adquiridos por todos los
santafesinos a partir de su promulgación”.
borrador con la reglamentación. El Estado se comprometió a socializar los
aportes y efectuar una tercera reunión, prevista para fines de febrero, pero el
diálogo no se reanudó “dejando trunco un fuerte trabajo efectuado por los
colectivos sociales que protagonizamos este proceso, dilatando plazos e
infringiendo puntos claves de la ley de software libre, en detrimento de la
soberanía tecnológica y de derechos ciudadanos adquiridos por todos los
santafesinos a partir de su promulgación”.
Los entrevistados coincidieron en afirmar que “la ley de
software libre tiene la particularidad de establecer una política dirigida
hacia el propio Estado en cuanto a regular tanto su infraestructura
informacional como sus vínculos con la ciudadanía. Aquí se vinculan de un modo
específico cuatro elementos fundamentales: mercado, ciudadanía, sistema
educativo y Estado”.
software libre tiene la particularidad de establecer una política dirigida
hacia el propio Estado en cuanto a regular tanto su infraestructura
informacional como sus vínculos con la ciudadanía. Aquí se vinculan de un modo
específico cuatro elementos fundamentales: mercado, ciudadanía, sistema
educativo y Estado”.
—¿La ley todavía no se aplicó en ningún aspecto?
—Actualmente está usando un sistema mixto: se usa software
libre cuando es económicamente rentable, pero el Estado sigue sin adquirir
todas las capacidades que tiene el software libre. Y se puede ver en distintas
escalas: hay una cuestión de infraestructura tecnológica de base, es decir el
usuario común que usa navegadores y cosas sencillas de migrar, pero ni siquiera
se ha dado ese paso. Después hay otras capas como servidores, redes y una
cantidad de dispositivos que tendrían que migrarse al software libre. Eso no se
está cumpliendo aunque sí hay ámbitos que han avanzado por voluntad propia. Hay
intereses políticos, económicos y una voluntad política que no se está dando.
Los argumentos que dan es que no hay ofertas tecnológicas locales que puedan
cubrir esta escala provincial.
libre cuando es económicamente rentable, pero el Estado sigue sin adquirir
todas las capacidades que tiene el software libre. Y se puede ver en distintas
escalas: hay una cuestión de infraestructura tecnológica de base, es decir el
usuario común que usa navegadores y cosas sencillas de migrar, pero ni siquiera
se ha dado ese paso. Después hay otras capas como servidores, redes y una
cantidad de dispositivos que tendrían que migrarse al software libre. Eso no se
está cumpliendo aunque sí hay ámbitos que han avanzado por voluntad propia. Hay
intereses políticos, económicos y una voluntad política que no se está dando.
Los argumentos que dan es que no hay ofertas tecnológicas locales que puedan
cubrir esta escala provincial.
—¿Tienen razón?
—Relativamente. La ley promueve laboratorios de
investigación que no están creados. En cuanto a la voluntad política, la ley es
bastante amplia y conlleva ciertas estructuras para avanzar, pero ahí tampoco
se avanzó.
investigación que no están creados. En cuanto a la voluntad política, la ley es
bastante amplia y conlleva ciertas estructuras para avanzar, pero ahí tampoco
se avanzó.
La solución, en la voz del Observatorio de Cultura Libre del
Litoral, se basa en la creación de un laboratorio con personal especializado
“que vaya buscando respuestas desde el software libre, o haciendo convenios
para que lo estudien las universidades. Hay varias estructuras para poner a
funcionar y lograr una infraestructura más soberana. No estamos inventando
nada, eso dice la ley. En este caso, lo técnico no se puede separar de lo
político”.
Litoral, se basa en la creación de un laboratorio con personal especializado
“que vaya buscando respuestas desde el software libre, o haciendo convenios
para que lo estudien las universidades. Hay varias estructuras para poner a
funcionar y lograr una infraestructura más soberana. No estamos inventando
nada, eso dice la ley. En este caso, lo técnico no se puede separar de lo
político”.
Otro dato apuntado por los miembros del observatorio es que
“las tecnologías implican mucho presupuesto y una gran inversión: lo que se
paga habitualmente cuando se compra software privativo son las licencias de
uso; en cambio en el software libre en general es gratuito y tiene la misma
funcionalidad del que adquiere el Estado a grandes corporaciones. Para uno de
los sistemas informáticos más importantes de la Provincia se está
pagando $58 mil dólares por mes sólo en términos de licencia”, detallaron.
“las tecnologías implican mucho presupuesto y una gran inversión: lo que se
paga habitualmente cuando se compra software privativo son las licencias de
uso; en cambio en el software libre en general es gratuito y tiene la misma
funcionalidad del que adquiere el Estado a grandes corporaciones. Para uno de
los sistemas informáticos más importantes de la Provincia se está
pagando $58 mil dólares por mes sólo en términos de licencia”, detallaron.
Por la soberanía tecnológica
Consultados por las principales ventajas de usar software
libre, tanto Martín Bayo como Martín Morales apuntaron a la independencia
tecnológica, que va de la mano de la soberanía tecnológica. El Estado, al
adquirir software libre, puede hacer uso del mismo y modificarlo, adaptarlo a
sus necesidades y distribuirlo a distintas localidades de manera gratuita, por
ejemplo. Cuando se compra software enlatado, la administración pública se tiene
que adaptar a ese sistema, además de tener una total dependencia de la empresa
que lo desarrolló. “El espíritu de esta ley también es garantizar la privacidad
de los datos de los usuarios. Con software privativo no sabemos qué están
haciendo con nuestros datos. Hay mucha información sensible en manos del Estado
que debe ser resguardada por mucho tiempo. En manos de las corporaciones, eso
es una cosa, pero en manos del Estado como soberano de los datos sobre la
ciudadanía es otra. Ese sería el cambio de paradigma entre ambos sistemas: no
se trata de una cuestión técnica sino también política y eso también está en
juego”, afirmaron.
libre, tanto Martín Bayo como Martín Morales apuntaron a la independencia
tecnológica, que va de la mano de la soberanía tecnológica. El Estado, al
adquirir software libre, puede hacer uso del mismo y modificarlo, adaptarlo a
sus necesidades y distribuirlo a distintas localidades de manera gratuita, por
ejemplo. Cuando se compra software enlatado, la administración pública se tiene
que adaptar a ese sistema, además de tener una total dependencia de la empresa
que lo desarrolló. “El espíritu de esta ley también es garantizar la privacidad
de los datos de los usuarios. Con software privativo no sabemos qué están
haciendo con nuestros datos. Hay mucha información sensible en manos del Estado
que debe ser resguardada por mucho tiempo. En manos de las corporaciones, eso
es una cosa, pero en manos del Estado como soberano de los datos sobre la
ciudadanía es otra. Ese sería el cambio de paradigma entre ambos sistemas: no
se trata de una cuestión técnica sino también política y eso también está en
juego”, afirmaron.
“La falta de reglamentación de la ley con la puesta en
funcionamiento del laboratorio de software libre, la falta de un inventario
técnico de la infraestructura informática de la Provincia y la falta de
un plan de migración aprobado por el Poder Legislativo hará que el propio
Estado, al vencerse los plazos establecidos por la ley, empiece a incumplirla
con todo lo que ello significa en materia legal y política”, concluyeron.
funcionamiento del laboratorio de software libre, la falta de un inventario
técnico de la infraestructura informática de la Provincia y la falta de
un plan de migración aprobado por el Poder Legislativo hará que el propio
Estado, al vencerse los plazos establecidos por la ley, empiece a incumplirla
con todo lo que ello significa en materia legal y política”, concluyeron.
Publicada en Pausa #152, miércoles 22 de abril de 2015.
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