¿Será similar al de la Nación el protocolo antiprotesta de Santa Fe?

Diciembre de 2001.

Las autoridades de Seguridad del país se reunieron en Bariloche y acordaron un protocolo para reprimir la protesta social. Cada provincia ha de elaborar el propio. En Santa Fe toman distancia, pero admiten que no van renegar del pacto.

“A partir de ahora, sabrán a qué atenerse en caso de hacer lo que hicieron ayer”, patoteó la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich, en referencia a los cortes que la Tupac Amaru realizó en todo el país pidiendo por la liberación de Milagro Sala.

Bullrich estaba celebrando la firma del “Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas”, que endurece y expande las potencias represivas y la autonomía de las fuerzas de seguridad ante la protesta social. Junto a sus pares de otras provincias, el ministro de Seguridad de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, estuvo presente en Bariloche cuando se firmó el acuerdo.

Si bien se diferenció del entusiasmo de su par nacional, Patricia Bullrich, o de su colega en Buenos Aires, Cristian Ritondo, tanto Pullaro como su subordinado, el secretario de Seguridad Pública Omar Pereyra, indicaron que el protocolo en Santa Fe se mantendrá dentro de los lineamientos del protocolo nacional.

Distintos, pero…

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich amenazó abiertamente a cualquier manifestante: tras el aviso policial, “Si no se van en 5 o 10 minutos, los vamos a sacar», dijo en diálogo con radio La Red. “Las fuerzas de seguridad podrán actuar de manera inmediata”, celebró la ministra.  “No es que se van a prohibir todas las manifestaciones, no se van a prohibir las que estén programadas y se avisa de cuál es el recorrido. Lo que no se va a poder hacer más es decir mi manifestación es cortar Avenida de Mayo y 9 de Julio”, graficó la funcionaria, ubicando a quienes protestan por sus derechos en la posición del berrinche. “A quienes protesten con capuchas y palos se les van a secuestrar los elementos contundentes. Y si se niegan se los va a detener”, redundó.

El protocolo funciona como una guía para que cada provincia elabore su herramienta normativa particular, si bien todavía falta la aprobación de algunos ejecutivos. En función de la creación del protocolo local, Pullaro se diferenció, pero no tanto: “Coincidimos en términos generales que no se puede obstruir una arteria o una ruta, pero no coincidimos con que si en 5 minutos no se desaloja se manda a la fuerza de seguridad”, declaró en la radio rosarina AM 830. “Bajo ningún concepto queremos criminalizar la protesta y bajo ningún concepto queremos utilizar la fuerza. Siempre decimos que es el último, pero el último recurso”, agregó Pullaro.

Mucho más claro fue el Secretario de Seguridad Pública, Omar Pereyra. Tras aclarar que “El desalojo, el uso de la fuerza, está como última instancia, como última de la últimas instancias”, mantuvo el siguiente intercambio en Radio Eme:

– En conclusión: en Santa Fe ustedes están trabajando en un protocolo similar al que presentó ayer la ministra Bullrich

–Sí, sí. Sí o sí tiene que ser similar porque son las pautas que están establecidas y están dentro de lo que la normativa establece.

Cambiemos se viste de azul

El Centro de Estudios Legales y Sociales, en un escueto comunicado, señala al menos una serie de razones duras y críticas que muestran que hubo un cambio significativo en el modo de abordar la protesta social como derecho constitucional

“El protocolo amplía las facultades policiales para reprimir y criminalizar la protesta social. Al mismo tiempo, no prohíbe explícitamente el uso de arma de fuego en las manifestaciones, prohibición que se había logrado en 2004 y que fue volcada en la resolución 210/2011, ni el uso de balas de goma para dispersar la protesta. Tampoco impone obligaciones de uso de uniforme, ni de identificación de los policías y de los móviles

Además, limita el ejercicio del trabajo periodístico y el efecto de control sobre los operativos policiales que puede tener al restringir el lugar en el que se deben ubicar los trabajadores de prensa que cubren la protesta”.

Como se ve, las diferencias son muy significativas. No sólo discursivamente la autoridad nacional revolea las intimidaciones: la letra que regula la acción oficial muestra la marca del cambio.

 

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