Dialogamos con la diputada provincial Verónica Benas, quien fuera en 2011 una de las promotoras principales de la ley que restringía la venta de tierras a extranjeros, modificada radicalmente por un reciente decreto.
A comienzos de julio, el presidente Mauricio Macri emitió un decreto reglamentado la ley que establece los requisitos para el acceso de los extranjeros a tierras nacionales. Concretamente, Macri facilitó la extranjerización de la tierra, con el justificativo de atraer las inversiones. Incluso, el texto del decreto ofrece "recomendaciones" para la enajenación de la soberanía territorial nacional.
Al respecto, en Pausa en el Aire (miércoles de 21.00 a 22.00 por radioeme.com.ar y FM 96.3), la diputada provincial Verónica Benas relató cómo fue el proceso por el cual se llegó a la ley para proteger el patrimonio nacional: "En 2011 había muchos proyectos, alrededor de diez, presentados por distintos diputados de diversos bloques políticos, cuando llegó un mensaje del Ejecutivo con la idea de generar alguna norma respecto a restringir la venta de tierra a extranjeros. Nosotros sabemos, todos, que en los 90, en épocas del menemismo, se vendieron enorme cantidad de extensiones, y que anteriormente también había venta de tierras en la Patagonia, sin ninguna presencia del Estado como protección de los intereses de los argentinos y de la soberanía nacional. Con el mensaje del Ejecutivo, se comenzaron a trabajar algunos proyectos, particularmente el mío, porque aportaba una mirada diferente al resto, que tenía más bien una orientación a la producción agrícola. El proyecto de mi autoría estaba pensado desde la protección del ambiente, de la soberanía y de los recursos naturales, el agua y los bosques de nuestro país. Había diferencias: el proyecto del Ejecutivo planteaba un límite, la restricción al 20% de las tierras rurales, y el mío planeaba como tope el 10%. Se discutió y se llegó a un consenso, en la ley vigente, del 15% como máximo de tierras rurales en manos de extranjeros. Con el decretazo que nació el 30 de julio y que el 1° de julio se publicó en el Boletín Oficial se desfigura completamente la norma que el Congreso votó y sancionó".
"Trabajamos mucho para producir esta norma que era un paso adelante en la protección de la soberanía nacional, en la protección de nuestros recursos ambientales", señaló Benas, quien en 2011 era diputada nacional. "Que con un decreto den con tierra todo eso la verdad que me produce una desazón inmensa, la impotencia de ver cómo incumpliendo la ley se logra favorecer a los intereses de los grandes capitales extranjeros en vez de proteger a los argentinos, que muchos de ellos son expulsados de esas tierras y se quedan sin la posibilidad de cultivar o vivir. Que capitales extranjeros expulsen a los propios compatriotas de las tierras rurales me parece terrible", sentenció.
El truco del decreto
La ley sancionada en 2011 estableció el 15% como límite a toda titularidad de dominio o posesión de tierras rurales en el territorio nacional, provincial y departamental o municipal. Pero, además, los titulares extranjeros no podían adquirir más de 1.000 hectáreas cada uno, o su equivalente en la zona núcleo (definida para el norte bonaerense, sudeste de Córdoba y sur de Santa Fe). A eso se suma que una misma nacionalidad no podía superar el 30% de la propiedad y que una persona jurídica (una sociedad anónima, por ejemplo), era considerada extranjera si el 25% de sus acciones eran propiedad extranjera. El decreto que emitió el gobierno hace una modificación en ese porcentaje, elevándolo al 51%.
"El truco es el siguiente: hasta antes de este decreto se entendía que una empresa, una sociedad anónima, una persona jurídica que compraba tierras era extranjera si uno de sus miembros era extranjero y tenía el 25% de las acciones societarias o el control de las decisiones de las empresa. Ahora ese tope se eleva al 51%, por lo que para una empresa sea considerada extranjera el extranjero tiene que tener el 51% de las acciones. Si tiene el 50% de las acciones, no es considerado extranjero y no sufre ninguna restricción", explicó Benas.
Venga y quédese con nosotros
Entre otras celebridades, el magnate Joe Lewis es dueño de 12 mil hectáreas en Lago Escondido, en Río Negro, los herederos de Douglas Tompkins poseen cerca de 1.500 hectáreas en los Esteros del Iberá, Luciano Benetton tiene un millón de hectáreas en la Patagonia y Ted Turner tiene unas 5.000 hectáreas en Neuquén y Tierra del Fuego. "Tenemos conocimiento que de las 16 millones de hectáreas que están hoy en manos de extranjeros en el país, algo más del 6% de las tierras rurales del país, hay un millón cien mil hectáreas en manos de empresas offshore. Yo asocio esa información con otra que dice el decreto, que dice que se eliminan los controles de la UIF y de la AFIP", analizó Benas.
Semejante marco de liberalización se fundamenta, desde la óptica del macrismo, en la necesidad de atraer inversiones. Pero comprar tierra difícilmente pueda ser entendido como algo más que una enajenación simple: si la tierra ya producía, solamente está cambiando de manos. "Realmente discuto esa idea de la inversión, porque el que viene a comprar tierras no produce inversiones más que para su beneficio, no genera trabajo. Al contrario, muchas veces genera la destrucción del recurso, la contaminación o se apropia de recursos del subsuelo, del agua o de la riqueza de la flora y la fauna de ese espacio y no rinde ningún beneficio para el resto de la población", enumeró Benas
Finalmente, la diputada provincial lamentó el servilismo en el que incurre la normativa: "El decreto este da un montón de consejos, esto es insólito, yo nunca lo ví, de cómo burlar la ley. El mismo decreto que reglamenta la ley, tergiversando todos sus conceptos, explica a aquel interesado en comprar, que si se excede de la cantidad de mil hectáreas puede transferir a otro, o bien puede volver a comprarlas… La verdad que es un mamarracho jurídico que espero que el conjunto de las provincias plantee la cuestión ante la Justicia".
