La Constitución entra al debate

En el lanzamiento de las “Bases para la reforma” estuvieron todos los representantes de los partidos e instituciones, excepto el PRO.

El gobernador convocó al diálogo para la reforma. Los partidos acuerdan, la oposición marca cancha.

Sin plazos ni temario cerrado, el gobierno provincial lanzó formalmente la reforma de la Constitución. Primero se hizo una ronda de consultas con todos los partidos políticos que, si bien están de acuerdo en cuanto a la necesidad de actualizar el texto vigente desde 1962, no se mostraron entusiasmados en hacerlo en el corto plazo porque, según entienden, hay otras urgencias.

El gobernador Miguel Lifschitz abrió el lunes 22 el proceso de reforma con un llamado al diálogo a todos los poderes del Estado, los partidos, los sectores académicos y las organizaciones de la sociedad civil. Lifschitz no quiso hablar de plazos porque pretende que surja de un amplio consenso. Y aunque aclaró que no tiene intenciones de impulsar su propia reelección, tampoco le cerró la puerta a esa posibilidad.

La autonomía municipal, la extensión de los mandatos de las autoridades comunales de dos a cuatro años, la incorporación con rango constitucional de la Defensoría del Pueblo y del Consejo de la Magistratura, los derechos de tercera generación son algunos de los tópicos que se pondrán en debate, según establece el documento presentado por el gobierno bajo el título “Bases para la reforma: una Constitución para Santa Fe”.

El proceso requiere de un amplio consenso político. El gobierno quiere discutirlo en lo que resta del año para poder sancionar la ley que establece la necesidad de la reforma antes de las elecciones intermedias. Para ello, el Ejecutivo necesita de los dos tercios de cada cámara legislativa. Si se cumple la meta trazada por Lifschitz, se elegirían convencionales el año próximo, pero el gobernador también se mostró dispuesto a esperar hasta 2018 para llegar a esa instancia.

Lifschitz advierte que “en general” hay “voluntad positiva” de parte de la oposición, aunque admitió que en los detalles puntuales, como la reelección del gobernador, “hay diferencias de opiniones”. Para zanjar esas diferencias, convocó a un proceso de diálogo sin plazos ni temario cerrado. “Va a depender del interés que se genere en la sociedad civil y en las instituciones”, indicó.

Sobre la reelección, el primer mandatario señaló: “No va a depender de mí, sino del debate político y de las propuestas de los partidos. Quiero dejar en claro que yo, personalmente, no voy a impulsar ningún tipo de iniciativa; voy a ser muy respetuoso de los consensos que logren los partidos, en ese y en otros temas. No quiero que la posición del gobierno sea un obstáculo para que el proceso de reforma llegue a buen puerto”.

El presidente del PJ provincial, Ricardo Olivera, aclaró que para su partido la reelección del gobernador “es un tema más” para discutir y que no puede convertirse en el eje del debate. “Esta es una de las preocupaciones que están instaladas”, indicó Olivera en declaraciones a Radio EME. “Consideramos que no tiene que ser el eje de la discusión. Y si es el eje de la discusión, que no cuenten con nosotros”.

Como principal partido de la oposición, el PJ tiene la llave para habilitar el tratamiento del tema en la Legislatura. Según explicó Olivera, se trata de “un debate profundo y serio y hay que darlo con mucha responsabilidad. Si alguien está pensando que esto implica una discusión de tres o cuatro meses y que el año que viene vamos a estar eligiendo convencionales junto a la elección de legisladores nacionales, me parece que se equivoca. Nosotros estamos dispuestos a abrir la discusión, pero hay que tener en cuenta los tiempos, porque esto va a definir los destinos institucionales de la provincia por 50 años y no podemos cometer errores ni apresuramientos”.

En el lanzamiento de las “Bases para la reforma” hubo representantes de todos los partidos de la provincia a excepción del PRO. Los líderes de esa fuerza habían postulado, ante la consulta del ministro de Gobierno Pablo Farías, que para ellos la reforma de la Constitución provincial no es una prioridad, en contraste con la urgencia de “poner todo el esfuerzo en el combate contra la inseguridad y el narcotráfico”.

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