El tarifazo energético asestará un golpe de hasta 500% de aumento a los porteños, mientras que los santafesinos pagaremos entre 30 y 48% más. La comparación da cierta sensación de justicia, por las inequidades sufridas desde siempre entre las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin embargo, las disposiciones del gobierno de Macri se quedan a medio camino a la hora de reparar esas inequidades.
A poco de asumir, la administración macrista declaró la emergencia energética nacional. Días después, anunció la supresión de los subsidios a la luz. Luego, llegó la definición de los nuevos cuadros tarifarios.
Desde abril, la factura de la EPE llegará con incrementos de entre el 30 y el 48%, aplicables en el consumo realizado desde el 1° de febrero. Incrementos que se sumarán al 27% implementado en diciembre de 2015. Esto es, dentro de dos meses, los santafesinos pagaremos por la electricidad (en términos no acumulativos) un 66% promedio más que a fines de 2015. Según se informó oficialmente, “para un usuario residencial con un consumo bimestral de alrededor de 400 kilowattts por hora –el segmento mayoritario de clientes de la empresa–, la suba será del orden de los 110 pesos mensuales” o 220 pesos bimestrales.
La cifra no es menor, ni causa alivio si se tiene en cuenta que los sucesivos gobiernos del Frente Progresista se han ocupado de inflar las facturas de los servicios casi anualmente desde su llegada en 2007. Además, aún es incierto quiénes podrán acceder a la tarifa social; sólo se sabe que ésta tendrá vigencia.
No obstante, resulta reconfortante ver que los usuarios de la Capital Federal (CABA) y el conurbano bonaerense (GBA) tendrán aumentos de entre el 200 y el 500%; y no es revanchismo ni resentimiento: es que han sido históricamente beneficiados en desmedro de los ciudadanos del resto del país.
En conferencia de prensa, el ministro de Energía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren, asumió la desigualdad crónica, al decir que “en los últimos años se ha mantenido en el país un sistema tarifario injusto, en el que se discriminó a muchas provincias del interior, generando un sistema que es muy poco federal, y manteniendo tarifas muy bajas particularmente en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires”. Básicamente, dijo lo que cualquier argentino no porteño ya sabe y quiere escuchar.
Subsidios directos y disfrazados
Como explicamos con mayor detalle en una nota anterior, el mercado eléctrico tiene tres etapas: la generación, el transporte y la distribución. Hasta ahora, el Estado nacional subsidiaba a la primera de esas etapas, con montos idénticos para todas las jurisdicciones. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santa Fe, Jujuy o Tierra del Fuego obtenían igual precio de compra de energía por parte del mayorista, Cammesa, gracias a la intervención del gobierno central. Según el ministro Aranguren, desde 2003 a esta parte, esos subsidios representaron 51 mil millones de dólares desembolsados a nivel país.
En cambio, tanto la EPE como Edenor y Edesur son distribuidoras: conforman el tercer eslabón de la cadena. Por ello, en teoría, no reciben ayudas del Tesoro. Pero toda teoría tiene excepciones: las empresas de la Capital Federal vienen siendo subsidiadas de forma indirecta (vía fideicomisos u otros) para hacer las obras que necesitan, y hasta para pagar salarios. El propio Aranguren lo blanqueó: solamente en 2015, la transferencia para ellas y sus pares del sector transportista fue de 10.400 millones de pesos. Mientras tanto, nuestra provincia debe hacerse cargo de las inversiones y los costos operativos (sueldos y gastos fijos) que le provoca llevar la luz a cada uno de sus rincones.
A esto se suman dos factores. El primero, que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene una densidad poblacional que permite administrar mejor los recursos. Edenor y Edesur tienen a sus clientes concentrados en una superficie mucho menor que otras abastecedoras como la EPE, que deben tender redes en territorios harto más extensos, como lo es la bota santafesina. El segundo, que las distribuidoras de la Capital tienen sus tarifas congeladas desde hace años por orden del Ente Regulador de la Energía (ENRE). Otra intervención del Estado nacional que sólo benefició a CABA y GBA.
Justos por pecadores
Por decreto N° 134/2015, el gobierno de Macri declaró la emergencia del sector eléctrico nacional. Lo hizo, evidentemente, para toda la Argentina. Sin embargo, los argumentos para justificar la norma refieren casi únicamente a la situación de Edesur y Edenor. Entre los considerandos figuran los que siguen: que los contratos de ambas empresas no fueron completamente renegociados desde el año 2006, pese a que se ordenaba por ley (N° 25.561); “que ello ha implicado la ausencia de un esquema tarifario que brinde señales hacia un consumo eficiente y racional para los distintos segmentos y tipos de usuarios”; “que los sistemas de remuneración establecidos en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) a partir de 2003 no han dado señales económicas suficientes para hacer que los actores privados realicen las inversiones que se requieren”; “que el atraso en los niveles de inversión de infraestructura resultó en el aumento del número de interrupciones del suministro y su duración, evidenciando un paulatino y progresivo decrecimiento en la calidad del servicio”.
Sólo una escueta línea habla de las demás empresas, que no operan en CABA. “La situación de la que se da cuenta en el presente no es exclusiva de las concesionarias del ámbito de la Jurisdicción Federal”, es prácticamente lo único que puede encontrarse en el DNU. Tras ello, la gestión Macri sostiene que “habiendo evaluado la situación actual y futura del sistema eléctrico resulta necesario adoptar aquellas medidas de corto, mediano y largo plazo que permitan asegurar el adecuado suministro eléctrico a toda la población del país”.
Entre esas medidas se cuentan la quita de subsidios, instrumentada por Aranguren días después de la publicación del decreto presidencial en el boletín oficial. Lo que sucedió es que esa quita no solamente se dispuso para aquellos aportes indirectos que recibían las distribuidoras de Buenos Aires, sino también para la generación de electricidad en general. Es decir: se dejó de subsidiar la primera etapa, que compete a la totalidad de las jurisdicciones del país. Como consecuencia, la materia prima se encarece para todas las proveedoras de la Argentina.
De esta forma, en vez de establecer un modelo que otorgue ayuda a aquellos distritos que más lo necesitan y premie a los que hayan demostrado mayor eficiencia y capacidad de ahorro energético, se los equiparó sin análisis y se borró de un plumazo cualquier transferencia de dinero por parte del gobierno central. Cierto es que, como ya se ha dicho, haber suspendido los subsidios a Edenor y Edesur (fundamentalmente los indirectos) imprime algún grado de justicia distributiva. Pero también cabe preguntarse por qué el Estado no castiga a las empresas más descuidadas y favorece a las demás, en vez de hacer pagar a justos por pecadores.
En cualquier caso, lo justo hubiera sido que se implementara un esquema verdaderamente federal y coparticipativo. Pero claro: ello hubiera implicado, indiscutiblemente, sacarle los subsidios a Capital Federal –como se hizo—pero no hacerlo con otros distritos que han demostrado un mejor manejo de los aportes estatales, o que por cuestiones geográficas y económicas realmente deben recibirlos. Y ese es un costo político muy difícil de asumir. Nadie se le anima del todo a la ciudad de la furia.
